Opiniones contrarias y reacciones divididas ha causado el fallo del juez federal Andrew Hanen, del distrito sur de Texas (EE.UU.), quien dictaminó que el beneficio migratorio del programa Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA) es ilegal.

Como se sabe el juez de Texas (EE.UU.) rechazó un recurso de la administración de Joe Biden, por registrar el plan en la ley federal con la esperanza de protegerlo ante las demandas en su contra y de favorecer así a los más de medio millón de beneficiarios del amparo migratorio.

Aunque el fallo no ordena que se tomen acciones contra más de medio millón de personas que se benefician del DACA actualmente, como deportarlas o invalidar sus permisos de trabajo, este ha causado diversas reacciones especialmente porque en su argumento en el documento expresa que siente «simpatía» por los soñadores, como se les conoce a los beneficiarios de DACA, pero tiene «problemas con la legalidad del programa».

DACA fue puesto en marcha por el Gobierno de Obama como una medida temporal, pero su sucesor en la Casa Blanca, el republicano Donald Trump (2017-2021), decidió en el primer año de su mandato ponerle fin, lo que desencadenó un efecto dominó de demandas y contrademandas en cortes que llevaron a la situación actual.

LA DEFENSA

La organización Mexican American Legal Defense and Education Fund (MALDEF), que defendió el DACA en el juicio apeló la decisión del juez Hanen según afirmó Thomas A. Sanez, presidente de MALDEF.

«Desde el principio, era claro que serían las altas cortes, incluyendo el Tribunal Supremo, quienes deberán decidir sobre la legalidad del programa», dijo

Grupos activistas han pedido al Congreso tomar acciones para dar una solución permanente a los «soñadores», asegurando que es cuestión de tiempo antes de que los tribunales decidan acabar definitivamente con el programa.

La Unión del Pueblo Entero (LUPE) representada por Karina Hernández, hizo un llamado al Congreso para que «actúe» y a la Casa Blanca para que cumpla sus promesas de ayudar a los beneficiarios de DACA, personas que llegaron al país de forma irregular siendo niños y a las que el programa protege de la deportación.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), emitió un comunicado señalando que no abandonarán la defensa del programa porque la lucha de los soñadores “no es nueva ni reciente”.

OTROS CAMINOS

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, señaló que la Casa Blanca está «profundamente decepcionada» por el fallo del juez de Texas, sin embargo aseguró que seguirán defendiendo esta importante política de los desafíos legales».

Mayorkas también aclaró que, a pesar del fallo, los beneficiarios de DACA, no serán deportados y se les seguirán renovando las solicitudes de permiso de trabajo, pese a que la decisión del juez Andrew Hanen, socava la «seguridad y estabilidad» de los migrantes.

«El Congreso no ha actuado y ahora los soñadores enfrentan un futuro incierto, esperando recibir la protección permanente que merecen», dijo Mayorkas.

Por su parte, el senador Dick Durbin, quien intentó aprobar en el Congreso una legislación para ofrecer un camino a la residencia permanente a los beneficiarios de DACA, rechazó también la decisión de Hanen y pidió a sus compañeros tomar medidas para proteger a los migrantes.

«Es hora de que el Congreso dé un paso al frente y cumplamos con nuestra responsabilidad hacia los soñadores de una vez por todas», expresó el demócrata en un comunicado.

Como se recordará en junio pasado la congresista Sylvia García, integrante demócrata de la Cámara de Representantes, encabezó un grupo bipartidista que presentó la propuesta de ley «American Dream and Promise Act», que tiene como objetivo otorgar la residencia permanente a unos 580.000 beneficiarios actuales de DACA. Tras conocerse el fallo se reunió con inmigrantes y activistas para escuchar sus peticiones. “Por favor, mantengan el espíritu, la fe y la esperanza. Vamos a seguir luchando”, dijo García,

REACCION EN MEXICO

El Gobierno de México expresó su «gran preocupación» por el fallo de un juez en Estados Unidos que declaró ilegal el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), en el que la mayoría de beneficiarios son de origen mexicano.

«La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) toma nota con gran preocupación de la decisión de la Corte Federal porque impacta a más de 580.000 personas, en su gran mayoría mexicanas», indicó la Cancillería en un pronunciamiento, a la par que defendió que «las personas beneficiarias de DACA han contribuido de manera significativa al desarrollo económico, social y cultural de Estados Unidos, y representan un vínculo invaluable» con México. (Con información de EFE)