Este de San José: Escuela Popular apelará su cierre que afecta a estudiantes y familias hispanas

Por Dulcina Solar, Alianza News

La incertidumbre y la angustia se han instalado en decenas de familias del Este de San José tras la decisión del distrito escolar de revocar el permiso de funcionamiento de Escuela Popular, una institución educativa que por décadas ha sido un pilar para la comunidad inmigrante. Más allá de un conflicto administrativo, la posible clausura representa un golpe directo a cientos de estudiantes y adultos que han encontrado en este centro una segunda oportunidad.

Fundada en 1986 como organización sin fines de lucro y convertida en escuela charter en 2001, Escuela Popular ha construido un modelo educativo que va mucho más allá de las aulas. Su enfoque combina educación bilingüe con servicios integrales que incluyen cuidado infantil, asesoría legal, acceso a alimentos, atención médica y apoyo en salud mental. Hoy, ese modelo está en riesgo de desaparecer.

“El mural de la Escuela Popular es mi historia y la de muchos”, afirma Leisar García. “Por eso me duele pensar que un lugar así pueda desaparecer”. Foto: Rossana Drumond, Alianza News

La controversia surge a partir de la decisión de la Junta Escolar del Distrito Escolar de Escuelas Secundarias del Este de San José que determinó revocar la licencia de la Escuela Popular debido a que una parte de los docentes no cuentan con las credenciales completas exigidas por la ley estatal. Según el distrito, a mediados de enero solo 15 de los 30 maestros cumplían con todos los requisitos. Sin embargo, representantes legales de la escuela aseguran que la cifra real es mucho menor y que únicamente cuatro docentes carecen de certificación completa.

A pesar de estas discrepancias, la junta escolar revocó el permiso tanto de la escuela K-12 como de su Centro de Formación y Carreras, que atiende a estudiantes mayores de 19 años. El único voto en contra fue del fideicomisario J. Manuel Herrera, quien expresó su frustración por la falta de consenso y la diferencia de datos entre ambas partes.

La directora ejecutiva de la institución, Patricia Reguerin, advirtió que el cierre tendría consecuencias devastadoras, especialmente para los estudiantes adultos que estudian inglés como segundo idioma. Aproximadamente 350 de ellos podrían quedar sin acceso a programas educativos diseñados específicamente para sus necesidades.

“Somos un centro de aprendizaje familiar”, explicó Reguerin. Explicó que su misión siempre ha sido acompañar a los estudiantes en todo su proceso, entendiendo que la educación no ocurre en el vacío, sino en medio de desafíos sociales, económicos y migratorios.

Ese enfoque integral es precisamente lo que ha convertido a Escuela Popular en un refugio para familias que no encuentran respuestas en el sistema educativo tradicional. Más del 99% de sus aproximadamente 750 estudiantes son hispanos y aprendices del idioma inglés, mientras que casi el 97% proviene de contextos socioeconómicos vulnerables.

Para muchos padres, la escuela no solo educa a sus hijos, sino que también transforma la vida de toda la familia. La dimensión humana del conflicto ha marcado profundamente a la comunidad. No se trata únicamente de credenciales docentes, sino de la pérdida de un espacio donde las familias encuentran estabilidad, apoyo y oportunidades.

Ante este escenario, Escuela Popular ha anunciado que apelará la decisión ante la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara, en un último intento por evitar el cierre. La comunidad, mientras tanto, se organiza y alza la voz en defensa de una institución que consideran esencial.

Apoyo Político

Desde el ámbito político local, también han surgido voces de respaldo. El concejal de San José, Peter Ortiz, destacó que Escuela Popular ha sido una “línea de vida” para inmigrantes y trabajadores que enfrentan barreras estructurales.

“Para muchos estudiantes, esta no es solo una opción educativa, es su único camino hacia el progreso”, afirmó durante una reunión pública.

La tensión entre el cumplimiento normativo y el impacto social ha dejado a la comunidad en una encrucijada. Por un lado, existe la necesidad de asegurar estándares educativos adecuados; por otro, la urgencia de no desmantelar un sistema de apoyo que ha demostrado ser vital para cientos de familias.

Incluso dentro de la junta escolar, la decisión generó conflicto emocional. La fideicomisaria Pattie Cortese expresó abiertamente su pesar antes de la votación, señalando que esperaba encontrar una solución conjunta que permitiera mantener la escuela abierta sin sacrificar la calidad educativa.

El caso de Escuela Popular también evidencia las limitaciones del sistema para atender a poblaciones vulnerables. Muchos de sus estudiantes son inmigrantes recientes, trabajadores de bajos ingresos o adultos que buscan retomar su educación después de años de interrupción. Para ellos, la escuela representa un entorno flexible, comprensivo y adaptado a su realidad.

El cierre no solo implica la reubicación de estudiantes, sino la ruptura de redes de apoyo construidas durante años. Servicios como el cuidado infantil, fundamentales para padres que trabajan, no son fácilmente reemplazables. Tampoco lo son los programas diseñados para quienes enfrentan barreras lingüísticas o legales.

Lo que está en juego no es solo el futuro de una escuela, sino el acceso a oportunidades para una población históricamente marginada. La resolución del caso marcará un precedente sobre cómo el sistema educativo equilibra las exigencias legales con las realidades sociales.

Para cientos de familias en el este de San José, la esperanza aún no se apaga. Pero el tiempo corre, y con él, el riesgo de perder mucho más que un aula: un espacio donde la educación se convierte en herramienta de dignidad y cambio.