El gobernador Gavin Newsom vetó dos proyectos de ley que habían generado fuertes debates en California. Uno buscaba ampliar la capacidad de las agencias estatales para decidir cuándo sus empleados pueden trabajar desde casa; el otro pretendía reducir una exención ambiental para determinadas instalaciones de manufactura avanzada.

Los dos vetos mantienen las políticas actuales y dejan abiertas dos discusiones que afectan directamente a miles de trabajadores y comunidades: cómo organizar el trabajo público después de la pandemia y cómo equilibrar el crecimiento industrial con la protección de los vecindarios.

TELETRABAJO: LA OFICINA VUELVE A SER LA REGLA

Newsom rechazó el Proyecto de Ley de la Asamblea 1729 (AB 1729), respaldado por sindicatos y trabajadores que buscaban mayor flexibilidad para realizar sus labores desde casa.

La propuesta no eliminaba la obligación general de regresar a las oficinas, pero habría dado mayor autoridad a cada departamento para establecer sus propias políticas de teletrabajo.

También habría obligado a las agencias a explicar por escrito por qué determinados empleados debían trabajar presencialmente y habría creado un tablero público para evaluar costos y otros beneficios de los programas de trabajo remoto.

El veto mantiene la política impulsada por Newsom que establece, como regla general, cuatro días de trabajo presencial por semana, con excepciones evaluadas caso por caso. La medida entró en vigor el 1 de julio de 2025.

Newsom argumentó que la colaboración presencial es fundamental para un lugar de trabajo productivo y eficaz y consideró que convertir el teletrabajo en una modalidad predeterminada llevaría la política estatal en una dirección que no comparte.

¿QUÉ HABRÍA CAMBIADO?

Los defensores del proyecto sostenían que permitir más teletrabajo podría reducir gastos relacionados con oficinas y estacionamientos, disminuir los desplazamientos y las emisiones contaminantes y ayudar a atraer y conservar trabajadores.

Una auditoría estatal de 2025 estimó que un mayor uso del trabajo remoto podría generar ahorros de unos $225 millones anuales.

Los sindicatos también han cuestionado una regla uniforme para todos los empleados, argumentando que las necesidades varían según el tipo de trabajo.

El Sindicato Internacional de Empleados de Servicios Local 1000, que representa a unos 100,000 trabajadores estatales, mantiene diferencias con la administración sobre salarios y teletrabajo.

Pero legisladores que se opusieron al proyecto argumentaron que el trabajo presencial puede ser necesario para determinados servicios y expresaron preocupación por los efectos del aislamiento asociado al trabajo remoto.

Con el veto, la regla general de cuatro días presenciales permanece vigente.

FÁBRICAS: CRECIMIENTO ECONÓMICO FRENTE A CONTROL AMBIENTAL

El segundo veto corresponde al Proyecto de Ley del Senado 954 (SB 954), presentado por la senadora Catherine Blakespear.

La propuesta habría reducido una exención de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) para determinadas instalaciones de manufactura avanzada.

En términos simples, algunas fábricas que actualmente pueden evitar un proceso completo de revisión ambiental habrían tenido que someterse a una evaluación cuando sus actividades pudieran representar mayores riesgos para comunidades cercanas a viviendas y escuelas.

El debate cobró fuerza después de un incidente ocurrido en GKN Aerospace, en Garden Grove, donde un problema con un tanque químico provocó órdenes de evacuación para unas 50,000 personas. Los defensores de SB 954 utilizaron ese episodio para argumentar que determinadas instalaciones necesitan mayores controles antes de comenzar sus operaciones.

Newsom sostuvo que aprobar el proyecto habría eliminado de hecho la exención para la manufactura avanzada. Según el gobernador, la legislación actual busca simultáneamente proteger a las comunidades y fortalecer una industria considerada estratégica para California.

¿QUÉ HABRÍA IMPLICADO APROBARLO?

Para sus defensores, SB 954 habría significado más controles, participación pública y protección ambiental para las comunidades próximas a determinadas instalaciones industriales.

Los grupos ambientales sostienen que el crecimiento económico y la protección de la salud pueden avanzar juntos mediante reglas específicas.

En cambio, organizaciones empresariales e industriales se opusieron al proyecto. Argumentaron que nuevas revisiones ambientales podrían retrasar proyectos, aumentar costos y dificultar la creación de empleos en sectores como energía limpia, vehículos autónomos, tecnología y dispositivos médicos.

El veto significa que la exención ambiental existente permanece vigente.

DOS DEBATES QUE CONTINÚAN

Los dos vetos tienen un elemento común: En el caso del teletrabajo, la discusión enfrenta la flexibilidad laboral y posibles ahorros con la necesidad de mantener presencia física en determinados servicios públicos.

En el caso industrial, el debate enfrenta la rapidez para desarrollar nuevas fábricas y crear empleos con la necesidad de evaluar posibles impactos ambientales.

Para la población, las decisiones tendrán consecuencias prácticas: cómo trabajan miles de empleados públicos, cuánto cuesta mantener determinadas operaciones estatales, dónde pueden instalarse nuevas industrias y qué controles deben cumplir cuando están cerca de barrios y escuelas.

Por ahora, Newsom ha decidido mantener ambas políticas. Los autores de los proyectos y sus aliados, sin embargo, pueden volver a plantear los temas en una próxima sesión legislativa.