El magnate Elon Musk, propietario de X, recibió una advertencia por parte del presidente de la Corte Suprema de Brasil, Luís Roberto Barroso, sobre la importancia de que todas las empresas que operan en el país cumplan con las disposiciones constitucionales. Esta advertencia surge después de que Musk amenazara con no acatar las decisiones judiciales emitidas por el tribunal.
La máxima autoridad judicial del país, Barroso enfatizó que si bien las decisiones judiciales pueden ser objeto de recursos legales, nunca deben ser objeto de un incumplimiento deliberado. Esta postura, según Barroso, refleja una norma fundamental del estado de derecho que debe prevalecer en Brasil y en cualquier parte del mundo.
Aunque no mencionó directamente a Elon Musk, Barroso expresó su respaldo a su colega Alexandre de Moraes, quien el último fin de semana ordenó iniciar una investigación contra el propietario de Tesla y SpaceX por presuntos delitos de obstrucción a la justicia y manipulación criminal de su plataforma X.
La declaración de Barroso subraya la importancia del respeto a las instituciones judiciales y al estado de derecho en Brasil, así como la necesidad de que todas las partes involucradas, incluidas las empresas, acaten las decisiones judiciales en el marco de un sistema democrático y legalmente establecido.
«El Supremo actuó y continuará actuando en la protección de las instituciones, teniendo como base que cualquier empresa que opere en Brasil está sujeta a la Constitución Federal, a las leyes y a las decisiones de las autoridades brasileñas», destacó el magistrado.
La polémica tiene su origen en una serie de mensajes de Musk en los que acusó a De Moraes de imponer la censura al determinar el bloqueo de perfiles de X sin un motivo aparente.
El empresario también anticipó que, en defensa de la libertad de la expresión, desobedecería decisiones en ese sentido, incluso si ello le acarreara multas económicas o el cierre de la plataforma en el país suramericano.
La respuesta del magistrado fue incluirle en la investigación que tramita en el Supremo sobre la actuación de grupos que operan en las redes sociales para difundir desinformación, sembrar dudas sobre el proceso electoral y deslegitimar la democracia. (Con información de EFE)