En los últimos años, el problema de vivienda se ha acrecentado en todo el estado de California, en especial, en sus zonas céntricas o residenciales. Y es que encontrar vivienda asequible es ahora una misión imposible debido a los efectos económicos causados por la pandemia de COVID-19, aunado a ello, se encuentra el fenómeno de residentes migrantes indocumentados que no son susceptibles de encontrar en el gobierno asistencia social en materia de vivienda.

Además, crece el tema de morosidad entre los que rentan una vivienda; las personas o familias que habitan una vivienda por medio de la renta, ahora se ven imposibilitados por pagar las altas y crecientes rentas y, por tanto, se enfrentan a la siempre latente posibilidad de recibir un aviso de desalojo si no se cubre el importe que fija el arrendador del inmueble. La posibilidad de continuar pagando una renta en el contexto actual sugiere la posibilidad de que muchas personas terminen migrando de las comunidades donde las personas se sienten identificadas, lo que rompe, muchas veces, los esquemas en los estilos de vida.

Por ello, Ethnic Media Services, convocó a una sesión informativa con expertos para abordar los principales problemas a los que se enfrenta el gobierno del estado de California para solventar las apremiantes necesidades que enfrentan las familias y personas de bajos ingresos en conseguir vivienda asequible, digna y, en su caso, apoyos para los arrendatarios en conseguir, incluso, condonaciones a la renta.

Tina Rosales, de Western Center on Law & Poverty, llamó a que haya más inversión en organizaciones de la comunidad en materia de vivienda equitativa; además, señaló la importancia de tener una creciente disponibilidad en «soluciones y servicios generales para las personas en situación de calle». «Es importante, también, contar con apoyo del gobierno para obtener ayuda en el pago de alquileres», añadió.

Francisco Dueñas, director ejecutivo de Housing Now, indicó que hay, por lo menos, cerca de 730 mil viviendas atrasadas con el pago de rentas, lo que suma un total de 3 mil millones de dólares en deudas en el estado de California, con un promedio de 4 mil 400 dólares por inmueble rentado. Es alarmante, indicó que 8 de cada 10 arrendatarios atrasados con el pago de la renta perdieron su trabajo por efectos de la pandemia de COVID-19, esto de acuerdo con datos del Atlas Nacional de Equidad.

La falta de vivienda, señaló Dueñas, provoca problemas de salud emocional en el 83 por ciento de los casos; además, el 78 por ciento de los hogares que presentan problemas de vivienda han padecido COVID-19 en alguno de sus integrantes.

Sara Kimberlin, del Centro de Política y Presupuesto de California, dijo que la pandemia de COVID-19 sólo vino a sacar a luz un problema existente antes de la emergencia sanitaria; sin embargo, señala que el problema de la vivienda en California es un problema estructural. Enfatizó que la información proporcionada por Francisco Dueñas, servirá para que se pueda dar a conocer «cuáles son las soluciones gubernamentales a largo plazo» que puedan crear una diferencia que contraste a la situación actual.

Actualmente, señaló Sara Kimberlin, se encuentran «57 propuestas que podrían generar un gran cambio en materia de nuevas políticas de vivienda» en California a largo plazo que abarca, incluso, la solución a personas en situación de calle. «Dentro de esta crisis, hay grandes oportunidades que necesitan el apoyo de parte de diferentes sectores de la población».