La recién promulgada ley del gobernador de Florida, Ron DeSantis sobre las medidas que dificultan el establecimiento de inmigrantes indocumentados en ese Estado fue duramente cuestionada por grupos a favor de los inmigrantes quienes la calificaron como “discriminatoria” y que “solo busca infundir miedo”.

 El proyecto de ley SB 1718, con más de 40 hojas, que entrará en vigencia a partir del 1 de julio,  incluye drásticas medidas contra los inmigrantes en situación irregular, como el no reconocer las licencias de conducir obtenidas en otros estados, condenar hasta con 15 años de cárcel a quienes transporten inmigrantes irregulares, entre otros castigos para aquellos empleadores que tengan indocumentados como trabajadores.

DeSantis, bajo el lema «Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden», dijo que la ley que firmó es en respuesta a lo que describió como «problema masivo en la frontera con México».

Resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de «combatir los efectos de la política» de Biden. Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.

El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, (sistema virtual para el registro de trabajadores) ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.

La norma establece también que transportar personas a Florida sin permiso migratorio es un delito punible con hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.

EN CONTRA: LEY ANTIINMIGRANTE

Esta nueva ley fue duramente criticada por diversas organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes calificándola como «discriminatorias y potencialmente inconstitucionales», cuyo «único propósito es infundir miedo en las comunidades de inmigrantes» de Florida.

Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida, dijo «Florida está penalizando a los inmigrantes por tener la mala suerte de nacer en países que están en crisis y tener el coraje de buscar la paz y la prosperidad aquí. ¿Ha pensado el gobernador en lo que todo esto realmente le hará a las familias que solo intentan salir adelante?».

Mariana Blanco, del Centro Maya-Guatemalteco, señaló que la mayor preocupación es «el temor que se le va a infundir a la población indocumentada a la hora de buscar y recibir servicios». El gobernador «no debería jugar con la gente por su propia agenda política. Son personas. Esta es su mano de obra» y debería protegerla, agregó.

Samuel Vilchez, director en Florida de la American Business Inmigration Coalition, aseguró que los inmigrantes tienen mucho que dar a Florida y a la nación, “solamente tiene que darnos la oportunidad”, afirmó.

«Nos están botando del estado», dijo Adelys Ferro, directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus durante una rueda de prensa en los exteriores de la Torre de la Libertad de Miami, emblemático punto de encuentro de la comunidad cubanoestadounidense del sur de Florida.

Ferro señaló que son más de 775.000 indocumentados los que se ven afectados por la norma SB 1718, al imponer el uso de un sistema de verificación del estatus migratorio de los empleados para empresas con más de 25 trabajadores.

«Si el propósito es eliminar la agricultura de Florida, lo están logrando», declaró Claudia González, coordinadora en la Asociación Campesina de Florida (FWAF, por sus siglas en inglés), que congrega a unos 20.000 miembros.

La activista señaló que muchos trabajadores del campo afincados en Florida están pensando en mudarse a otros estados o volver a sus países de origen, mientras que algunos temporeros ahora ya no quieren pisar el estado.

«¿Qué sería de Florida sin el turismo, si no hay quien sirva, si no hay quien produzca la comida que se ofrece en los hoteles? ¿Qué sería de Estados Unidos sin los frutos tropicales de Florida?», se cuestionó González, quien resaltó que entre los trabajadores del campo hay «familias múltiples», en las que algunos miembros no tienen sus papeles en regla. (Con información de EFE)