Una nueva coalición de defensores de personas sin hogar planea emprender acciones legales contra la ciudad de Fresno dado que una nueva ley recientemente aprobada impone restricciones innecesarias a los defensores que trabajan para ayudar a las personas sin hogar que viven en campamentos.

La nueva ley, que fue aprobada el 27 de enero y escrita por los concejales de la ciudad de Fresno, Luis Chávez y Miguel Arias, dice que cualquier persona que ingrese a un área de reducción restringida sin autorización expresa de la ciudad podría ser acusada de un delito menor o recibir una multa de hasta $250.

“Tenemos muchos problemas con la nueva ley y tenemos la intención de presentar una acción legal”, dijo Anthony Prince, consejero general y organizador principal de California Homeless Union, una organización financiada por la comunidad que ayuda a las personas sin hogar.

La organización Fresno Homeless Union está dirigida por Dez Martinez, defensor de personas sin hogar desde hace mucho tiempo. El grupo dice que la nueva ordenanza limita la capacidad del público de presenciar un proceso público, restringe a los defensores que ayudan a las personas sin hogar y “sustituye” a los empleados civiles.

Prince dijo que la ordenanza de reducción es parte de una “intensificación en todo el estado” de una guerra contra las personas pobres y sin hogar.

“Esto está sucediendo en todo el estado de California”, comentó Prince. “Han decidido hacer de las personas sin hogar el chivo expiatorio de todos los problemas de la sociedad”.

Actualmente, la organización está armando su caso legal y recopilando testimonios de los demandantes.

El grupo planea buscar una orden de restricción temporal o una orden judicial para congelar la ordenanza antes de que entre en vigencia a fines de febrero.

¿La nueva regla ‘delega a empleados civiles?’

Durante la reunión del consejo de la ciudad del 27 de enero, varios defensores de las personas sin hogar hablaron en contra de la nueva ley, así como del nuevo Equipo de Respuesta de Asistencia para Personas sin Hogar, y dijeron que el enfoque es un paso hacia la criminalización de las personas sin hogar.

“(La orden de restricción) realmente debería llamarse prevención de defensa, porque eso es básicamente lo que va a hacer”, explicó la residente de Tower, Lisa Flores.

El Sindicato de Desamparados del Condado de Fresno emitió una carta fechada el 26 de enero pidiendo al concejo municipal que rechace la ordenanza, argumentando que viola varias leyes estatales y federales.

La carta, que se leyó durante la reunión del consejo, decía que “la enmienda esencialmente delega a los empleados civiles y entidades privadas para realizar lo que esencialmente serían funciones de aplicación de la ley”.

La carta también dice que limitar el acceso a la zona de reducción aumenta el riesgo de “privación arbitraria de los derechos en la constitución que protegen a los posibles testigos, documentalistas y representantes legales”.

“La ciudad simplemente no quiere testigos, medios, o simpatizantes cuando abusan de las personas sin hogar y violan sus derechos”, dijo Dez Martínez, defensor de las personas sin hogar, durante los comentarios públicos de la reunión del concejo municipal del 27 de enero.

Los líderes de la ciudad respondieron diciendo que la ley de restricción es solo una forma de documentar los procedimientos administrativos de la ciudad para las limpiezas de campamentos.

La práctica siempre ha sido “tapar” una zona de campamentos, agregó Arias en una entrevista con The Bee el miércoles. “Simplemente nunca había sido conmemorado en una ordenanza”.

La Unión de Personas sin Hogar de Fresno también ha dicho que la nueva regla no es clara sobre quién califica para estar presente durante la reducción.

“No está claro, es demasiado amplia (la nueva ley) y, por lo tanto, es constitucionalmente problemático desde esos puntos de vista”, comentó Prince.

Los defensores dicen que su presencia es esencial para ayudar a las personas sin hogar durante una limpieza, especialmente para los ancianos o las personas con discapacidades físicas que podrían necesitar más tiempo y ayuda para mover sus cosas. Además, los defensores dicen que tienen mejores relaciones y confianza con las personas sin hogar que con el equipo HART, el cual trabaja para la ciudad.

“Nosotros, como defensores, disminuimos las situaciones”, explicó Cindy Pambino de Christ Helping Hands durante la reunión del concejo municipal del 27 de enero. “Es realmente injusto y estamos siendo atacados”.

“Por favor, no sigan criminalizando a los defensores y las personas sin hogar”, dijo Robert McCloskey. “Lucharé contra esta cosa… personalmente les prometo que no me iré (de una zona de reducción), haré un escándalo. Y vamos a ir a la corte para luchar por nuestros derechos”.

Arias dijo el viernes pasado en una entrevista con The Bee que se está tomando muy en serio estas preocupaciones.

“Es por eso que personalmente fui a observar cómo expulsaban los campamentos (el equipo HART se encargó de hacer eso) del lugar, entre la calle H y la calle San Benito (a principios de esta semana)”, agregó Arias.

“Observé claramente que a los defensores se les permitió interactuar completamente con los residentes sin hogar que estaban siendo reubicados y con el personal que los estaba ayudando. Pero no observé que ninguna de sus preocupaciones se concretara”, comentó.

¿Está la ciudad ‘intimidando’ a los propietarios privados?

Prince dijo que cree que la orden recientemente aprobada por la ciudad, que reduce el plazo de eliminación de campamentos y que le da a los propietarios solamente 10 días para que desocupen el lugar antes de que entren a limpiar y envíen la factura al propietario, es en realidad un proyecto de ley para eliminar los campamentos.

“Por un lado, creo que están tratando de decir que las personas sin hogar se dedican a tirar basura ilegalmente”, explicó Prince.

Por otro lado, Prince agregó que la ordenanza está “dirigida a intimidar” a los propietarios que permiten que las personas instalen tiendas de campaña en su propiedad, lo que, agregó Prince, limita aún más la capacidad de ayudar a las personas sin hogar.

Los líderes de la ciudad no están de acuerdo.

“Esta ordenanza de reducción (de vertidos ilegales) es para que los propietarios limpien la propiedad, o la ciudad lo hará a su manera, es una respuesta directa a los residentes que presentan cientos de quejas cada mes en nuestras oficinas”, dijo Arias.

Arias reconoció que parte de la basura proviene de personas sin hogar y de proveedores de servicios para personas sin hogar que entregan alimentos en las calles, pero también dijo que la mayoría de las personas que tiran basura son personas con vivienda y pequeñas empresas, no personas sin hogar. Por ejemplo, dijo Arias, la ciudad ha visto vertidos ilegales por parte de contratistas de la construcción que hacen renovaciones pero no quieren pagar el cargo para tirar su basura en el basurero.

“Cuando comienzan estos vertederos ilegales, eso atrae a la gente a entrar y continuar con esa actividad”, comentó.

Arias también dijo que hay dos propósitos diferentes con las nuevas ordenanzas de reducción en lo que respecta a la limpieza de campamentos.

Una es recoger la basura cuando no hay nadie.

Los residentes de Fresno han sido “muy claros” en que quieren que su vecindario se limpie de “montones de basura y heces humanas”, que algunos propietarios han permitido en su propiedad, explicó Arias.

El segundo propósito es limpiar un campamento anterior después de que las personas hayan recogido sus pertenencias y se estén preparando para mudarse a un espacio de refugio disponible.

“Si alguna vez hay una carpa que aún no está llena, entonces tenemos personas que físicamente irán y verificarán que no haya nadie en la carpa”, dijo Arias.

La fase de limpieza de reducción que limita el acceso de los defensores es después de que se reubica a la persona y sus pertenencias, comentó Arias. Entrará un equipo especial para hacer limpieza de materiales peligrosos y limpiará el área de reducción con equipos pesados ​​como tractores y montacargas, agregó.

“No queremos que nadie salga lastimado”, concluyó Arias.

El año pasado, una mujer de Modesto fue asesinada por un trabajador de Caltrans durante la limpieza de un campamento.

Melissa Montalvo es reportera de The Fresno Bee y miembro de Report for America. Este artículo es parte de The California Divide, una colaboración entre redacciones que examina la desigualdad de ingresos y la supervivencia económica en California.