En Estados Unidos, miles de inmigrantes que sobreviven a la violencia doméstica se encuentran hoy atrapados en una peligrosa encrucijada: elegir entre el silencio que perpetúa el abuso o un sistema que cada vez les cierra más las puertas a la justicia. Lo que debería ser un camino hacia la protección y la seguridad se ha convertido en un laberinto lleno de barreras legales, recortes en la financiación de programas esenciales y un clima de miedo que desalienta cualquier intento de pedir ayuda.

El debilitamiento de protecciones clave como las visas U y VAWA —instrumentos creados precisamente para que las víctimas pudieran liberarse de sus agresores sin temor a represalias migratorias— ha dejado a muchos en mayor vulnerabilidad. Las solicitudes enfrentan hoy más trabas, más escrutinio y más demoras, lo que en la práctica condena a las sobrevivientes a prolongar su sufrimiento. A esto se suma el desmantelamiento de protecciones de asilo por violencia de género, lo que recorta aún más las posibilidades de refugio para quienes huyen de contextos de abuso extremo.

Como si fuera poco, nuevas restricciones federales a organizaciones de apoyo han limitado los fondos y los recursos para acompañar a estas comunidades. Y la sombra constante de redadas de ICE siembra un miedo paralizante que evita que muchas mujeres denuncien a sus agresores.

Frente a este panorama, la voz de quienes están en la primera línea de apoyo es más urgente que nunca. No se trata solo de leyes, sino de vidas en juego.

Proteger a inmigrantes víctimas de violencia doméstica

“Cuando los sobrevivientes de violencia doméstica son silenciados, no solo se pone en riesgo su vida: toda la comunidad se vuelve menos segura”. Con esta contundente advertencia, Carmen McDonald, directora ejecutiva del Survivor Justice Center (Centro de Justicia para Sobrevivientes), alertó sobre las crecientes barreras que enfrentan las y los inmigrantes que buscan justicia y protección en Estados Unidos.

Durante su exposición en un reciente panel nacional sobre las sobrevivientes inmigrantes de violencia doméstica, McDonald describió cómo el miedo a redadas migratorias y la desconfianza hacia las instituciones han provocado una caída significativa en la denuncia de casos de violencia doméstica, delitos de odio y discriminación en el condado de Los Ángeles. “No es que los incidentes bajen, es que la gente tiene miedo de hablar”, afirmó.

Según McDonald, aproximadamente el 70% de los clientes del Survivor Justice Center son inmigrantes, muchos de ellos sobrevivientes de violencia doméstica, abuso sexual o trata de personas. Las recientes políticas migratorias han incrementado el temor de acudir a tribunales, hospitales o incluso a denunciar a un agresor. “Imaginen estar listos para enfrentar a su abusador en la corte, pero en vez de pensar en seguridad, lo único que se pregunta la víctima es: ¿me estará esperando ICE en la puerta?”, relató.

El impacto, señaló, no se limita a los adultos: organizaciones comunitarias han reportado una caída en la asistencia escolar y familias enteras están evitando servicios básicos de salud o beneficios públicos por miedo a ser detectados. “El silencio no es seguridad, es peligro”, enfatizó McDonald.

A pesar de este panorama, la directora subrayó que existen recursos disponibles: representación legal gratuita, líneas de emergencia confidenciales y redes de apoyo en Los Ángeles y en todo el país. “Queremos que las personas sepan que no están solas. Hay abogados, intérpretes, trabajadores sociales y voluntarios comprometidos con acompañar a los sobrevivientes en cada paso”, aseguró.

Finalmente, McDonald hizo un llamado a la solidaridad colectiva: “Si ven a alguien con miedo, acompáñenlo. Si conocen sobrevivientes, recuérdenles que tienen derechos. Y si pueden apoyar, desde donar hasta ofrecer servicios pro bono, háganlo. Porque cuando un sobreviviente se levanta, nuestra comunidad entera se fortalece”.

“Ninguna mujer debería elegir entre la seguridad y la deportación”

“Todos merecemos vivir en hogares y comunidades seguras”, recordó Morgan Weibel, director de Defensa del Cliente y Servicios Legales en el Centro de Justicia Tahirih, durante una reciente conferencia sobre los crecientes obstáculos que enfrentan las sobrevivientes inmigrantes de violencia de género.

Weibel, abogado de inmigración con amplia experiencia, subrayó que miles de mujeres que llegan a Estados Unidos en busca de refugio lo hacen con una valentía incalculable. “Son mujeres poderosas y valientes, que salvan sus vidas y las de sus hijos al huir de la violencia”, señaló. Sin embargo, la realidad actual es alarmante: muchas sienten que el sistema que debería protegerlas se ha convertido en una fuente de miedo.

La abogada relató el caso de una sobreviviente que, al solicitar una orden de protección contra su agresor, fue amenazada por un alguacil con ser denunciada a inmigración. Situaciones como esta disuaden a muchas de continuar con sus procesos, a pesar de que la ley estadounidense reconoce su derecho a buscar alivio migratorio a través de herramientas como visas VAWA, la Visa U o la

Visa T.

No obstante, el endurecimiento de políticas ha debilitado esas protecciones. Ahora, incluso solicitantes con casos aprobados pueden ser puestos en proceso de deportación, mientras decisiones recientes del Departamento de Justicia han restringido las posibilidades de obtener asilo en casos de violencia doméstica.

Para Weibel, este retroceso pone vidas en riesgo. “Nadie debería ser deportado a un país donde enfrentará feminicidio u homicidio. La seguridad no puede depender del estado o del juez que te toque en suerte”, advirtió.

El Centro de Justicia Tahirih, que ofrece servicios legales y sociales gratuitos a sobrevivientes inmigrantes, insiste en que la solución está en fortalecer las leyes y garantizar que la policía cumpla su rol de protección, no de persecución migratoria.

“Las políticas restrictivas no borrarán décadas de avances conquistados por las propias sobrevivientes y respaldados por legisladores bipartidistas. No nos dejaremos intimidar. Nuestra labor seguirá centrada en asegurar comunidades seguras y prósperas para todos”, concluyó Weibel.

“Salvar vidas es nuestra misión”: nuevas restricciones a organizaciones que apoyan a sobrevivientes inmigrantes

“Nuestro trabajo salva vidas, y por eso es imprescindible que podamos seguir haciéndolo sin miedo ni restricciones”, afirmó Patima Komolamit, directora ejecutiva del Centro para la Familia Asiática del Pacífico (CPAF), durante su participación en la conferencia sobre las crecientes barreras que enfrentan las sobrevivientes inmigrantes de violencia doméstica.

Desde 1978, el CPAF ha brindado refugio, acompañamiento y programas de prevención a mujeres y familias de comunidades asiáticas y de las islas del Pacífico. Sus servicios incluyen una línea de crisis multilingüe atendida en vivo, refugios de emergencia y transición, y programas de prevención juvenil. “Sabemos que, si una sobreviviente no siente conexión inmediata, quizá nunca vuelva a buscar ayuda”, subrayó Komolamit.

Sin embargo, el panorama actual es alarmante. Según explicó, la amenaza de deportación —antes utilizada como herramienta de control por agresores dentro del hogar— ahora también se ha trasladado al ámbito gubernamental. “Estamos viendo cómo el propio sistema refuerza el miedo, y eso aleja a las víctimas de los servicios que podrían salvar sus vidas”, denunció.

Komolamit señaló además que nuevas restricciones federales a los fondos, incluso provenientes de socios históricos como la Oficina de Violencia contra la Mujer, limitan la capacidad de las organizaciones para atender a todas las sobrevivientes, sin importar su estatus migratorio o situación económica.

“Los recortes y condiciones ideológicas que se imponen sobre la financiación buscan restringir nuestro trabajo, cuando lo que necesitamos es más apoyo para llegar a quienes enfrentan barreras culturales, de idioma y legales”, dijo.

Pese a este contexto, la directora ejecutiva reiteró la misión de CPAF: crear comunidades seguras y saludables mediante la atención culturalmente adecuada y la defensa de los derechos de los sobrevivientes. “Seguiremos sirviendo a quien nos necesite, porque cada llamada que atendemos, cada familia que recibe refugio, es una vida salvada”, afirmó.

Finalmente, Komolamit invitó a todas las comunidades a la acción: “Los fondos públicos son vitales, pero también necesitamos el apoyo de fundaciones, donantes y la comunidad. La violencia doméstica no distingue estatus migratorio. La solidaridad y el compromiso son nuestras mejores herramientas para asegurar que nadie quede atrás”. Pese a los crecientes obstáculos legales y el clima de miedo, organizaciones comunitarias y defensoras se mantienen firmes, ofreciendo refugio, apoyo legal y una voz de esperanza a las sobrevivientes de violencia doméstica (Ilustración generada con IA para Alianza News)