En los últimos meses, la voz de inmigrantes detenidos en los centros de ICE de Calexico y Mesa Verde en Bakersfield se levantan para denunciar que son víctimas de malos tratos por parte de los guardias y las malas condiciones en que se encuentran sus instalaciones.

Sin embargo, con represalias y confinamiento en solitario buscan silenciar cada una de estas voces, cuyas detenciones consideran fueron arbitrarias y racistas por parte de las autoridades y fuerzas del orden, simplemente por tener un color de piel y condición legal diferentes.

El testimonio de José Hernández, un joven de 32 años, desde el Centro de Detención de Mesa Verde, ilustra la existencia de casos de discriminación racial y maltrato dentro de las cárceles, afectando principalmente a quienes exigen mejoras carcelarias.

Este joven lleva detenido más de 10 meses y 130 días en huelga laboral, como una reflexión a las malas condiciones en que viven y la forma en que son tratados.

EN HUELGA 

José es un líder comunitario, que en Mesa Verde organiza e informa a sus compañeros sobre cómo presentar las quejas para denunciar la mala conducta del personal del grupo GEO, encargados de los centros de detención.

Entrevistado por la periodista Rossana Drumond de Alianza News, con sufrimiento en su tono de voz, pero con gran valor nos cuenta las condiciones en que le toca vivir desde que ingresó allí. “Me mata el maltrato de los oficiales, nos tratan sin ningún respeto, nos tratan como si no fuéramos humanos”, fueron sus primeras expresiones.

El recibir diariamente este trato hace que se sienta menos, se siente una persona abandonada y sola, cuya voz no cuenta. Para Hernández también el recibir $1 al día por trabajos forzados que realizan sin las mínimas condiciones sanitarias y el ser tratado de manera inapropiada lo hace ser víctima de racismo.

“Desde que he llegado a la detención, nos tratan de manera inadecuada, nos andan revisando, nos tocan en lugares inapropiados. Sus propias reglas dicen que no debieran estar tocando, nos hacen sentir inhumanos. Nosotros somos solamente un número para ellos”, expresó.

José recordó que en días pasados estaban recibiendo agua sucia y con mal olor para beber y bañarse, pese a que reclamaron mejores condiciones del agua, los guardias simplemente se limitaron a decirle que eso es lo que hay y tienen que consumir, que no les iban a dar agua limpia.

Otra muestra del mal trato que reciben es la alimentación que les entregan, muchas de las veces vencidas, con evidencias de estar descompuestos y mal preparados.

“Apenas ayer un compañero recibió una comida que se veía verde. Era una carne que estaba verde, completamente vencida y mala. Pese a que pagamos precios altos por ella, tenemos que pasar por estas cosas inhumanas”, refiere.

SIN CITAS MÉDICAS 

José Hernández, durante la entrevista, cuenta también que la atención médica que reciben es de baja calidad, e incluso escasa por la falta de especialistas para los ojos y pies.

“La calidad médica es muy baja; algunos compañeros tienen esperando un año para que les revisen los ojos. Yo digo que son cosas básicas, que son necesarias para poder vivir, pero no las tenemos”, narró.

Respecto a la represalias que son víctimas, Hernández se atreve a decir que no se siente seguro en este centro de detención por todas las injusticias que deben pasar por el simple hecho de ser inmigrantes, incluso hasta las quejas que presentan les responden de una manera como que no les importan y no hacen nada para corregirlas.

“Por tratar de despertar los derechos civiles, por hacer valer nuestro derecho de expresar nuestras voces, nos ponen en aislamiento. Son injusticias que realmente están sucediendo en esos lugares y que estamos sufriendo”, comentó.

Otro de los casos injustos que se presentan es el alto costo de las llamadas telefónicas, les cobran  $3 por 15 minutos de una videollamada,  70 centavos por una llamada telefónica para comunicarse con sus familiares.

APOYO LEGAL  

Por otro lado, en Alianza Metropolitan News felicitamos el respaldo y apoyo legal que reciben José y otros huelguistas por parte de la organización Pangea Legal Services, cuya coordinadora es Esperanza Cuautle Velázquez. La misión principal de la mencionada organización sin fines de lucro es proteger a las comunidades que se encuentran en los centros de detención velando por una mejora de las condiciones en que viven.

“Nosotros brindamos servicios legales en la ciudad de San Francisco. Esta organización fue fundada en el 2013 y nuestro propósito principal es abogar por la comunidad. Proveemos servicios legales directamente a las personas que se encuentran en proceso de deportación, ya sea que están detenidos por ahí o que tienen un caso, procesamos en la corte de inmigración”, comentó Esperanza Velázquez.

En Pangea, se promueve la justicia por la comunidad inmigrante a través de esfuerzos tales como promover leyes inmigratorias. También se enfocan en esfuerzos para proveer educación y empoderamiento legal a la comunidad y sepan que pese a no contar con suficientes recursos, es fácil acceder a la ayuda de un abogado.

Esperanza Velázquez comentó sobre el racismo que existe en la frontera y los procesos de migración: “Estados Unidos cierra las puertas para los latinos. Sin embargo, vemos que a los desplazados por la guerra en Ucrania se les abren las puertas completamente. Están dando la bienvenida a grupos de blancos; estamos viendo favoritismo por grupos de países que son personas blancas”, ratifica Velázquez.

En Pangea Legal Services los inmigrantes en proceso de deportación tienen vías para obtener un estatus legal a través de la representación legal que les ofrecen, se proponen alcanzar el empoderamiento de la comunidad y la promoción de políticas. 

Los interesados pueden comunicarse a través de la web https://www.ccijustice.org

Este artículo es parte del proyecto periodístico Alto al Racismo – Stop the Hate, California State Library.