Los rostros del desalojo
Por Manuel Ortiz
Ethnic Media Services
East Palo Alto.- Cientos de inquilinos en East Palo Alto que perdieron sus trabajos debido al COVID 19 y no pueden hacer sus pagos de alquiler se están uniendo para buscar ayuda del gobierno local o de organizaciones sin fines de lucro.
Laura Rubio, una madre soltera de 46 años que vive en East Palo Alto y trabaja limpiando casas, perdió gran parte de sus ingresos como resultado del COVID 19 y no ha podido pagar alquiler regularmente. Laura al temer que ella y su hija, una estudiante universitaria, pudieran ser desalojadas, ha recurrido a organizar a otras personas de su comunidad latina, que también corren el riesgo de ser desalojadas, para presionar por una asistencia para el alquiler. Ella estima que está en contacto con unas 350 familias como la suya en esta pequeña ciudad, la cual se encuentra a medio camino entre San Francisco y San José donde el 52% de los hogares son alquilados. Muchos de los inquilinos son indocumentados, y por lo tanto no califican para ninguna ayuda federal o estatal. “Intentamos pagar lo que podemos de renta, pero necesitamos más tiempo y apoyo”, dice.
Héctor, de 38 años, es padre soltero de un hijo de 16 años y una hija de 12 años. Él ha vivido en East Palo Alto durante 20 años. Debido al COVID 19 perdió su trabajo en una empresa de construcción local en el que había estado por 18 años. Se quedó sin ahorros y tampoco puede pagar el alquiler regularmente. Solicita que no se use su apellido y cuenta que si lo desalojan, no tendría otra opción que regresar a México, dejando atrás a sus dos hijos nacidos en Estados Unidos.
Karla, que tmpoco quiere que se utilice su apellido, ha visto reducidos sus ingresos a causa de la pandemia y teme ser desalojada por no pagar el alquiler con regularidad. Actualmente está en cuarentena autoimpuesta.
Rudi perdió su trabajo de construcción debido al COVID 19, no ha podido encontrar más trabajo y ha tenido que vender sus pertenencias para pagar el alquiler. Ahora se ha quedado sin dinero y teme que él y su familia sean desalojados.
El pasado abril, el Ayuntamiento de East Palo Alto asignó 100.000 dólares para la asistencia en la renta. Cabe señalar que la comunidad vecina con residentes de altos ingresos, Mountain View, destinó 500.000 dólares para el mismo fin.
De acuerdo con el San Jose Mercury News, la ciudad de EPA, “de pocos recursos financieros”, “depende de organizaciones sin fines de lucro, iglesias y compañías privadas” para asistencia adicional.
EPA duplicó el plazo para pagar el alquiler de 90 a 180 días y dio a los inquilinos 30 días para llenar una solicitud de asistencia para el alquiler.
Laura Rubio y otros defensores dicen que hay demasiadas familias a las que el gobierno no puede llegar.
Un inquilino normalmente tiene cinco días para responder a una notificación de desalojo por escrito a un tribunal local, después de lo cual se puede fijar una fecha de juicio. Si no hay respuesta a tiempo, el propietario gana automáticamente.
Según CalMatters, muchas ciudades de California han ampliado a 30 días el tiempo que un inquilino tiene para responder. No obstante, “la mecánica de cómo responder es desalentadora – cuál es el formulario, cómo llenarlo, firmarlo, imprimirlo y subirlo a un programa específico”.
La Junta de Supervisores de San Mateo votó el 22 de julio para extender una moratoria sobre los desalojos residenciales del 28 de julio al 31 de agosto.
La moratoria temporal protege a los inquilinos del desalojo si no pueden pagar el alquiler debido al COVID-19. Al final de la moratoria, los inquilinos tienen hasta 180 días para pagar el alquiler adeudado.
CBS SF informó el 22 de julio que la tasa de desempleo de San Mateo fue del 10.8 por ciento en junio, comparado con el 2.2 por ciento en junio de 2019. Según un informe del personal del condado de San Mateo, muchos residentes del condado están “excesivamente cargados por el alquiler”, y hastan hasta el 50% de sus ingresos en el alquiler.
Esta es la tercera vez que la Junta votó para extender la moratoria después de la orden ejecutiva del gobernador Newsom el 18 de marzo que permite a los condados y ciudades locales imponer sus propias prohibiciones de desalojo si así lo desean. Esa orden ejecutiva se extiende ahora hasta el 30 de septiembre.
Manuel Ortiz, un galardonado fotoperiodista que dio clases en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ahora reside en Redwood City, realiza un ensayo fotográfico para documentar las experiencias de inquilinos de East Palo Alto (EPA) mientras luchan por pagar el alquiler después de perder sus ingresos en la pandemia.