En un gesto que refuerza el compromiso con las comunidades inmigrantes, los líderes de San José y del Condado de Santa Clara avanzan en una histórica política para prohibir que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilice propiedades públicas para sus operaciones. La medida, aprobada de forma preliminar por el Comité de Reglas y Gobernanza Abierta del Concejo de San José y respaldada unánimemente por los funcionarios locales, representa una respuesta directa a las recientes tensiones provocadas por el gobierno federal.

La propuesta, presentada por los concejales Peter Ortiz, Domingo Candelas y Rosemary Kamei, busca identificar todos los terrenos, garajes y edificios propiedad de la ciudad para garantizar que no se destinen a actividades de inmigración. La iniciativa surgió apenas un día después de que el Condado de Santa Clara aprobara un plan similar, marcando así una postura regional frente a la creciente incertidumbre que viven las familias inmigrantes.

“San José fue nombrada recientemente la ciudad grande más segura del país”, recordó el concejal Domingo Candelas durante la sesión. “Eso se debe a que somos una ciudad acogedora para todos y no participaremos en ataques selectivos contra nuestros residentes”.

Un esfuerzo coordinado y con rostro humano

El contexto no es menor. Durante semanas, circularon informes sobre un posible despliegue de más de 100 agentes federales en la base de la Guardia Costera en Alameda, como parte de un operativo impulsado por la administración del presidente Donald Trump. Aunque el plan fue suspendido temporalmente, las autoridades locales insisten en que la amenaza no ha desaparecido.

Durante una conferencia de prensa el alcalde de San José, Matt Mahan, celebró la suspensión del operativo, pero advirtió que la comunidad debe mantenerse alerta.

“Han tomado la decisión correcta. Pero por el bien de todos nuestros residentes, especialmente los más vulnerables, esperamos que esta decisión se mantenga”, señaló Mahan.

En el mismo evento, líderes de organizaciones comunitarias como Rebeca Armendáriz (Red de Respuesta Rápida) y Maritza Maldonado, directora ejecutiva de Amigos de Guadalupe, destacaron la importancia de mantener informada y unida a la comunidad.

“A nuestros hermanos y hermanas inmigrantes: no están solos”, expresó Maldonado con voz firme. “Los vemos, los amamos y lucharemos junto a ustedes”.

San José, una ciudad santuario en acción

Con casi un millón de habitantes, el 41% de ellos inmigrante,  San José se ha consolidado como un bastión de inclusión. En los últimos meses, el Concejo Municipal ha adoptado varias medidas para reforzar la seguridad de las comunidades inmigrantes: la prohibición del uso de mascarillas por parte de la policía, una inversión de un millón de dólares en organizaciones de defensa de los inmigrantes y un plan de desinversión en empresas vinculadas con ICE.

El concejal Peter Ortiz, representante del Distrito 5, una de las zonas con mayor población latina, ha sido una de las voces más activas en la defensa de los derechos migratorios.

“El ICE no tiene cabida en las calles y comunidades del este de San José”, dijo Ortiz. “No aceptaremos el miedo como forma de gobierno ni la intimidación disfrazada de seguridad”.

Ortiz también ha advertido sobre posibles redadas durante grandes eventos como el Super Bowl o la Copa del Mundo, que se celebrarán próximamente en la región. “Ya estamos escuchando quejas sobre el Super Bowl. Sabemos que eventualmente Trump atacará nuestra ciudad. Por eso debemos estar preparados y actuar con políticas claras”, sostuvo.

Protección más allá de los muros

El Condado de Santa Clara y la ciudad de San José también trabajan en crear “zonas libres de ICE”, donde las propiedades públicas estarán protegidas contra el uso indebido por parte de las autoridades federales. Estas zonas incluirían barreras físicas y protocolos de cierre de instalaciones para impedir arrestos o vigilancia en terrenos del condado o la ciudad.

Además, ambas jurisdicciones impulsan mayor asistencia legal, refugio familiar, servicios de alimentación, cuidado infantil, salud y comunicación para los residentes sin documentos.

La vicealcaldesa Pam Foley enfatizó que la intención no es solo legal, sino ética: “Queremos asegurar que nuestras propiedades se usen para fines municipales, no para infundir miedo. Estamos enviando un mensaje claro de humanidad y respeto”.

Un mensaje de unidad ante la incertidumbre

Aunque el aparente retiro del operativo federal trajo alivio momentáneo, la desconfianza persiste. Líderes como Armendáriz piden a los residentes reportar cualquier actividad sospechosa del ICE y fortalecer las redes de apoyo.

“La administración cambia de opinión de una hora a otra. Por eso debemos estar preparados”, advirtió.

En un clima político polarizado, la región de South Bay se ha convertido en ejemplo nacional de resistencia cívica y compasión institucional. Lejos de ceder al miedo, San José y Santa Clara están transformando la adversidad en acción concreta.

“Lo que estamos haciendo es cumplir nuestras promesas con la comunidad”, concluyó Ortiz. “Proteger a las familias inmigrantes no es solo un deber político, es un acto de humanidad”.