El proyecto  “Ley Dignidad” ha sido sustentada por la congresista republicana María Elvira Salazar. A través de la propuesta se busca establecer medidas más estrictas y sanciones más severas para la migración indocumentada. La congresista Salazar afirma que esta iniciativa, destinada a «sacar de las sombras» a los indocumentados, no representará un costo para los contribuyentes, ya que incluye vías en las cuales los migrantes deberán pagar por acceder a un estatus legal.El proyecto de ley contempla la creación del «Programa Dignidad», que brindaría a personas indocumentadas un estatus legal, autorización de trabajo y viaje por un período inicial de siete años, con la posibilidad de renovación. Para ser parte de este programa, de acuerdo con la propuesta, los inmigrantes estarían obligados a pagar $700 al gobierno cada año, acumulando un total de $5,000 durante el periodo en que pueden gozar de dicho estatus. Asimismo, se exigiría que los participantes se sometan a una verificación de antecedentes criminales y cumplan con sus obligaciones tributarias. Según los congresistas, la intención de la Ley Dignidad sería restringir el acceso actual de personas indocumentadas a servicios públicos como hospitales y escuelas, instándoles a financiar sus propios seguros médicos o educación privada mientras asumen los costos para mantener su estatus legal.La congresista Salazar enfatizó que con la Ley Dignidad, cada individuo asumiría la responsabilidad de sus obligaciones y que la amnistía actual no debe confundirse con dignidad. Además, la medida propone un programa de «redención» de cinco años como continuación del «Programa Dignidad». Aquellos que cumplan con requisitos adicionales, como servicio comunitario y el pago de 5.000 dólares adicionales, podrían acceder a la ciudadanía estadounidense. Los fondos recaudados se utilizarían para financiar programas de reeducación destinados a ciudadanos estadounidenses que sientan que han perdido empleos a manos de inmigrantes. El proyecto «Ley Dignidad» propone la creación de instalaciones denominadas «campus humanitarios» destinadas a albergar a aquellos que buscan solicitar asilo mientras se resuelve su caso por parte de un funcionario migratorio. La propuesta contempla que los migrantes permanezcan en estos centros por un máximo de 60 días, con acceso a servicios alimenticios y de salud. La iniciativa tiene como objetivo evitar que los inmigrantes «desaparezcan» en el sistema al no presentarse ante un tribunal después de ser puestos en libertad condicional, según indicaron las congresistas. Además, los inmigrantes estarían sujetos a una entrevista de miedo creíble dentro de los primeros 15 días posteriores a su llegada a Estados Unidos y después de haber recibido asesoramiento legal, según lo estipula la propuesta. CENTROS REGIONALESLa congresista Verónica Escobar, coautora del proyecto, afirmó que la reforma al sistema de asilo busca aliviar a las comunidades de responsabilidades federales, como el apoyo humanitario y la asistencia legal, con el objetivo de gestionar de manera más eficaz la frontera y preservar el asilo para aquellos que huyen de la persecución y no de la pobreza.Además, la propuesta contempla la construcción de cinco centros de procesamiento regional en América Latina para brindar servicios a migrantes económicos, como la evaluación de casos de asilo y visas de trabajo. Esta iniciativa se alinea con la estrategia anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que busca abrir inicialmente estos centros en Colombia y Guatemala.La propuesta de ley también requiere la implementación del sistema de verificación del estatus para los empleados en todas las empresas estadounidenses a través del sistema en línea E-Verify. Este sistema confirmaría si la persona es beneficiaria del programa dignidad y cuenta con un permiso de trabajo vigente. Esta disposición se relaciona con la ley firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que obliga a los empleadores privados en el estado con más de 25 trabajadores a utilizar la aplicación E-Verify.Además, la medida establece que no se destinará financiamiento para reanudar la construcción del muro fronterizo iniciado por el expresidente Donald Trump. En cambio, el dinero asignado se dirigirá a la mejora de la tecnología y equipos de vigilancia en la frontera sur. LAS NEGOCIACIONESTodo hace indicar que la Casa Blanca está al tanto del trabajo que realizan los republicanos en relación con esta medida que espera ser un «punto medio» que aborda los intereses de ambos partidos en una reforma migratoria.Los republicanos aseguran que con el “Plan Dignidad” se busca crear puentes, no muros, para abordar una reforma migratoria en 35 años y unirse para encontrar soluciones a la crisis humanitaria en Estados Unidos. DESDE EL 2021El «Plan Dignidad» fue presentado por primera vez por Salazar en 2021, pero no contaba con apoyo bipartidista y no incluía las nuevas propuestas sobre asilo y el pago para acceder a vías de estatus legal.En el 2021 los puntos de la propuesta republicana consideraban en cuanto a Seguridad fronteriza, aplicación de la ley y reforma del asilo: Autorizar financiamiento para un sistema de infraestructura fronteriza completo y mantener el control operativo de la frontera sur; Un sistema de infraestructura fronteriza impenetrable debe incluir barreras físicas mejoradas, empleando la tecnología más actualizada y asegurando nuestros puertos de entrada.En cuanto a la Protección para soñadores indicaba: Los soñadores proporcionaron un estatus legal inmediato autorizado por el Congreso y se proponen caminos hacia la legalización permanente a través del trabajo, el servicio militar o la educación superior. En un programa denominado Dignidad (10 años) se esperaba proporcionar visas de trabajo para los indocumentados que cumplen con todas las leyes federales y estatales. Esto no proporciona un estatus legal permanente, solo temporal, siempre y cuando se cumplan las condiciones, pero sin acceso a beneficios o derechos federales sujetos a verificación de recursos. Otro punto era el Programa opcional de canje (+5 años) después de completar el Programa de Dignidad de 10 años para comenzar el Programa de Redención. Los participantes pueden obtener el estatus de residente permanente. Deben aprender inglés y educación cívica estadounidense. Deben contribuir a su comunidad local ya sea a través del trabajo voluntario o mediante contribuciones al Fondo Americano de Pequeñas Empresas.