La Junta de Supervisores del condado de Santa Clara aprobaron la compra de 75 pistolas Taser para los agentes del sheriff en las cárceles, a pesar de un año de protestas de activistas de derechos civiles y grupos comunitarios. La Junta de Supervisores obtuvo 3 votos contra 1 a favor de la medida, imponiendo algunas restricciones: los agentes solo podrán disparar hasta cuatro veces, salvo en situaciones de fuerza letal, y deberán informar periódicamente sobre su uso y efectividad.

El proyecto, impulsado por el sheriff Bob Jonsen, fue presentado como una respuesta al aumento de peleas violentas en las cárceles, muchas de ellas involucrando armas improvisadas. «Sin estas herramientas, es solo cuestión de tiempo antes de que alguien muera», afirmó Jonsen.

Sin embargo, los críticos señalaron que las Tasers pueden ser mortales, especialmente en personas con problemas de salud mental, que representan una parte significativa de la población carcelaria.

La supervisora Susan Ellenberg votó en contra, mientras que Otto Lee se abstuvo, preocupado por el impacto en reclusos vulnerables. A pesar de las preocupaciones, la medida fue aprobada como un programa piloto más pequeño que la propuesta inicial.