Estados Unidos está construyendo, silenciosamente, una infraestructura de vigilancia masiva con implicaciones profundas para la democracia y las libertades civiles. Bajo el pretexto de combatir el fraude, proteger la seguridad nacional y optimizar la coordinación entre agencias, datos personales, fiscales, médicos, biométricos e incluso genéticos están siendo recopilados, compartidos y centralizados a niveles sin precedentes.

Diversos especialistas en tecnologías y sistemas de seguridad examinaron estos acontecimientos. Durante su participación, Nicole Alvarez, del Centro para el Progreso Americano, advierte que las prácticas actuales de uso y centralización de datos federales amenazan la privacidad, la confianza pública y el equilibrio democrático, al convertir datos entregados de buena fe en herramientas de control.

La experta en privacidad, Emerald Tse, alerta sobre el uso masivo de datos personales y genéticos por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que amplía el poder del gobierno para vigilar y reprimir no solo a inmigrantes, sino a activistas y opositores políticos.

Por su parte, Sophia Cope, abogada sénior de la Electronic Frontier Foundation, advierte que las políticas actuales impactan la libertad de expresión y el derecho a la privacidad, afectando tanto a inmigrantes como a ciudadanos estadounidenses y poniendo en riesgo derechos constitucionales básicos.

A continuación, presentamos un desglose de los puntos de vista de cada una de las expositoras.

EE. UU. construye una “torre de observación digital” con datos sensibles de la población

Bajo la promesa de combatir el fraude, reforzar la seguridad y mejorar la coordinación entre agencias, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a edificar una estructura invisible, compleja y peligrosa: una red de vigilancia masiva construida a partir de los datos más sensibles de la población.

Nicole Álvarez, analista sénior de políticas tecnológicas del Centro para el Progreso Americano, lo llama “una torre de observación digital”: un sistema de supervisión gubernamental que, si no se detiene, podría vigilar no solo a inmigrantes, sino a cada persona que interactúe con el Estado.

“Estamos viendo cómo datos personales proporcionados con buena fe para propósitos específicos —pagar impuestos, solicitar beneficios, registrar servicios públicos— están siendo reutilizados para fines completamente distintos, a menudo sin el conocimiento ni el consentimiento de las personas”, explicó Álvarez durante un panel sobre la expansión de la vigilancia de inmigrantes.

Uno de los ejemplos más alarmantes es el acuerdo entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mediante el cual datos fiscales se usan para identificar y deportar inmigrantes. “Esto no solo rompe la confianza en el sistema tributario, sino que sienta un precedente para que datos originalmente protegidos sean usados como armas políticas”, advirtió.

El fenómeno, conocido como “abuso de datos secundarios”, ya afecta a otros sectores. Registros de Medicaid, diseñados para brindar atención médica, han sido utilizados para fines migratorios, convirtiendo redes de apoyo en redes de supervisión. El impacto no se limita a quienes carecen de estatus legal: “Cuando las personas sienten que su información puede ser usada en su contra de formas impredecibles, se retiran de los sistemas públicos: dejan de pagar impuestos, de buscar atención médica o de solicitar beneficios. Eso debilita el sistema entero y lo hace menos democrático”, señaló Álvarez.

El segundo desarrollo crítico es la centralización de bases de datos federales. Históricamente, la separación entre agencias servía como una protección implícita: las barreras legales y técnicas evitaban que una sola entidad pudiera acceder a todos los aspectos de la vida de una persona a la vez. “Ahora vemos un esfuerzo por consolidar datos en repositorios únicos, lo que amplía dramáticamente la capacidad del gobierno para perfilar, vigilar y tomar decisiones de alto impacto sin supervisión ni transparencia”, explicó.

El riesgo, advierte, no es teórico. Una vez creadas, estas herramientas rara vez se limitan a sus propósitos iniciales. “La historia nos demuestra que las prácticas de vigilancia empiezan con grupos políticamente vulnerables, pero se expanden rápido. Lo que se diseña para inmigración termina afectando a periodistas, activistas, votantes y ciudadanos comunes”, enfatizó.

Para Álvarez, el mensaje es claro: “No se trata solo de proteger datos. Se trata de proteger el poder, la confianza pública y el equilibrio democrático. Sin salvaguardas legales, lo que hoy se construye para vigilar a unos pocos, mañana puede vigilar a todos”.

La vigilancia digital del gobierno estadounidense pone en riesgo a inmigrantes y a la sociedad en general

Emerald Tse, asociada del Centro de Privacidad y Tecnología de la Universidad de Georgetown, advirtió sobre el crecimiento exponencial del control digital que ejerce el gobierno federal a través de agencias como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“ICE utiliza la supervisión digital para monitorear la vida de la mayoría de la gente en Estados Unidos”, explicó Tse. En investigaciones como American Dragnet, el Centro reveló cómo ICE accedió a información personal de servicios esenciales, desde contratos de agua y electricidad hasta datos del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). “La información que la gente entrega para necesidades básicas termina en manos de ICE”, señaló.

La vigilancia, sin embargo, ha ido más allá. En 2024, el Centro publicó Rating the Genome, un reporte que documenta la expansión de la recolección de ADN a miles de personas cada día, sin importar si han cometido un delito.

“El gobierno federal ha estado recogiendo ADN bajo la suposición de que la gente cometerá crímenes en el futuro. Se crean perfiles genéticos que se almacenan en bases de datos policiales federales”, explicó Tse, advirtiendo que incluso menores de edad y personas sin antecedentes han sido incluidos en estos registros.

Tse alertó que estos mecanismos de control ya no solo se utilizan con fines migratorios: “Hemos visto al gobierno detener a activistas, líderes sindicales e incluso funcionarios electos que intentaron fiscalizar abusos de poder. Estas herramientas ya se usan para la represión política”.

El gasto en tecnología de vigilancia del ICE se disparó de 700 millones de dólares a 4 mil millones anuales entre 2008 y 2021, mientras empresas privadas continúan firmando contratos multimillonarios con el gobierno para desarrollar nuevas tecnologías de control.

La experta advierte que este sistema crea miedo en la población: “Hace que la gente tenga miedo de ir a trabajar, de llevar a sus hijos a la escuela, de buscar atención médica hasta que es muy urgente, y reduce la participación en la sociedad”.

Finalmente, Tse subrayó que no existe aún una ley federal de privacidad de datos que frene estas prácticas. “Estos abusos continúan sucediendo. Hay más que se puede hacer. Necesitamos que el público se informe, participe y acuda a las urnas. Esto es muy, muy importante”, enfatizó.

Vigilancia en redes y revisiones de dispositivos: el otro rostro del control migratorio en EE. UU.

Sophia Cope, abogada sénior de la Electronic Frontier Foundation (EFF), alertó sobre dos tendencias preocupantes: la vigilancia de redes sociales para evaluar solicitudes migratorias y la inspección de dispositivos electrónicos en las fronteras.

“Desde la administración Trump, el Departamento de Estado agregó preguntas en solicitudes de visa y formularios ESTA pidiendo a los solicitantes que revelen sus cuentas de redes sociales de los últimos cinco años”, explicó Cope.

Continúo argumentando que “la intención es que oficiales consulares revisen publicaciones públicas y determinen si aprueban o no una visa. Pero esto no solo afecta a los solicitantes: también provoca que ciudadanos estadounidenses eviten expresarse por temor a perjudicar a sus seres queridos en procesos migratorios”.

La abogada subrayó que esta práctica se ha extendido y sofisticado. Hoy, el gobierno no solo revisa a quienes aplican desde el extranjero, sino que también somete a “escrutinio continuo” a personas ya dentro de EE. UU., incluidos estudiantes, trabajadores y residentes permanentes legales. “El efecto inhibidor es enorme: gente que deja de opinar sobre política, incluso ciudadanos, por miedo a que su estatus o el de un familiar sea revocado”, advirtió.

Otro frente preocupante es el de las inspecciones electrónicas. Según Cope, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) se ha otorgado a sí misma, desde 2018, autoridad para revisar teléfonos, laptops y otros dispositivos de cualquier viajero en los puntos de entrada al país. Estas búsquedas pueden ser “básicas”, con una revisión manual, o “forenses”, en las que se descargan y analizan datos completos mediante software especializado.

Aunque CBP afirma no acceder a datos en la nube, Cope advierte que la información almacenada en los dispositivos —incluidas aplicaciones de redes sociales— puede ser examinada, incluso si fueron borradas antes del viaje. “Los viajeros deben entender que, dependiendo de su estatus migratorio, negarse a desbloquear el dispositivo puede significar desde horas de detención hasta la confiscación del aparato o incluso la negación de entrada al país”, explicó.

Para periodistas y defensores de derechos humanos, el riesgo es mayor. Si bien la política menciona de forma limitada la protección de fuentes y trabajos inéditos, no ofrece garantías sólidas. “Lo más seguro es viajar con la menor cantidad de datos posible, usar cifrado fuerte, contraseñas seguras y respaldar toda la información antes de cruzar la frontera”, recomendó.

Finalmente, Cope recordó que el problema no es solo estadounidense: “Otros países tienen políticas similares, algunas incluso más invasivas. Es crucial que los viajeros investiguen las leyes locales y se preparen para proteger su información”.