Andrés Argüelles Álvarez, de origen mexicano, es un vendedor ambulante de hot dogs cerca de la Universidad Estatal de San Diego (California), es su manera de ganarse honradamente la vida todos los días. Sin embargo, en el mes de febrero de este año, mientras trabajaba, fue víctima de acoso por cuatro mujeres jóvenes.

Explicó que el altercado en las afueras de la referida universidad se inició porque las jóvenes le exigieron un descuento en el precio de 7 dólares de sus hot dogs. Se negó y les pidió a las mujeres que se retiraran, sin embargo ellas al darse cuenta que era un emigrante mexicano se rehusaron y empezaron a acosarlo, contaminar y tirar su comida.

Este tipo de casos, como el de Andrés, se presentan todos los días; hay miles de personas que de distintas maneras, mientras se ganan el sustento diario, son víctimas de discriminación y acoso, simplemente porque tienen otro color de piel, no saben el inglés o simplemente porque eres un migrante. Desafortunadamente, muchos de estos casos no se denuncian por temor a una represalia mayor o simplemente porque no tienen un documento de identidad que avale su status.

En su momento, la organización Alliance San Diego, a través de su gerente de políticas, Patricia Mondragón, advirtió que “los vendedores ambulantes merecen ser tratados con dignidad y tienen el derecho universalmente reconocido de operar sus negocios sin temor a la violencia, discriminación o el acoso.

LAS ESTADÍSTICAS

En Estados Unidos lamentablemente las arraigadas políticas han perjudicado de manera desproporcionada a los grupos raciales no blancos, especialmente a la comunidad negra, eso ha conducido que se cometan excesos, condujeron al encarcelamiento masivo, asesinatos y abusos por parte de la policía y de funcionarios de migración bajo el pretexto de aplicación de la ley inmigratoria, y políticas que afectan la educación, la salud y los derechos reproductivos.

La discriminación y racismo diariamente lo vemos en la aplicación de las leyes inmigratorias estadounidenses, incluida la ley penal de reingreso a EE. UU, que según determinó un juez federal esta ley había sido “promulgada con un fin discriminatorio”.

En un último informe de Human Rights Watch y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), sostiene que la familia blanca promedio en EE. UU. tiene un patrimonio ocho veces mayor que el patrimonio de la familia negra promedio, mientras que los graduados universitarios blancos perciben ganancias siete veces más comparado con el graduado de color.

Asimismo sostiene que en todo EE.UU hay casi dos millones de personas encarceladas, y la cantidad de personas negras que están en prisión triplica la cantidad de personas blancas. La tasa de encarcelamiento de mujeres negras es 1,7 veces mayor a la tasa de mujeres blancas.

En este mismo informe, Human Rights Watch y ACLU, sustentado por ambas instituciones ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, se establece que en el 2020, en EE. UU. había aproximadamente 580 mil personas sin vivienda. El 39 % eran negras.

Respecto al consumo de drogas las personas negras y blancas tienen porcentajes similares, sin embargo cuando se encarcelan por estos delitos, el número de personas de color es cinco veces mayor en comparación a las personas blancas.

Sobre la actuación policial estadounidense se refiere que se continúa matando personas indígenas, latinas y negras a tasas significativamente más altas: 350 veces mayor que para las personas blancas.

En el mismo documento, la ACLU y Human Rights Watch detallaron que las arraigadas políticas de Estados Unidos han perjudicado de manera desproporcionada a los grupos raciales no blancos, por lo que se hace urgente que las Naciones Unidas recomiende al gobierno de Estados Unidos que adopte una dedicación inquebrantable y acciones sustanciales para lograr la justicia racial que se requiere en este país.

EN LAS CÁRCELES

Los centros carcelarios son un foco importante de acoso por racismo, especialmente para quienes exigen su liberación por considerarlas arbitrarias por parte del Servicio de Control de inmigración y Aduanas (ICE).

Tal es el caso de las demandas que han presentado cinco inmigrantes contra ICE en California quienes sufrieron represalias por denunciar una serie de abusos y pedir el cierre de los centros de servicios ubicados en Bakersfield y McFarland, ciudades del Valle Central de California.

Milton Méndez, Guillermo Medina Reyes, Cruz Leandro Martínez Leiva y otros dos inmigrantes identificados con las iniciales RHM y EOAR, cansado de ser víctimas de estos maltratos, presentaron en febrero de este año, la demanda a través de ACLU contra ICE y GEO Group, empresa propietaria y operadora de los referidos centros.

Las manifestaciones de racismo contra los cinco inmigrantes demandantes fueron amenazas de represalias y confinamiento en solitario, prohibiciones de visitas por parte de sus familiares, violando el derecho de los migrantes detenidos a expresarse pacíficamente contra el maltrato y a solicitar una respuesta significativa a sus quejas.
Este tipo de casos de acoso, por discriminación y racismo, también está presente en otras cárceles, no solo por el maltrato que reciben sino por la falta de condiciones de salubridad en que viven. Aunque algunos no se atreven a denunciar públicamente por temor a ser regresados a su país, refieren que ICE y GEO, los acosan haciendo que la temperatura de los dormitorios sea “dolorosamente” fría, les niegan el acceso a los servicios religiosos y al patio del centro de detención.

Muchos inmigrantes encerrados en los centros carcelarios, especialmente aquellos que injustamente fueron llevados, tienen todo el derecho de exigir su libertad y se merecen una nueva oportunidad para prosperar en sus vidas, considerando que muchos son padres, hermanos y esposos.

Este artículo es parte del proyecto periodístico Alto al Racismo (Stop the Hate) en California y cuenta con el apoyo de California State Library.