El Departamento de Justicia estadounidense anunció que para resolver una demanda por discriminar a inquilinos latinos y afroamericanos, la ciudad de Hesperia (California) y el Departamento del Alguacil de San Bernardino deberán pagar casi un millón de dólares.
La demanda desafiaba un decreto aprobado por la ciudad de Hesperia que permitía a los propietarios desalojar a inquilinos basados en actividades delictivas en o cerca de la propiedad, independientemente de si las acusaciones resultaron en un arresto, cargos o condena.
Al momento de su aprobación un concejal dijo que la política de vivienda libre de delitos fue diseñada para eliminar a los delincuentes de la misma manera que «llamarías a un exterminador para matar cucarachas».
La demanda federal alegaba que el Departamento del Alguacil «ejerció su discreción sustancial» en la ejecución del decreto para marcar como objetivo a los inquilinos afroamericanos y latinos y las zonas donde vivían las minorías en Hesperia.
Una investigación realizada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. encontró que los inquilinos latinos en Hesperia tenían un 29 % más de probabilidades de ser desalojados en virtud del decreto que los inquilinos blancos.
Aunque el presunto fin del decreto era combatir «las actividades delictivas,» el Departamento del Alguacil notificó a los propietarios que comenzaran a desalojar a familias enteras, incluyendo a niños, víctimas de la violencia doméstica basándose únicamente en puras alegaciones y sin pruebas de actividades delictivas, destacó la Fiscalía en la querella legal.
El acuerdo requiere que la ciudad de Hesperia y el departamento del alguacil paguen a los inquilinos perjudicados por esta medida cerca de un millón de dólares.
El decreto estuvo en vigor entre el 1 de enero del 2016 y el 18 de julio del 2017 en Hesperia, una comunidad de unos 100.000 habitantes ubicada al noreste de Los Ángeles. (Con información de EFE)