Especialistas y activistas analizan sobre un giro sin precedentes en la política migratoria de Estados Unidos.  Advierten que la administración Trump está impulsando un conjunto de decisiones ejecutivas, cambios de políticas y estrategias legales que, en conjunto, buscan reclasificar como “no autorizados” a inmigrantes que hoy viven legalmente en el país, muchos de ellos con años o incluso décadas de residencia.

Durante la conferencia denominada ”De la legalidad a la ilegalidad: Cómo la administración Trump reclasifica a los inmigrantes legales como «no autorizados»”, el debate se centró en las consecuencias humanas, legales y políticas de esta nueva estrategia, que podría afectar a más de dos millones de personas en todo el territorio estadounidense.

Participaron como panelistas: Hiroshi Motomura, codirector del Centro de Derecho y Políticas de Inmigración de la UCLA; Adelys Ferro, Caucus Venezolano Americano, activista venezolana; Laura Flores Perilla, del Centro de Acción por la Justicia; Jeremiah Johnson, ex juez de inmigración en San Francisco y vicepresidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración y un representante de DACA.

Entre los grupos vulnerables se encuentran beneficiarios de DACA, personas amparadas bajo Estatus de Protección Temporal (TPS), inmigrantes con parole humanitario provenientes de países como Cuba, Venezuela, Ucrania y Afganistán, solicitantes de asilo y hasta residentes permanentes legales que ya cuentan con una green card.

HOY TIENES STATUS LEGAL Y MAÑANA PUEDE QUE NO

El profesor Hiroshi Motomura, codirector del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de UCLA, explicó de forma clara y contundente que la administración de Trump está impulsando un cambio profundo al redefinir qué significa estar “legalmente en el país”.

Subrayó que el sistema migratorio estadounidense reconoce múltiples formas de estatus legal, más allá de la ciudadanía y la residencia permanente. Existen estatus “intermedios”—como DACA, TPS o el parole humanitario—que, aunque temporales, son totalmente legales y ofrecen permisos de trabajo y estabilidad mientras las personas avanzan hacia procesos a largo plazo, como la solicitud de residencia.

Sin embargo, según explicó, el gobierno está tratando de invalidar o recategorizar estos estatus, lo que tiene efectos directos e inmediatos:

  • Quitar TPS, no solo como finalización del programa, sino mediante nuevas interpretaciones que lo hacen vulnerable.
  • No renovar o rescindir el parole humanitario, herramienta creada precisamente para dar protección temporal en situaciones humanitarias extremas.
  • Amenazar la continuidad de DACA, pese a que miles de jóvenes dependen de él para trabajar y estudiar legalmente.
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Pero lo más grave, según Motomura, es que incluso quienes ya poseen una green card podrían verse sometidos a un proceso de revisión para retirarles su estatus, especialmente si obtuvieron su residencia a través de asilo o admisión como refugiados.

“Lo que estamos viendo es un esfuerzo por revisar casos pasados, revocar beneficios otorgados e incluso emprender procesos de desnaturación”, afirmó. Esto último significa retirar la ciudadanía a personas que ya la tienen, algo que históricamente solo se ha empleado en situaciones excepcionales.

El representante de la UCLA concluyó que el país se encuentra ante una reinterpretación radical del sistema migratorio, donde ningún estatus parece estable o garantizado. “Hoy tienes estatus legal. Mañana, tal vez no”, advirtió.

CONVERTIR A VENEZOLANOS PROTEGIDOS EN INMIGANTES NO AUTORIZADOS

La directora ejecutiva del Caucus Venezolano Americano, Adelys Ferro, habló en representación de una comunidad que ha recurrido en gran número al parole humanitario, especialmente después de la crisis social, política y económica en Venezuela.

Ferro señaló que muchos venezolanos que huían de la violencia, la represión y la falta de servicios básicos encontraron en Estados Unidos un alivio temporal gracias al parole humanitario, que les permite trabajar y vivir legalmente mientras persiste su necesidad de protección.

Sin embargo, la nueva política pretende reclasificar a estas personas como inmigrantes “no autorizados”, dejándolas sin derecho a trabajar y expuestas a procedimientos de deportación, pese a que entraron siguiendo estrictamente los requisitos del programa federal.

“Estamos hablando de familias que lo hicieron todo bien, que siguieron las instrucciones del gobierno y que hoy se enteran de que su estatus podría ser eliminado con un simple cambio administrativo”, afirmó.

La activista venezolana añadió que estas medidas no solo generan miedo e incertidumbre, sino también una sensación de traición. “Se está rompiendo la promesa humanitaria hecha por el propio gobierno de los Estados Unidos”, dijo.

RECATEGORIZAR ES UN PRECEDENTE PELIGROSO

La abogada Laura Flores Perilla, del Centro de Acción por la Justicia, explicó los riesgos legales y estructurales de este cambio de paradigma. Según detalló, la administración está aplicando una lectura extremadamente restrictiva de la ley migratoria para justificar la eliminación de beneficios que fueron otorgados legítimamente.

Flores Perilla advirtió que esta reinterpretación afecta especialmente a personas que se encuentran en trámites migratorios en curso, como solicitantes de asilo, o aquellos que están en proceso de ajustar su estatus hacia la residencia permanente.

“Se está tratando de crear una narrativa donde estas personas son consideradas ‘no autorizadas’, aun cuando han seguido cada paso exigido por la ley”, explicó. Esto incluye asistir a audiencias, entregar documentos, pagar tarifas, cumplir requisitos laborales y reportarse periódicamente a las autoridades.

La abogada enfatizó que reconfigurar estatus legales retroactivamente sienta un precedente peligroso: “Significa que ningún inmigrante estará realmente seguro, independientemente de cuán legal sea su presencia”.

Agregó que muchas de estas políticas son susceptibles de ser impugnadas en cortes federales, pero aclaró que el daño inmediato ya está ocurriendo, pues miles de familias viven en ansiedad constante.

SISTEMA JUDICIAL MIGRATORIO NO ESTÁ PREPARADO PARA UNA OLA MASIVA DE PERSONAS QUE PIEDAN STATUS

El exjuez de inmigración Jeremiah Johnson, recientemente electo vicepresidente de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, ofreció una visión desde el sistema judicial.

Recordó que las cortes migratorias ya se encuentran colapsadas, con millones de casos pendientes. La posibilidad de que se traduzca en procesos de deportación para quienes pierdan su estatus legal sería, en sus palabras, “una tormenta perfecta que podría paralizar todo el sistema”.

Explicó que, de prosperar estas medidas, personas que antes estaban integradas laboral y socialmente pasarían a engrosar los expedientes judiciales, sin que exista personal o infraestructura suficiente para atenderlos.

También señaló que muchas de las decisiones administrativas parecen ignorar la realidad diaria de las cortes, donde los casos de asilo y deportación pueden tardar años en resolverse.

“El sistema judicial no puede absorber de golpe a millones de personas que hoy tienen un estatus legal. Es una situación insostenible y profundamente injusta”, afirmó.

ANDREA: VIVIR CON MIEDO

Durante la conferencia se incluyó el testimonio de Andrea, una joven dreamer y activista de DACA que participó manteniendo su identidad protegida por razones de seguridad.

Con voz emotiva, describió el miedo y la incertidumbre que viven miles de jóvenes que llegaron al país siendo niños y que han construido sus vidas en Estados Unidos.

“Yo crecí aquí. Este es mi hogar. Estudio, trabajo, pago impuestos. Todo lo que tengo lo he hecho siguiendo las reglas”, expresó.

Andrea explicó que muchos beneficiarios de DACA sienten que están viviendo en un limbo constante, donde cualquier cambio de administración puede determinar su futuro.

“Lo más doloroso es pensar que, aunque he hecho todo bien, podría perder mi derecho a trabajar, estudiar o incluso permanecer en el país”, agregó.

Su testimonio resonó fuertemente entre los asistentes, recordando que detrás de cada estatus migratorio hay vidas reales, familias y proyectos.

MILLONES AMENAZADOS POR LA INCERTIDUMBRE

Finalmente, todos los participantes coincidieron en señalar que Estados Unidos enfrenta una transformación profunda y potencialmente devastadora en su política migratoria. Coinciden en que las medidas anunciadas por la administración Trump no solo buscan redefinir la legalidad migratoria, sino desmantelar protecciones históricas que han sostenido a comunidades enteras.

Si estas acciones avanzan plenamente, más de dos millones de inmigrantes podrían ver desaparecer de un día para otro beneficios y estatus que obtuvieron legalmente. Esto no solo alteraría sus vidas, sino que reconfiguraría el sistema migratorio estadounidense desde sus cimientos.