La ciudad de San José decidió poner en pausa un cambio clave en su política de vivienda, luego de recibir varias críticas de organizaciones y defensores de la asequibilidad que advierten que la reforma podría desviar recursos de quienes más los necesitan.

El Concejo Municipal debía votar esta semana una propuesta para modificar el programa de viviendas accesibles —una herramienta que exige a los desarrolladores considerarlo como parte de sus proyectos—, pero la decisión fue retrasada hasta enero por el Comité de Reglas y Gobierno Abierto.

La medida planteada por el personal municipal cambiaría los rangos de ingreso de los beneficiarios, desplazando el foco tradicional en residentes de bajos y moderados ingresos hacia familias de ingresos medios. Para muchos defensores, esto supone un giro peligroso.

“Cualquier cambio a una herramienta que está funcionando para generar viviendas asequibles debe analizarse a fondo”, alertó Alison Cingolani, directora de SV@Home, una de las principales organizaciones de defensa de vivienda en el área. “Son decisiones que afectan la vida de miles de personas”.

Un cambio impulsado desde la alcaldía

La propuesta se originó en una directiva incluida por el alcalde Matt Mahan en su mensaje presupuestario de marzo, donde pidió reconfigurar el programa para aumentar la oferta de vivienda destinada a trabajadores de ingresos medios.

“La vivienda asequible para la fuerza laboral cumple un rol vital, y no se ha construido al ritmo necesario”, escribió Mahan en ese momento. El alcalde no estuvo disponible para comentarios.

Actualmente, los desarrolladores deben reservar el 15% de sus unidades a precios por debajo del mercado o pagar una tarifa para financiar proyectos de vivienda asequible en otros puntos de la ciudad. Este programa ha permitido la creación de 288 viviendas asequibles por año en promedio desde 2019, todas financiadas por el sector privado.

Pero con la construcción ralentizada por altos costos y condiciones financieras adversas, funcionarios municipales argumentan que permitir rentas más altas dentro de estas unidades asequibles ayudaría a que más proyectos sean viables.

¿A quién realmente beneficiará?

Bajo las reglas actuales, la mayoría de las viviendas del programa inclusionario están dirigidas a familias que ganan hasta el 80% del ingreso medio del área (AMI): aproximadamente $159,500 al año para una familia de cuatro.

La propuesta elevaría el rango hasta el 110% del AMI, permitiendo que una familia que gana hasta $214,000 califique como beneficiaria de vivienda asequible.

Los críticos señalan que esto implica apoyar a familias con ingresos altos —incluso más altos que muchos hogares del mercado regular— mientras quienes enfrentan inseguridad habitacional quedarían relegados.

Cingolani advirtió además que en algunos casos las rentas “asequibles” para ingresos medios terminan siendo más altas que las del mercado abierto. Por ejemplo, la renta máxima para un departamento de un dormitorio para alguien con 80% del AMI llega a $3,191, por encima del promedio del mercado, que ronda los $2,604.

Debate seguirá en enero

Para la concejala Rosemary Kamei, el retraso permitirá analizar cómo equilibrar metas de vivienda y realidades económicas.
“Nos dará una mejor imagen de cómo balancear nuestras metas de vivienda con las realidades del desarrollo”, afirmó.

El debate continuará en enero, cuando el Concejo Municipal deberá decidir si transforma un programa que ha sido una de las principales fuentes de vivienda accesible en la ciudad, o si mantiene el enfoque en quienes enfrentan mayor vulnerabilidad económica.