Un total de 124 víctimas de abuso sexual, cuando eran niños, recibirán de la ciudad de Santa Mónica en el condado de Los Ángeles (California) 122,5 millones como indemnización por el abuso cometido por un exempleado de la ciudad.

El pago se realizará conforme al acuerdo aprobado por el Concejo de Santa Mónica por los supuestos abusos cometidos por Eric Uller, cuando era voluntario de la Liga de Actividades Policiales de la ciudad.

En total, Santa Mónica ha pagado casi 230 millones de dólares para resolver los reclamos legales presentados por las supuestas acciones de Uller, quien se suicidó en 2018 luego de ser acusado de varios de los abusos.

La suma se convierte en la más alta pagada por una ciudad en California por los abusos atribuidos a un solo trabajador.

Uller trabajaba para la ciudad como analista de sistemas cuando fue arrestado en 2018 por acusaciones de abuso sexual a niños cometidos supuestamente desde finales de la década de los 80; conforme a los documentos judiciales el ex trabajador a menudo se aprovechaba de niños vulnerables cuyos padres eran inmigrantes indocumentados.

Las investigaciones penales y las demandas civiles han revelado numerosas advertencias sobre los supuestos crímenes de Uller durante muchos años que la ciudad ignoró.

El abogado Brian Claypool, que representó a un grupo de los demandantes, dijo que Uller preparaba a niños pequeños, a menudo dándoles comida, dinero o regalos, y algunas veces llevándolos a eventos deportivos.

Claypool explicó que los funcionarios de la ciudad estaban al tanto del comportamiento de Uller desde comienzos de los 90, pero no se hizo nada.

El alcalde de Santa Mónica, Gleam Davis, dijo en un comunicado que “el acuerdo es el mejor esfuerzo de la ciudad para abordar el sufrimiento de las víctimas de manera responsable, al mismo tiempo que reconoce que el daño causado a las víctimas no se puede deshacer».

Por su parte, el Administrador de la ciudad de Santa Mónica, David White, dijo que tras la acusación contra Uller “la ciudad se ha mantenido vigilante al implementar las mejores prácticas y políticas estrictas para garantizar que estos actos inconcebibles no vuelvan a ocurrir”. (Con información de EFE)