Las alarmas se encendieron el pasado 12 de junio cuando un operativo conjunto del FBI, la Guardia Nacional y autoridades locales irrumpió en una vivienda en el oeste de Los Ángeles. Según denuncias, el objetivo del operativo fue Alejandro Orellana, líder comunitario y defensor de los derechos de los migrantes. La redada terminó con Orellana acusado de “conspiración para cometer un desorden civil”, cargo que podría costarle hasta cinco años en prisión.
La respuesta no se hizo esperar. El Comité de Inmigración de Silicon Valley emitió una enérgica declaración en defensa del activista, a quien calificaron como un referente fundamental en la lucha por los derechos de la comunidad mexicana, chicana y centroamericana en el sur de California.
“Alex es un miembro liderante de nuestras organizaciones de negociación y servicio. Es una organización que lucha por las necesidades de la comunidad. Protestar no es un crimen”, afirmó Uriel Magdalena, Organizador Comunitario del Comité de Inmigración de Silicon Valley.
Según la opinión de muchos, Alejandro Orellana es conocido por su papel activo en la organización y defensa de comunidades migrantes. En los últimos años, ha coordinado protestas pacíficas, asesorado a familias en riesgo de deportación y promovido campañas para frenar el avance de la criminalización de los migrantes.
Las autoridades lo acusan de “conspirar para incitar al desorden”, pero para el Comité de Inmigración de Silicon Valley, lo que Alex ha hecho es exactamente lo contrario: organizarse en defensa de los suyos ante la creciente militarización y vigilancia en barrios latinos de Los Ángeles.
Los cargos, conspiración para cometer desórdenes civiles e instigación a desórdenes civiles, conllevan una pena máxima de cinco años, según el fiscal federal Bilal “Bill” Essayli. Durante una conferencia de prensa, Essayli declaró que Orellana había sido detenido “por su apoyo a las protestas violentas en el centro de Los Ángeles”. Essayli añadió que Orellana había distribuido protectores faciales “a personas que parecen estar involucradas en actos de violencia y vandalismo”.
Por otra parte, se fijó la fecha del juicio para el activista Alejandro Orellana para el 26 de agosto.
“Alex ha sido un modelo de papel para su comunidad. No vamos a quedarnos callados mientras los defensores de nuestras familias son criminalizados”, concluye la declaración de Uriel Magdalena, Organizador Comunitario del Comité de Inmigración de Silicon Valley.

