California enfrenta una de las decisiones fiscales más importantes de esta elección. La Proposición 40 propone un impuesto único del 5% sobre la riqueza de los aproximadamente 200 multimillonarios del estado, con el objetivo de recaudar cerca de $100 mil millones de dólares destinados principalmente a la atención médica, junto con asistencia alimentaria y educación. Nos oponemos a esta medida, no porque rechacemos la idea de pedirles a los californianos más adinerados que contribuyan más, sino porque creemos que esta no es la manera correcta de hacerlo.

Los defensores de la Proposición 40 responden a una preocupación real: la creciente desigualdad económica de nuestro país. Desde 1989, la participación del 1% más adinerado de los estadounidenses en la riqueza total ha crecido de aproximadamente 22% a casi un tercio, mientras que la participación de la mitad más pobre de la población ha caído de 3.5% a 2.5%. La pregunta sobre si quienes tienen más deben contribuir más no es descabellada. Sin embargo, la Proposición 40 propone la respuesta equivocada.

La presión detrás de esta medida es considerable. Los recortes federales ya han comenzado a poner en aprietos a Medi-Cal, la asistencia alimentaria y otros programas de la red de protección social de los que dependen millones de californianos. Pero una inyección única de fondos no resuelve un problema continuo. California necesita una fuente de ingresos duradera y confiable para proteger estos programas durante los próximos años, no un solo pago que solo atiende parcialmente nuestros déficits presupuestarios.

Incluso el gobernador Gavin Newsom, quien ha respaldado públicamente impuestos más altos sobre la riqueza extrema, se opone a esta medida específica. Newsom y otros opositores señalan soluciones a nivel federal que tendrían un mayor impacto con menor probabilidad de consecuencias no deseadas, como el riesgo de reubicación. En cambio, Newsom propone cambios de política como revertir los recortes fiscales federales de 2017, que desproporcionadamente benefician a quienes tienen mayores ingresos, y un «impuesto nacional a los multimillonarios» que establecería una tasa mínima para quienes ganan más de $100 millones al año. Su argumento central es que este es un problema nacional que requiere una solución nacional, no un impuesto único aplicado solamente en California.

Esta distinción importa. El sistema tributario de California ya es progresivo, y sus residentes más adinerados ya contribuyen con casi la mitad de los ingresos estatales por impuesto sobre la renta. Cuando un solo estado cobra impuestos sobre la riqueza de esta manera, un resultado probable es que algunos de los contribuyentes más ricos y las empresas que dirigen trasladen su residencia o sus activos a estados sin un impuesto equivalente. La Oficina no partidista del Analista Legislativo de California (LAO) reconoce este riesgo directamente: aunque la Proposición 40 podría generar decenas de miles de millones de dólares a corto plazo, la LAO también proyecta que la reubicación de contribuyentes podría reducir los ingresos estatales por impuesto sobre la renta en cientos de millones de dólares al año, de manera permanente. Esto provocaría una pérdida continua de ingresos fiscales para las escuelas, la salud y los programas de asistencia, año tras año.

Un impuesto de este tipo también es poco común a nivel nacional, y los prolongados desafíos legales podrían extenderse durante años antes de que un tribunal determine si el impuesto puede aplicarse, y de qué manera. Las familias y los programas que dependen de este financiamiento merecen certeza, no una prolongada batalla legal.

La Asociación de Maestros de California se opone a la medida debido a su diseño temporal y porque deja a la educación pública fuera de una participación más significativa del financiamiento. De manera similar, la Asociación Médica de California se opone a la medida, señalando que la propuesta carece de la rendición de cuentas y la sostenibilidad necesarias para respaldar la red de protección de salud de California.

Para las familias latinas del Área de la Bahía, que enfrentan algunos de los costos de vivienda más altos del país y están representadas de manera desproporcionada entre los residentes de la región que viven en la pobreza, la pregunta no es si los multimillonarios deben contribuir más. La pregunta es si esta medida en particular logrará financiar de manera efectiva y confiable los programas y servicios esenciales que las familias latinas necesitan.

California puede, y probablemente debe, pedirles más a quienes más tienen. Pero debe hacerlo de una manera que no arriesgue perder más de lo que gana. Vote No en la Proposición 40.