Un estudio de investigadores vinculados a UCLA revela el alcance de los arrestos migratorios durante 2025 y 2026. Las detenciones en barrios, estacionamientos y tribunales cambiaron la forma de aplicar las leyes migratorias y mantienen en alerta a miles de familias.

Casi 15.000 personas arrestadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el sur de California fueron deportadas durante 2025 y los primeros meses de 2026, según un estudio del Deportation Data Project, vinculado a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

La investigación, difundida recientemente, documenta el alcance de las operaciones migratorias en siete condados y muestra cómo los arrestos realizados directamente en las comunidades se convirtieron en una herramienta central de la política de deportaciones.

Para la comunidad latina, los resultados reflejan una realidad que afecta no solo a quienes carecen de estatus migratorio regular, sino también a sus hijos, parejas, padres, empleadores y vecindarios. Una detención puede separar a una familia, interrumpir sus ingresos y dejar a los menores bajo el cuidado de otros familiares.

Uno de los datos más contundentes del estudio es que el 75 % de las personas arrestadas durante junio y julio de 2025, en el punto más intenso de las operaciones analizadas, terminó siendo deportado.

Arrestos en los propios vecindarios

Durante años, ICE dependió en buena medida de recibir bajo su custodia a personas que ya se encontraban detenidas en cárceles y prisiones. Sin embargo, la investigación identifica un cambio importante: el aumento de las detenciones efectuadas directamente en la comunidad.

Los arrestos se realizaron en vecindarios, estacionamientos de tiendas de materiales de construcción, tribunales de inmigración y lugares donde las personas acudían a cumplir citas de supervisión migratoria.

Graeme Blair, codirector del Deportation Data Project y profesor de Ciencias Políticas de UCLA, señaló que Los Ángeles se convirtió en junio de 2025 en un campo de pruebas para una nueva estrategia de arrestos comunitarios impulsada por las autoridades federales.

Este cambio tiene graves consecuencias para la población. Personas que salen a trabajar, acuden a una audiencia migratoria o cumplen con una cita ante las autoridades pueden enfrentarse a una detención que altera de inmediato sus planes y los de sus familias.

No todas las personas arrestadas tienen necesariamente la misma situación legal ni enfrentan idénticos procedimientos. Por eso, conocer el estado de cada caso y buscar asesoría jurídica confiable resulta fundamental.

Siete condados bajo la lupa

El estudio de la UCLA comprende los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura.

La ciudad de Los Ángeles concentró el 33 % de los arrestos comunitarios registrados en la región, lo que la convirtió en uno de los principales focos de las operaciones.

Santa Ana, San Bernardino, Santa María y Camarillo también figuraron entre las localidades afectadas. Lompoc y Victorville aparecieron entre los lugares con cifras importantes, aunque en estos casos gran parte de los arrestados había sido trasladada desde prisiones federales.

La distribución geográfica importa porque permite identificar dónde se concentraron las operaciones y comprender por qué el tema migratorio genera preocupación entre trabajadores, comerciantes y familias de distintas comunidades del sur de California.

El informe también señala que las detenciones continuaron a un ritmo elevado durante 2026. En junio de ese año volvieron a aumentar y superaron la mitad del máximo registrado en junio de 2025.

Esto indica que, aunque la intensidad de los arrestos puede variar de un mes a otro, las operaciones no se limitaron al periodo inicial de mayor actividad.

No todos fueron enviados a su país de origen

Otro aspecto relevante de la investigación es el destino de las personas deportadas. De acuerdo con los datos analizados, cerca de 300 de las casi 15.000 personas deportadas no fueron enviadas al país del que eran ciudadanas.

La mayoría de las deportaciones tuvo como destino México. También se registraron traslados a Guatemala, Ecuador y Honduras, además de países como Ghana y Esuatini.

Estos casos ponen de relieve la complejidad de los procedimientos migratorios y las consecuencias que pueden tener para personas con vínculos familiares, sociales o económicos en Estados Unidos.

Cuando alguien es trasladado a un país distinto del suyo, las dificultades pueden ser mayores: puede no conocer el lugar, carecer de redes de apoyo y tener problemas para conseguir alojamiento, empleo o asistencia legal.

Cada caso, sin embargo, depende de sus circunstancias particulares y de los procedimientos aplicables. El dato por sí solo no permite establecer por qué se tomó cada decisión de traslado.

El impacto sobre las familias latinas

Más allá de las cifras, las deportaciones tienen consecuencias que se extienden a hogares y comunidades enteras. Cuando una persona que sostiene económicamente a su familia es detenida o expulsada del país, el hogar puede perder una parte esencial de sus ingresos. El pago de la renta, la alimentación, los servicios básicos y los gastos escolares puede convertirse en una carga difícil de asumir.

En familias con hijos nacidos en Estados Unidos, la separación también puede generar incertidumbre sobre quién se encargará de su cuidado, cómo continuarán sus estudios y si podrán mantener el contacto con el padre o la madre deportados.

Los pequeños negocios tampoco quedan al margen. La ausencia repentina de un trabajador o propietario puede afectar horarios, compromisos con clientes y capacidad de producción.

En comunidades donde numerosas familias tienen vínculos migratorios, estos efectos pueden repercutir en el comercio local y en la participación de los residentes en actividades escolares, religiosas y comunitarias.

Por eso, el debate sobre la aplicación de las leyes migratorias no se limita al número de arrestos. También comprende sus consecuencias humanas, familiares y económicas.

Qué pueden hacer las familias

Ante este escenario, organizaciones comunitarias y especialistas en inmigración suelen recomendar que las familias se preparen con anticipación, sin caer en rumores ni depender de información difundida sin verificar.

Entre las medidas preventivas más importantes se encuentran:

– Consultar a un abogado de inmigración acreditado para conocer las opciones y los riesgos particulares de cada caso.

– Preparar un plan familiar de emergencia, especialmente cuando hay menores de edad o personas dependientes.

– Guardar copias de documentos importantes en un lugar seguro y accesible para una persona de confianza.

– Memorizar teléfonos de familiares y representantes legales, en lugar de depender únicamente del celular.

– Conocer los derechos básicos durante un encuentro con agentes migratorios y solicitar orientación jurídica antes de firmar documentos que no se comprendan.

– Verificar la información con fuentes oficiales y organizaciones reconocidas, evitando publicaciones que prometan soluciones garantizadas.

Las familias también pueden identificar con anticipación quién atenderá a los niños, cómo se cubrirán los gastos urgentes y quién podrá comunicarse con un abogado si ocurre una detención.

Estas precauciones no garantizan que una persona evite ser detenida ni sustituyen el asesoramiento legal, pero pueden ayudar a reducir la desorganización y proteger a los familiares más vulnerables.

Bajo observación

El estudio del Deportation Data Project ofrece una mirada cuantitativa al alcance de las operaciones migratorias en el sur de California. Sus resultados muestran el crecimiento de los arrestos en espacios comunitarios y el elevado porcentaje de personas detenidas que terminaron deportadas durante los meses de mayor actividad.

Para la población latina, el desafío consiste en mantenerse informada, conocer sus derechos y contar con una red de apoyo confiable.

Detrás de cada cifra hay una historia familiar. Comprender la magnitud de las detenciones permite dimensionar no solo la política migratoria, sino también sus efectos sobre el trabajo, la estabilidad de los hogares y la vida de las comunidades que forman parte de California.

La investigación publicada por UCLA y la Facultad de Derecho de UC Berkeley aporta otros dos indicadores importantes: entre las personas arrestadas desde enero de 2025 hasta mayo de 2026, el 62 % fue deportado dentro de los primeros 60 días, mientras que solo el 7 % fue liberado de la detención migratoria durante ese periodo.

Los investigadores también documentaron un fuerte incremento de los arrestos de personas sin condenas penales y de aquellas que no tenían una orden definitiva de deportación. Esto no significa que todos los casos sean iguales ni que una persona sin antecedentes esté exenta de procedimientos migratorios; sí demuestra que el alcance de las operaciones se extendió más allá de quienes tenían condenas penales.  Con información de EFE.