Una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, acusándola de poner en riesgo el futuro de miles de personas vulnerables al modificar de forma drástica los fondos federales destinados a vivienda permanente, presentó el condado de Santa Clara y una coalición de diez gobiernos locales y organizaciones sociales.

En el corazón del conflicto está el programa federal Continuum of Care, un pilar clave para combatir la falta de vivienda en Estados Unidos. Durante años, estos recursos han permitido que familias con bajos ingresos, personas mayores, sobrevivientes de violencia doméstica y personas con problemas de salud mental puedan acceder a un hogar estable, junto con servicios de apoyo. Ahora, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) planea limitar los fondos para vivienda permanente a solo el 30%, desviando el resto hacia soluciones temporales.

Para el condado, el cambio no es solo una disputa legal, sino una amenaza humana real. Las autoridades advirtieron que la reducción dejaría un vacío presupuestario de aproximadamente 33 millones de dólares y pondría en riesgo a más de 1,800 hogares que hoy dependen de estos programas para no volver a la calle.

“Esta decisión desecha años de progreso y de inversión pública”, afirmó la supervisora del Distrito 5, Margaret Abe-Koga, al describir la angustia que viven muchas familias ante la incertidumbre. “Podría crear una crisis que sobrepase a toda nuestra comunidad”.

Además de Santa Clara, forman parte de la demanda organizaciones nacionales como la National Alliance to End Homelessness, la NationalLow Income Housing Coalition, y ciudades como San Francisco y Tucson, Arizona. La coalición busca una orden judicial que frene la aplicación de las nuevas reglas.

El asesor legal del condado, Tony LoPresti, denunció que los cambios vulneran la autoridad del Congreso y rompen con procesos legales diseñados para proteger la democracia. También cuestionó un nuevo sistema de puntuación que, según la demanda, prioriza proyectos alineados con la agenda política del gobierno federal y penaliza aquellos que no cumplan con nuevos requisitos.

Uno de los puntos más sensibles es el impacto sobre el modelo “housing first”, que prioriza ofrecer un hogar estable antes de exigir que las personas resuelvan problemas de adicciones, empleo o salud mental. Este enfoque, basado en datos y adoptado a nivel nacional, ha demostrado que la estabilidad de una vivienda es la base para la recuperación. “Las nuevas reglas castigan a los gobiernos locales que usan el modelo probado de ‘housing first’”, señaló LoPresti.

En enero, el condado de Santa Clara recibió cerca de 48 millones de dólares en estos fondos, utilizados para subsidios de alquiler, programas de realojamiento rápido y servicios de apoyo. La nueva normativa pondría fin a la continuidad de estos recursos, convirtiéndolos en altamente competitivos a nivel nacional, en lugar de renovaciones casi automáticas como ocurría antes.

La preocupación ya se siente en albergues, centros comunitarios y organizaciones sin fines de lucro que trabajan día a día con personas sin hogar. Para muchos trabajadores sociales, la posibilidad de que un adulto mayor, una madre soltera o un veterano pierdan su vivienda no es una cifra, sino un rostro, una historia y una vida que podría volver a empezar desde cero.

El condado ha presentado varias demandas contra la administración Trump este año, incluyendo otra para bloquear una orden ejecutiva relacionada con la ciudadanía por nacimiento. Pero esta batalla, aseguran las autoridades, tiene un peso especial: no se trata solo de política, sino del derecho básico de toda persona a tener un lugar seguro donde vivir.