En medio del debate estatal sobre cómo enfrentar la crisis de salud mental en California, el Condado de Santa Clara ha optado por un camino distinto: intervenir antes de que las personas lleguen a un tribunal, apostando por la cercanía, la prevención y el acompañamiento humano.

La discusión tomó fuerza luego de que el gobernador Gavin Newsom cuestionara el bajo número de casos procesados bajo la ley CARE Act, un programa estatal que permite a jueces ordenar tratamiento a personas con trastornos mentales graves. Desde diciembre de 2024, el condado ha registrado 53 solicitudes en este tribunal, una cifra que para el estado resulta insuficiente.

Pero para las autoridades locales, los números no cuentan toda la historia.

“El éxito no se mide solo por cuántas personas llegan a un juez”, han insistido funcionarios del condado, quienes defienden un modelo que busca actuar antes de que la situación se agrave. La estrategia se basa en equipos de salud mental que recorren comunidades, visitan hogares e incluso contactan a personas en situación de calle para ofrecer ayuda directa.

Gracias a este enfoque, al menos 66 personas han aceptado tratamiento de forma voluntaria, evitando así un proceso judicial.

Rostros detrás de la estrategia

Detrás de estas cifras hay historias que reflejan la complejidad del problema. Personas que viven con esquizofrenia, trastorno bipolar con episodios psicóticos u otras condiciones severas, muchas veces enfrentan barreras como el estigma, la falta de recursos o el miedo a ser institucionalizadas.

Para ellas, el primer contacto no siempre es un hospital o un juez, sino un trabajador comunitario que toca su puerta o se acerca en la calle.

Autoridades como Ky Le, subdirector del condado, sostienen que este tipo de acercamiento genera confianza y aumenta las probabilidades de que las personas acepten ayuda. En la misma línea, especialistas en salud conductual destacan que el tratamiento voluntario suele tener mejores resultados que el impuesto.

Un sistema que involucra a toda la comunidad

El modelo de Santa Clara no solo busca atender a personas con enfermedades mentales graves, sino también prevenir crisis antes de que ocurran.

Programas como TRUST han cambiado la forma de responder a emergencias. En lugar de enviar únicamente a la policía, equipos de profesionales de salud mental acuden al lugar para brindar atención especializada, reduciendo el riesgo de arrestos o situaciones de violencia.

Las familias también encuentran en este sistema una alternativa menos invasiva. Muchas prefieren buscar ayuda a través de programas comunitarios antes que recurrir a un tribunal, evitando procesos legales que pueden resultar complejos y estigmatizantes.

Asimismo, quienes ya han tenido contacto con el sistema judicial pueden acceder a tribunales especializados que priorizan el tratamiento sobre el castigo, ofreciendo una segunda oportunidad a través de programas supervisados.

Más allá de hospitales y juzgados

Uno de los pilares de esta estrategia es que la atención no se limita a instituciones tradicionales. El condado ha ampliado su red de servicios, incluyendo centros residenciales, programas ambulatorios y atención directa en la comunidad.

Esto significa que una persona puede recibir ayuda en distintos espacios: desde terapia y consultas médicas hasta apoyo para conseguir vivienda o empleo.

Los equipos de extensión, considerados una de las herramientas más innovadoras del sistema, permiten llegar a quienes normalmente no buscarían ayuda por cuenta propia.

Una visión distinta frente a la crisis

Mientras el enfoque estatal prioriza el uso de tribunales como mecanismo para garantizar tratamiento, Santa Clara plantea una alternativa basada en la intervención temprana.

Desde 2022, cuando se declaró la emergencia de salud mental, el condado ha reforzado sus programas preventivos con una idea central: actuar antes de que las crisis se conviertan en emergencias.

Este modelo reconoce que muchas personas aceptan ayuda cuando se sienten acompañadas, no obligadas.

El desafío de sostener el sistema

A pesar de los avances, las autoridades advierten que mantener este enfoque requiere recursos constantes. La expansión de servicios, la contratación de personal especializado y la infraestructura necesaria representan un desafío en un contexto de limitaciones presupuestarias.

Por ello, líderes locales han solicitado mayor apoyo financiero del estado para garantizar la continuidad de los programas.

Una apuesta por lo humano

Más allá de las cifras y el debate político, la estrategia de Santa Clara pone en el centro a las personas. Busca intervenir a tiempo, evitar que alguien termine en la cárcel o en una sala de emergencias, y ofrecer una oportunidad de recuperación en condiciones más dignas.

En un escenario donde la crisis de salud mental sigue creciendo, el condado propone una pregunta clave: ¿es mejor esperar a que el sistema judicial actúe o acercar la ayuda antes de que sea demasiado tarde?

Su respuesta, por ahora, apuesta por lo segundo.