El sistema carcelario del condado de Santa Clara está a punto de entrar en una nueva etapa. Después de años de discusiones, cambios de planes y costos cada vez mayores, la Junta de Supervisores aprobó por unanimidad avanzar con la transformación de sus principales instalaciones penitenciarias.

La decisión contempla un ambicioso proyecto de 15 años y cerca de $3,500 millones, que busca reemplazar instalaciones deterioradas, reducir la capacidad de las cárceles y ampliar los servicios médicos y de salud mental para las personas bajo custodia.

El plan contempla ocho fases. Las primeras tres, que deberían completarse hacia 2034, representan una inversión estimada de entre $890 millones y $1,000 millones.

Uno de los cambios más importantes será reducir las camas de Main Jail North de 4,872 a 3,861. Es decir, 1,011 camas menos. Al finalizar todo el proyecto, el condado pretende eliminar otras 404 camas.

La propuesta también incluye un nuevo edificio de dos pisos y 56,000 pies cuadrados para recepción, registro y alojamiento temporal, además de nuevas instalaciones médicas y de salud conductual en Elmwood y un nuevo edificio para hombres que reemplazaría parte de las instalaciones existentes.

UNA CÁRCEL MÁS PEQUEÑA, PERO MÁS COSTOSA

El condado sostiene que no se trata de ampliar el sistema penitenciario, sino de reemplazar y modernizar instalaciones que ya no responden a las necesidades actuales.

En 2022, el costo estimado para el proyecto era de unos $390 millones. A finales de ese mismo año había aumentado a entre $689 millones y $747 millones. Ahora, solamente las primeras tres fases podrían costar hasta $1,000 millones.

Y las cinco fases restantes agregarían otros $2,500 millones.

El condado también enfrenta una enorme deuda de mantenimiento. Solo Elmwood necesita aproximadamente $274 millones durante los próximos cinco años para atender reparaciones y evitar un mayor deterioro. Main Jail requiere otros $170 millones.

La supervisora Susan Ellenberg defendió la decisión y recordó que el condado tiene la obligación legal de mantener una cárcel. Pero, según dijo, esa obligación también debe incluir condiciones humanas, atención médica y oportunidades reales de rehabilitación.

UN PLAN DE SALUD MENTAL

Una de las mayores inversiones estará destinada a la atención de personas con problemas de salud mental y conductual.

El proyecto contempla unos $392 millones para nuevas instalaciones médicas y de salud mental en Elmwood, con aproximadamente 300 camas destinadas a personas con estas necesidades.

La propuesta busca que la cárcel deje de ser solamente un lugar de confinamiento y se convierta también en un espacio donde las personas puedan recibir tratamiento y prepararse para regresar a la comunidad.

Sin embargo, especialistas advierten que construir edificios no será suficiente. Rovina Nimbalkar, directora ejecutiva de la National Alliance on Mental Illness en Santa Clara County, señaló que el verdadero desafío será contar con suficientes psiquiatras, enfermeros, terapeutas, profesionales especializados en consumo de sustancias y trabajadores de apoyo.

También planteó una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿qué ocurrirá con estas personas cuando salgan de la cárcel?

Para ella, el tratamiento debe continuar después de la liberación. De lo contrario, existe el riesgo de que las personas regresen una y otra vez al sistema penitenciario.

VECINOS DICEN: PRIMERO LA PREVENCIÓN

La decisión no fue recibida con entusiasmo por buena parte de la comunidad. Más de 50 personas participaron en el período de comentarios públicos de la reunión y casi todas pidieron a los supervisores que no avanzaran con la construcción.

Los críticos consideran que el condado debería gastar más en prevención, vivienda, salud mental comunitaria, tratamiento de adicciones y programas que eviten que las personas terminen encarceladas.

Raj Jayadev, director ejecutivo de Silicon Valley De-Bug, cuestionó especialmente que el proyecto presente algunas áreas como instalaciones de salud mental. Argumentó que, si están dentro de una cárcel, siguen formando parte de una cárcel.

Los opositores también cuestionan que el proyecto haya sido dividido en ocho fases. Consideran que dividirlo permite presentar costos menores en cada etapa, aunque en realidad se trata de un plan mucho más grande.

LOS FANTASMAS DEL PASADO

La discusión tampoco puede separarse de las tragedias ocurridas dentro de las cárceles del condado.

El presidente de la Junta de Supervisores, Otto Lee, recordó el caso de Michael Tyree, un hombre con enfermedad mental que murió en 2015 después de ser golpeado por tres agentes penitenciarios.

Los tres oficiales fueron posteriormente condenados por asesinato.

Para Lee, esa tragedia demuestra que el condado necesita mejorar seriamente la atención de las personas bajo custodia.

El condado ya había intentado tomar otro camino. En 2020, los supervisores aprobaron construir una instalación enfocada en salud mental en lugar de una nueva cárcel. Pero el proyecto fue descartado en 2021 debido a preocupaciones relacionadas con los tiempos de construcción y las obligaciones del condado bajo acuerdos federales.

Ahora los supervisores vuelven a apostar por una transformación de mayor alcance.

LA DISCUSIÓN APENAS COMIENZA

La supervisora Sylvia Arenas, quien impulsó la aprobación del plan, insistió en que el documento aprobado es un punto de partida y no un proyecto definitivo.

El condado deberá definir los detalles de las primeras fases, crear un grupo de liderazgo comunitario y continuar escuchando a residentes y personas que han estado encarceladas.

Aunque todavía se tienen algunas dudas respecto a cuánto costará operar las nuevas instalaciones, de dónde saldrá todo el dinero, cuántos empleados serán necesarios y qué programas existirán para evitar que las personas regresen a prisión.

El mensaje de los supervisores es que Santa Clara necesita cárceles seguras y modernas, pero también programas para evitar que la gente llegue a ellas.