Diferentes opiniones y preocupaciones han generado en la comunidad latina la equidad y la justicia en el sistema legal y penitenciario, especialmente en relación con el encarcelamiento de personas de bajos recursos y de minorías étnicas.
Son ellos quienes se ven mayormente perjudicados al ser encarceladas por no poder pagar una fianza, afectando su capacidad para trabajar, cuidar de sus familias y mantener una vida normal. Además, el hecho de tener antecedentes penales puede afectar su capacidad para encontrar trabajo en el futuro.
En un diálogo abierto con la comunidad, la periodista Rossana Drumond de Alianza Metropolitan News y el Dr. Marco Gutiérrez analizan diversas perspectivas sobre las causas y soluciones relacionadas con las fianzas y las cárceles desde diferentes puntos de vista.
FIANZAS Y ENCARCELAMIENTO INJUSTO
El sistema judicial exhibe disparidades económicas en términos de la capacidad de las personas para solventar fianzas y evitar el encarcelamiento mientras aguardan su juicio. Esto puede traducirse en que individuos de escasos recursos permanezcan más tiempo en prisión que aquellos con mayores recursos financieros.
Algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan el sistema de fianzas, argumentando que puede conducir al encarcelamiento de personas de bajos recursos simplemente por no poder afrontar los pagos. Esta política tiene un impacto desproporcionado en individuos pertenecientes a minorías étnicas, lo cual se interpreta como manifestación de racismo en el sistema judicial.
Drumond sugiere que el sistema de fianzas podría estar más ligado a la capacidad financiera de las personas que a la verdadera amenaza que representan para la seguridad pública. Asimismo, señala que las cárceles privadas tienen una población predominantemente joven debido al mayor costo de mantener a presos de más de 50 años.
Por su parte, Marco Gutiérrez resalta la importancia de abordar estas problemáticas para asegurar la equidad en el sistema legal y penitenciario. Expresa preocupaciones respecto a la desigualdad en el sistema de fianzas y las consecuencias devastadoras que puede acarrear para aquellos que no tienen los medios para cumplir con ella, así como la discriminación a largo plazo que enfrentan las personas con antecedentes penales.
Gutiérrez destaca la injusticia de que dos individuos que cometieron el mismo crimen puedan enfrentar resultados tan dispares debido a su capacidad financiera para pagar la fianza. Esto puede conducir a que aquellos que no pueden hacer frente a la fianza pierdan sus empleos, sean separados de sus familias y enfrenten dificultades económicas significativas, mientras que aquellos con recursos pueden continuar con sus vidas cotidianas.
Una de las consecuencias de la falta de recursos económicos es que algunas personas pueden sentirse obligadas a declararse culpables incluso si no lo son, simplemente para evitar un prolongado periodo de encarcelamiento antes del juicio. Esta acción puede dejar un historial de arresto con consecuencias negativas a largo plazo en la vida de la persona, incluyendo dificultades para encontrar empleo o vivienda debido a la discriminación basada en antecedentes penales.
Se enfatiza que esta situación no solo afecta a la comunidad latina, sino a cualquier individuo que carezca de recursos financieros para afrontar una fianza. María, una ciudadana de origen mexicano, plantea que la pobreza puede llevar a una serie de situaciones que desembocan en problemas legales, incluso sin intención criminal por parte del individuo afectado.
Para Antonio, la disparidad en el sistema judicial entre aquellos que tienen acceso a recursos económicos y aquellos que no, se debe a que una persona que trabaja, ahorra y comete un error puede solventar su fianza y salir de la cárcel, mientras que una persona que no tiene trabajo ni recursos se ve obligada a permanecer en prisión. «La oportunidad debería ser para todos, independientemente de su situación económica. El racismo juega un papel importante en esta disparidad, pero todo depende de la progresión personal», comentó.
FIANZA CERO
En otro momento, la periodista Drumond abordó el tema de las fianzas en el condado de Santa Clara y otras regiones, así como la implementación de políticas de fianza cero, como la que se lleva a cabo en el condado de Los Ángeles.
Señaló que las fianzas en el condado de Santa Clara suelen oscilar entre mil y 10 mil dólares, y aquellos que pueden costear estos montos tienen la posibilidad de salir de la cárcel mientras esperan su juicio. Sin embargo, aquellos que carecen de recursos financieros recurren a préstamos de dinero con altas tasas de interés para pagar la fianza, una práctica que se ha convertido en un negocio para algunos, pero que puede resultar financieramente perjudicial para quienes buscan salir de la cárcel.
Respecto al condado de Los Ángeles, señaló que ha implementado una política de fianza cero, donde las personas no necesitan desembolsar dinero para ser liberadas mientras esperan su juicio. Aunque esta medida ha generado controversia, con opiniones divididas sobre sus beneficios y desventajas, se destaca que ofrece un alivio al permitir que las personas sean liberadas rápidamente en lugar de permanecer en la cárcel durante el proceso legal.
RACISMO EN CÁRCELES
Según investigaciones realizadas, se ha establecido que en las cárceles, las minorías étnicas como afroamericanos e hispanos están desproporcionadamente representadas en comparación con su proporción en la población general. Se ha observado que los presos de estas comunidades son particularmente afectados por las condiciones inhumanas dentro de las cárceles, lo que sugiere un sesgo racial en el sistema penitenciario. Este sesgo parece ser más evidente en las cárceles privadas, donde la población es mayormente joven y, como se sugiere, más susceptible a este tipo de injusticias.
Este recurso cuenta con el apoyo total o parcial de fondos proporcionados por el Estado de California, administrado por la California State Library en asociación con el California Department of Social Services y la California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs como parte del programa Stop the Hate . Para denunciar un incidente de odio o un delito de odio y obtener ayuda, visite CA vs Hate

