Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos cuestionó la evidencia del Gobierno de Trump para separar más de 20.000 boletas de voto por correo y puso en el centro del debate la autonomía electoral de California y los derechos de los votantes.

El Tribunal expresó serias dudas sobre el intento del Gobierno del presidente Donald Trump de intervenir en el proceso electoral de California para separar miles de boletas de voto por correo vinculadas a personas que las autoridades federales consideran posibles no ciudadanas.

Durante una audiencia de emergencia celebrada por videoconferencia el domingo, los magistrados cuestionaron la base legal de la solicitud del Departamento de Justicia, la fiabilidad de una lista que identifica a unos 20.000 presuntos votantes no ciudadanos y la decisión del Gobierno federal de acudir al tribunal de apelaciones antes de que el tribunal de distrito resolviera el caso.

La audiencia se desarrolla en un momento especialmente delicado, cuando California ya está procesando votos para las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre. Según los argumentos presentados ante los jueces, el condado de Los Ángeles había procesado más de 300.000 boletas por correo.

La importancia del caso va más allá de una disputa entre autoridades federales y estatales: pone en juego quién tiene autoridad para administrar las elecciones, qué pruebas se necesitan para cuestionar el derecho de una persona a votar y cómo evitar que medidas extraordinarias afecten a electores que sí cumplen los requisitos legales.

Los jueces todavía no han emitido una decisión definitiva sobre el fondo del litigio. Sus preguntas y objeciones durante la audiencia reflejan escepticismo frente a varios argumentos del Gobierno, pero no equivalen a una sentencia final.

CALIFORNIA DEFIENDE SU AUTORIDAD ELECTORAL

El Gobierno federal presentó una demanda contra California y el condado de Los Ángeles para impedir que se contaran más de 20.000 votos por correo que considera asociados con personas que posiblemente no son ciudadanas estadounidenses.

La legislación federal prohíbe a los no ciudadanos votar en las elecciones federales. Sin embargo, la cuestión planteada ante los jueces no consiste únicamente en determinar si esa prohibición existe, sino también en establecer si el Departamento de Justicia puede exigir que las autoridades electorales estatales separen boletas basándose en la información presentada por el Gobierno.

Durante la audiencia, el juez Mark Bennett, nombrado por Trump, señaló que California parece contar con autoridad constitucional para organizar sus elecciones. El magistrado cuestionó que la existencia de una ley federal que prohíbe el voto de los no ciudadanos otorgue automáticamente al Departamento de Justicia facultades para modificar los procedimientos electorales estatales.

El juez Gabriel Sánchez, nombrado por el expresidente Joe Biden, también expresó dudas sobre la solicitud federal y sobre la rapidez con la que el Gobierno acudió al tribunal de apelaciones.

Por su parte, el juez Patrick Bumatay, también nombrado por Trump, mostró mayor disposición a examinar los argumentos de la Administración y preguntó a los representantes de California cómo se investiga la posible inscripción irregular de personas no ciudadanas en los registros electorales.

Las preguntas de los magistrados evidenciaron que el tribunal debe examinar tanto la protección de la integridad electoral como los límites legales de la intervención federal.

DUDAS SOBRE LOS 20.000 NOMBRES

Uno de los puntos más controvertidos de la audiencia fue el origen y la confiabilidad de la lista utilizada por el Departamento de Justicia para justificar su petición.

Los jueces preguntaron al abogado federal Matthew Donnelly cómo se había calculado la cifra de 20.000 personas, qué información respaldaba las acusaciones y por qué el tribunal debía considerar suficientemente fiables esos datos para adoptar una medida extraordinaria durante un proceso electoral en marcha.

Donnelly explicó que el Gobierno había recibido una lista adquirida de terceros y sostuvo que los informes oficiales y las declaraciones juradas de funcionarios federales respaldaban la solicitud.

Sin embargo, sus respuestas no despejaron todas las dudas planteadas por los magistrados sobre la procedencia y la precisión de la información.

Samuel Siegal, abogado de California y de su secretario de Estado, cuestionó la calidad de los registros y afirmó que los datos empleados estaban desactualizados y que no se había explicado claramente cómo se había elaborado la lista.

Esta diferencia es fundamental: aparecer en una lista de personas sospechosas no demuestra, por sí solo, que alguien carezca de ciudadanía ni que haya votado ilegalmente. La verificación de cada caso requiere información fiable y procedimientos que permitan corregir posibles errores.

El Gobierno federal argumenta que necesita actuar con urgencia porque los votos ya están siendo procesados. California, en cambio, sostiene que separar boletas sin una justificación suficientemente sólida podría interrumpir el proceso democrático y perjudicar a ciudadanos habilitados para votar.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LOS VOTANTES?

El caso tiene consecuencias potenciales para millones de electores, incluidos los ciudadanos latinos que participan en las elecciones de California.

La comunidad latina es una parte importante de la población del estado y tiene intereses directos en las decisiones relacionadas con educación, salud, vivienda, empleo, inmigración y financiación de servicios públicos. Por eso, las reglas que determinan cómo se registran, verifican y cuentan los votos tienen una importancia especial para garantizar una participación electoral efectiva.

La controversia también demuestra por qué es necesario distinguir entre combatir el fraude electoral y retirar o poner en duda votos sin pruebas individualizadas suficientes.

La protección de las elecciones exige que las personas no autorizadas a votar no participen en comicios federales. Al mismo tiempo, requiere que los ciudadanos habilitados puedan ejercer su derecho sin que errores administrativos, información desactualizada o identificaciones equivocadas pongan en riesgo sus boletas.

Si una autoridad cuestiona un voto, la calidad de la evidencia y la existencia de mecanismos para revisar el caso son esenciales para preservar la confianza pública.

Para los votantes, el desenlace también puede influir en la manera en que se administran futuras elecciones y en la relación entre el Gobierno federal y los estados.

UNA DISPUTA POR RESOLVER

Los jueces también preguntaron por qué el Departamento de Justicia solicitó una intervención urgente ante el tribunal de apelaciones antes de que el tribunal de distrito celebrara la audiencia prevista para esta semana.

El abogado federal sostuvo que era necesario obtener una respuesta rápida porque el procesamiento de votos ya estaba en marcha. Los representantes de California defendieron, en cambio, la necesidad de respetar los procedimientos judiciales y la autoridad estatal para administrar los comicios.

La disputa se inscribe en una serie de acciones impulsadas por la Administración Trump en torno a las elecciones. Entre ellas figura una demanda presentada en Alaska relacionada con la certificación de una elección en la que dos candidatos comparten el nombre de Daniel J. Sullivan, según la información presentada sobre el caso.

Por ahora, el futuro de las boletas cuestionadas en California dependerá de las decisiones judiciales y de la evaluación de los argumentos de ambas partes.

La audiencia deja una cuestión central para la democracia estadounidense: proteger la legalidad del voto requiere combatir las irregularidades demostradas, pero también garantizar que las medidas adoptadas no excluyan injustificadamente a ciudadanos habilitados.

Para California y sus electores, la resolución de este caso será relevante no solo por la cantidad de boletas involucradas, sino por el precedente que pueda establecer sobre la autonomía electoral de los estados, la intervención del Gobierno federal y las garantías que deben acompañar cualquier intento de cuestionar votos. Con información de EFE,