Más desalojos causados por la crisis de la Pandemia
Por Verónica Meza
Alianza News
San Francisco.- La vivienda, las hipotecas y el aumento de desalojos son los problemas que enfrentan los inquilinos y que además se preguntan cómo van a pagar su renta y solucionar su situación. De acuerdo a estadísticas ofrecidas por la profesora de leyes Emily A. Benfer de Wake Forest University School of Law, el tsunami de desalojos de familias enteras que no pueden pagar los altos costos de la renta había afectado a 20.5 millones de casos antes del COVID-19. Asimismo, 1 de cada 4 familias o individuos recibieron ayuda financiera para afrontar los gastos del pago de la renta. Además, se han perdido cuatro millones de unidades de renta accesibles entre los años de 2010 a 2020.
Existen 7 desalojos cada minuto desde el año 2016, y la taza de desempleo representa el 4.7% a nivel nacional. Lo más triste es que 50 millones de personas que pagan rentan viven en una casa que han sido afectados por COVID-19 por haber perdido el trabajo y sus ingresos. Aproximadamente 40% de la pérdida de empleos ha ocurrido en las casas con bajos ingresos económicos.
“De 20 a 40 millones de personas van a sufrir de desalojo de vivienda a finales de septiembre, y los más afectados son la gente de color en general. Estas comunidades, no pueden pagar el teléfono, no pueden tener una computadora para apoyar a sus hijos en la educación por Internet, y mucho menos, pueden pagar la renta. Esto causa, ansiedad, estrés, y desasosiego”, comentó la profesora Benfer.
Tristemente, la Pandemia expone la gran división socio-económica que existe en la población. 75 % de latinos y afro-americanos no cuentan con los recursos para sobrevivir por tres meses para pagar la renta y la canasta básica. Y la pregunta es, ¿a dónde va toda esta gente? Sin duda, acuden a albergues para desamparados o a lugares en donde no pueden tener un distanciamiento social porque comparten un departamento de dos recámaras con tres familias o más.
El legislador Kumar Barve, de la Casa de Delegados del Estado de Maryland, comentó como él y varios legisladores han desarrollado una petición que extienda el plazo para evitar desalojos a nivel estatal. Puesto que la moratoria de ayuda por el Coronavirus se terminará a finales de agosto en este estado. El legislador Barve de una manera muy acertada, afirmó que la mayoría de los propietarios de departamentos no tienen la intención de desalojar a las personas durante la Pandemia, puesto que es más barato conservar a sus residentes que evacuarlos. En estos meses, mucha gente no está mudándose de casa, y es más difícil rentar una unidad. “Para obtener la suspensión de pago de renta, se necesita declarar y mostrar que el residente ha sido afectado por el COVID-19. Esta documentación puede ayudar a las personas para que los propietarios de unidades habitacionales los puedan apoyar” dijo el legislador Barve.
Asimismo, la Doctora Margot Kushel, Profesora de Medicina en la División General de Medicina Interna y Centro de Trauma del Hospital General Zuckerberg de San Francisco y Directora del Centro de Poblaciones Vulnerables de la Universidad de San Francisco afirmó que la población más afectada en California es la afro-americana y los latinos. “Estamos preocupados que no van a existir albergues para apoyar a tanta gente. El Estado de California ha aprobado 600 millones de dólares para adquirir propiedades y convertirlas en hoteles para ayudar a los desamparados. Desde el inicio de la Pandemia se han brindado cuartos de hotel para la gente con altos riesgos de salud de adquirir el COVID-19. En California, son dedicadas 23 unidades para familias con bajos ingresos por cada 100 residentes; y esto no es suficiente”, comentó la doctora Kushel.
Nisha Vyas, abogada experta en vivienda en The Western Center on Law and Poverty comentó que los inquilinos tienen derechos para confrontar los desalojos porque los propietarios tienen que seguir un proceso legal. Generalmente, se sigue un proceso por 45 días. Pero los afectados deben de ser notificados inmediatamente y tienen el derecho de responder para evitar el desalojo en cinco días. Desafortunadamente, la mayoría de los inquilinos no cuentan con el apoyo de un abogado. En California, las personas tienen derecho de ir a Corte, presentar el caso, y ver si su situación puede ser protegida debido a los estragos causados por el Coronavirus. Lamentablemente, los casos de desalojo, también han afectado a la población de indígenas, nativo-americanos en un 8%, pero como viven en áreas rurales, su situación está escondida.
El 1ro. de abril se creó una nueva regulación que evita los desalojos, y da hasta tres meses para pagar la renta. “Los propietarios de apartamentos no pueden llamar a la policía para desalojar a nadie, y no pueden pedir papeles de inmigración. Es ilegal”, declaró la abogada Vyas.
Como información relevante, es importante mencionar que se propuso una nueva legislatura llamada AB1436. Se pide que los dueños de viviendas no cobren renta por 15 meses debido a la situación de emergencia local y estatal, si el inquilino puede comprobar que sus ingresos o salud han sido afectados por el COVID-19. También esta propuesta protege que el crédito de las personas, no sea afectado por no poder pagar la renta a tiempo.
La legislatura protegería a los inquilinos a ser desalojados, y tener el derecho a no pagar la renta. Por otro lado, esto indicaría que los propietarios pueden esperar años por recibir el pago de su renta, lo que ocasionaría otro colapso financiero, dependiendo de cada caso local.
Alianza Metropolitan News tuvo la oportunidad de participar en la conferencia organizada por Ethnic Media Services, en donde se discutió la situación de vivienda, y el aumento de desalojos de residentes locales, en California y los Estados Unidos.
Dentro de esta conferencia de prensa, escuchamos también el testimonio de Akash Kalia, propietario del Hotel Palms en Santa Rosa, California, quién compró el hotel de sus padres, y lo convirtió en un espacio para ayudar a desamparados que necesitan de un hogar en el Condado de Sonoma. En el año 2015, con la ayuda del Estado, transformó el hotel, y brinda más de 141 unidades de vivienda. Este esfuerzo, lo convirtió en ayuda a la sociedad. También distribuyen comida, dan apoyo médico y tienen centros de arte para apoyar a la población más vulnerable. Sin duda, este proyecto puede ser el inicio de más contribuciones que se pueden dar a nivel estatal y nacional para solucionar los problemas de vivienda.
De acuerdo a la doctora Margot Kushel se necesitarían 31 billones de dólares al año para cubrir la renta de gente necesitada de apoyo financiero. Y quizá una de las soluciones radicaría en reducir los costos de renta a nivel nacional dramáticamente para evitar esta crisis por vivienda. En donde lamentablemente los niños son los más afectados, al causarles problemas familiares, sociales y educativos. Por eso, muchas familias son obligadas a vivir en habitaciones con muchas personas compartiendo el mismo baño, la misma cocina, y aumentando el riesgo de contagio de COVID-19 drásticamente.
Sin duda, la situación agravante de una vivienda segura está compaginada con las decisiones que pueda tomar el gobierno estatal y federal a favor de la población vulnerable, y la crisis de la Pandemia. La salud y la vivienda en mano de decisiones políticas.