“Hay familias que deben más de 30 mil dólares de renta” como consecuencia de los estragos económicos que ha dejado la COVID-19, dijo en entrevista Ofelia Bello, directora ejecutiva de Youth United for Community Action (YUCA). La reciente ley SB91 de California podría evitar que estas personas sean desalojadas de sus viviendas. 

La SB91 contempla el uso de $2.6 mil millones de dólares, que el gobernador de California, Gavin Newsom obtuvo de fondos federales, para cubrir el 80% de las rentas atrasadas por parte de personas afectadas por la COVID-19. 

Y es que la pandemia, y los altos costos de la vivienda en el Silicon Valley, han generado una profunda crisis que afecta principalmente a las familias de bajos ingresos que viven en casas o departamentos de alquiler.  

Según el Índice de Silicon Valley 2021, publicado por el Instituto de Estudios Regionales de Joint Venture Silicon Valley, la COVID-19 profundizó las enormes desigualdades que ya existían en el Silicon Valley. 

El documento muestra que la desigualdad en el Silicon Valley creció dos veces más rápido que en el país en los últimos 10 años. Esto, según el estudio, generó que problemas como el desempleo, el hambre y la falta de vivienda se magnificaron en el contexto de la COVID-19. 

De acuerdo con Join Venture Silicon Valley, el último índice muestra que la pandemia llevó la tasa de desempleo a un 11.6 por ciento en abril pasado, la cifra más alta registrada, incluso mayor a lo visto en la Gran Recesión o la caída de las «punto.com», y los mayores afectados fueron los afrodescendientes y latinos. 

Paradójicamente, mientras la COVID-19 dejó a millones de personas endeudadas, sin empleo o con ingresos menores a los que tenían antes de la pandemia, el costo de la vivienda en zonas como condado de San Mateo se incrementó sustancialmente. 

Un informe de la Asociación de Agentes Inmobiliarios del Condado de San Mateo indica que el costo promedio de las viviendas en esta zona pasó de 1.4 millones de dólares en el 2019, a 1.7 millones de dólares a finales de 2020. Este fenómeno generó incrementos en la renta de algunas casas y apartamentos, lo que afectó severamente a familias de bajos ingresos. 

De acuerdo con Bello, la SB91 tiene ventajas en comparación con la ley anterior creada para evitar los desalojos, la AB3038. Por un lado, la SB91 “es una extensión de la AB3088, pero además agrega fondos adicionales para ayudar a la gente con la renta acumulada durante casi un año”.

“Si bien AB3088 protege a las familias de ser desalojadas, estas familias seguían acumulando miles y miles de dólares en deuda. Estamos hablando de familias de bajos ingresos que fueron sumamente afectadas por la pandemia”, dijo Bello. 

Con la nueva ley, la deuda de los inquilinos sería cubierta en un 80% y así se liberarían de la deuda. Cabe resaltar que los mismos arrendadores podrían solicitar el apoyo para cubrir la deuda de sus inquilinos.

Uno de los requisitos para obtener los beneficios de la SB91, es que enviar una solicitud en la que se explique que la persona ha sido afectada por la pandemia, así como pagar el 25% de su deuda para evitar el desalojo. No obstante, si es el propietario el que solicita el apoyo, al inquilino sí se le podría condonar el total de la deuda, y que el propietario obtendría el 80% de la deuda con la condición de que le perdone el 20% al inquilino. 

Por ende, esta ley podría ser un “todos salgan ganando”, comentó Bello. Sin embargo, explica que aun hay dudas y preocupación sobre el proceso por el que deberán pasar las personas que quieran solicitar este apoyo, “ya que muchos de los trámites son en línea e, irónicamente porque estamos en el corazón del Silicon Valley, el centro de innovación tecnológica, y aún tenemos muchas familias de bajos ingresos que no cuentan con los conocimientos ni la infraestructura necesaria para los trámites electrónicos. Hay personas que no tienen computadora en su casa”. 

Otra preocupación expresada por Bello es que la convocatoria para solicitar la SB91 abre a mediados de marzo y cierra en agosto, “este es el tiempo que se tiene para distribuir los fondos y si no se tienen que regresar”, por lo que la comunidad tiene poco tiempo para realizar los trámites. 

YUCA es una de las organizaciones más involucradas en la lucha contra los desalojos. Si bien tiene su sede en East Palo Alto y priorizan su atención a las personas de su zona, cualquier persona de otras partes del área de la bahía de San Francisco o San José pueden ponerse en contacto con la organización para que ésta los refiera con otra agrupación de su zona y puedan ayudarlos. 

El teléfono de YUCA es (650) 450 1920
Se puede obtener más información en la página de YUCA     http://youthunited.net

En el condado de Santa Clara se le puede llamar a la organización Sacred Hearth. www.sacredheartcs.org
408) 278-2160