La jueza federal Kathleen M. Williams, del Distrito Sur de Florida, rechazó esta semana el pedido del Gobierno de Donald Trump (a través del Departamento de Seguridad Nacional) para suspender su orden de desmantelar el centro de detención migratoria conocido como “Alligator Alcatraz”, ubicado en medio de los Everglades, mientras sigue en curso la apelación federal.

Su fallo –emitido a finales de agosto– requiere que las operaciones cesen en un plazo máximo de 60 días, durante los cuales deben retirarse elementos como generadores, cercos, sistemas de iluminación y otros equipamientos temporales. La decisión fue ratificada recientemente y mantiene firme los términos de la resolución anterior de la judicatura.

El Departamento de Seguridad Nacional había argumentado que la clausura de Alligator Alcatraz afectaría la capacidad del gobierno para hacer cumplir las leyes migratorias. No obstante, la jueza Williams enfatizó que el proyecto fue construido sin realizar ningún análisis ambiental previo, ignorando las implicancias de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).

La magistrada aclaró que su orden se extiende a “quienes actúan en concierto o participación activa con el estado de Florida o los acusados federales o sus oficiales, agentes o empleados”.

Ubicación y características del centro


Alligator Alcatraz, oficialmente el South Florida Detention Facility, se emplazó en el antiguo aeropuerto Dade-Collier Training and Transition dentro de la Reserva Nacional Big Cypress, en los Everglades, al oeste de Miami. Fue anunciado en junio de 2025 por el fiscal general estatal James Uthmeier, con respaldo del gobernador Ron DeSantis; el primer grupo de detenidos llegó el 3 de julio.

Costos millonarios y financiamiento


El estado firmó contratos que ya suman más de 245 millones de dólares, con una estimación anual de operación de unos 450 millones, y un costo diario por cada cama que va de 245 a 411 dólares. Se calcula que el costo inicial de construcción fue de unos 218 millones de dólares, gastos que podrían perderse si el centro queda completamente inoperativo.

Impacto ambiental


Ambientalistas y la tribu Miccosukee identificaron graves daños al ecosistema: impactos por inundaciones, contaminación lumínica —visible a decenas de millas—, pérdida de hábitats de especies como la pantera de Florida o el murciélago bonneted, y perturbación del humedal protegido.

Condiciones denunciadas y demandas civiles


Además de la demanda ambiental, existe otra presentada por la ACLU y organizaciones de derechos civiles, que denuncia condiciones atroces: insuficiencia de agua, plagas de mosquitos, desbordes sanitarios, limitación del acceso a abogados y manejo por contratistas privados sin autoridad legal Reacciones estatales y federales
Kevin Guthrie, director de Manejo de Emergencias de Florida, confirmó que el centro será evacuado pronto: “la pista aérea convertida pronto tendrá cero detenidos”. Por otro lado, Tom Homan, zar fronterizo de la Casa Blanca, calificó la decisión de la jueza como “mala”, argumentando que la instalación era “limpia y bien mantenida”.

Otros incidentes dentro del centro


Informes de periodísticos indican que se produjo un supuesto levantamiento dentro de la instalación, donde guardias usaron gas lacrimógeno y golpizas tras protestas de detenidos; varios resultaron heridos mientras helicópteros sobrevolaban en medio del caos.

Apelación y continuidad del conflicto legal


El estado de Florida apeló inmediatamente la orden ante la Corte de Apelaciones del 11º Circuito. Mientras tanto, el plan de establecer un segundo centro, llamado “Deportation Depot” en el norte de Florida, sigue en marcha. (Con información de EFE)