El Alcalde de San José, Matt Mahan, anunció una revisión exhaustiva a su propuesta de política pública conocida como «Responsabilidad de Refugio», alejándose de una postura inicialmente más punitiva hacia las personas sin hogar y proponiendo un enfoque que considera las circunstancias individuales antes de recurrir al arresto.

En declaraciones a la prensa, Mahan explicó que, aunque en marzo su iniciativa contemplaba que las personas sin hogar que rechazaran refugio en tres ocasiones podrían ser arrestadas por allanamiento, ahora busca que cada caso sea evaluado individualmente por equipos especializados de extensión social.

«En algún momento, debemos reconocer que hay un pequeño subconjunto de personas en nuestras calles que no pueden o no quieren beneficiarse de lo que la ciudad puede ofrecer. En esos casos, debemos conectarlos con un tribunal de salud conductual o un centro de tratamiento», declaró el alcalde.

Un equipo para cada historia

La nueva propuesta contempla la creación de un equipo interno de siete personas bajo el Programa de Participación Mejorada (EEP), coordinado entre el Departamento de Vivienda y la organización Beautify SJ. Este grupo se encargará de interactuar directamente con personas en situación de calle, construir expedientes personalizados y determinar, con criterio profesional, cuándo es necesario involucrar a la policía.

El enfoque prioriza el seguimiento y la conexión con servicios sociales, reservando las medidas de encarcelamiento como último recurso. No obstante, quienes se nieguen repetidamente a recibir refugio podrían enfrentar cargos, no solo por allanamiento, sino también por delitos como posesión de drogas o armas de fuego, según el alcalde.

Críticas desde el poder judicial

A pesar de la intención de Mahan de canalizar a las personas arrestadas hacia el sistema judicial de salud conductual del Condado de Santa Clara, expertos han manifestado serias dudas sobre la viabilidad del plan.

El juez jubilado Richard Loftus, quien integró el Tribunal de Salud Conductual, fue categórico en su crítica: «Esta propuesta es errónea. No logrará su objetivo declarado. El sistema judicial no funciona como lo contempla esta propuesta», escribió en una carta dirigida al Ayuntamiento.

De acuerdo con Loftus, las personas arrestadas por allanamiento serían liberadas de inmediato y no calificarían para ingresar al proceso judicial que las conectaría con tratamiento.

Responsabilidad no es criminalización

A pesar de las críticas, la política recibe apoyo de sectores que enfrentan las consecuencias diarias de la crisis de indigencia.

Tamiko Rast, presidenta de la Asociación de Negocios de Japantown, compartió su propia experiencia: «Mi familia y yo hemos sido agredidos varias veces por personas sin hogar. Hemos hecho docenas de llamadas a la policía en los últimos diez años. Estas experiencias casi semanales nos han afectado profundamente, tanto emocional como económicamente», afirmó.

«Rendir cuentas no es lo mismo que criminalizar, pero sin la obligación de aceptar ayuda, algunas personas nunca la aceptarán», comentó.

Un enfoque mixto: tratamiento, no cárcel

Como parte del plan, Mahan también sugirió alternativas al encarcelamiento, como el traslado al Centro de Recuperación de Mission Street, una instalación que ofrece estancias de menos de 24 horas para desintoxicación de alcohol.

“Se espera que tengas la responsabilidad de protegerte, pero debemos dejar cierta discreción para que los equipos de divulgación y primera respuesta determinen qué implica esa situación en particular”, explicó.

Compasión y responsabilidad

La nueva dirección que plantea Mahan intenta equilibrar compasión y responsabilidad, reconociendo la complejidad humana detrás de cada persona sin hogar. Mientras algunos ven una oportunidad de intervención más eficaz, otros advierten que sin una infraestructura de apoyo sólida y un sistema judicial preparado, los cambios podrían quedarse en papel.