Funcionarios del condado de Santa Clara y organizaciones defensoras de inmigrantes alzaron la voz contra los planes de construir un presunto centro federal de detención migratoria cerca de Gilroy. La protesta, realizada frente a la sede del gobierno local, dejó un mensaje claro: la comunidad está dispuesta a luchar legal y políticamente para impedir el proyecto.

La reacción surgió luego de que documentos públicos revelaran que una firma inmobiliaria de Beverly Hills obtuvo un contrato para desarrollar instalaciones en el área de Holsclaw Road, en el sur del condado. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional no confirmó oficialmente la construcción, sí reconoció que busca ampliar espacios de detención vinculados a la aplicación de leyes migratorias.

El reclamo de autoridades y activistas no solo responde al temor de una nueva cárcel migratoria, sino también al impacto humano que tendría sobre miles de familias latinas e inmigrantes de la región. Líderes comunitarios advirtieron que políticas de detención más agresivas generan miedo, separación familiar y aislamiento social.

“Ya hemos visto familias desestabilizadas y padres con miedo de llevar a sus hijos a la escuela”, señaló el concejal de San Jose, Peter Ortiz, durante la conferencia de prensa.

La movilización reunió a representantes de organizaciones como Amigos de Guadalupe, Immigrant Protection & Empowerment Network y Services, Immigrant Rights and Education Network, además de empresarios locales y funcionarios del condado.

Uno de los puntos más importantes del reclamo es que el terreno señalado no estaría zonificado para albergar un centro de detención. El asesor legal del condado, Tony LoPresti, aseguró que utilizarán “todos los recursos legales disponibles” para frenar el proyecto.

LoPresti recordó además que el condado ya ha enfrentado anteriormente políticas federales migratorias en los tribunales y logró victorias legales defendiendo las llamadas ciudades santuario.

La supervisora del Distrito 1, Sylvia Arenas, quien representa la zona donde se proyectaría la obra, sostuvo que la comunidad no puede permanecer en silencio frente a este tipo de iniciativas.

Por su parte, Maritza Maldonado, directora ejecutiva de Amigos de Guadalupe, prometió organizar acciones de resistencia y defensa comunitaria. “Vamos a organizarnos, proteger y litigar”, declaró ante los asistentes.

Medidas de solución y respuesta

Las autoridades locales ya comenzaron a coordinar acciones concretas para enfrentar el posible proyecto. Entre las principales medidas destacan:

  • Impulsar demandas judiciales para impedir el uso del terreno como centro de detención.
  • Coordinar con la oficina del fiscal general de California, Rob Bonta, que expresó respaldo al condado.
  • Reforzar las políticas de protección a inmigrantes y limitar la colaboración de instalaciones públicas con autoridades migratorias federales.
  • Organizar redes comunitarias de respuesta rápida frente a operativos migratorios.
  • Mantener campañas informativas y movilizaciones públicas para presionar políticamente.

El debate también refleja una creciente preocupación en varias ciudades de California por el posible aumento de centros de detención migratoria impulsados por el gobierno federal. Para líderes locales, la prioridad es evitar que comunidades enteras vivan bajo temor permanente.

Mientras no exista confirmación oficial sobre el verdadero destino del proyecto en Gilroy, el condado de Santa Clara y las organizaciones comunitarias aseguran que continuarán vigilantes y preparados para impedir cualquier expansión de las políticas de detención migratoria en la región.