ELECCIONES 2026

SIETE PROPOSICIONES QUE PUEDEN CAMBIAR CALIFORNIA

Por Dulcina Solar, Alianza News

El 3 de noviembre los californianos llegarán a las elecciones, además de autoridades deben elegir 14 proposiciones estatales. Aquí analizamos las primeras siete que aparecen oficialmente en la boleta. No todas tratan de impuestos: hay bonos para vivienda, ahorro estatal, educación, financiamiento político, elecciones, ayuda para compradores de vivienda e investigación médica.

California vuelve a poner buena parte de sus grandes decisiones en manos de los votantes.  El dinero también será parte de esta elección. Según la Comisión de Prácticas Políticas Justas de California (FPPC), las campañas de las medidas que han superado el umbral de reporte ya acumulan decenas de millones de dólares. En algunas, el respaldo financiero está claramente identificado; en otras, el debate sigue siendo principalmente político y legislativo.

PROPOSICIÓN 1: VIVIENDA Y BONOS

La primera medida propone que California emita $11.25 mil millones en bonos para programas de vivienda asequible y asistencia habitacional para veteranos.

De ese monto, $10 mil millones se destinarían a construir, comprar, rehabilitar y preservar viviendas asequibles. Otros $1.25 mil millones irían al programa de préstamos hipotecarios para veteranos de CalVet. La propuesta contempla recursos para vivienda de personas sin hogar, trabajadores agrícolas, estudiantes universitarios y comunidades indígenas.

El argumento principal es que California tiene una enorme necesidad de vivienda y muchos proyectos ya están listos para comenzar, pero carecen de financiamiento. Sus defensores calculan que el bono podría ayudar a poner en marcha más de 40,000 viviendas asequibles.

A favor: el gobernador Gavin Newsom, legisladores demócratas, la California Apartment Association, AFL-CIO California y organizaciones vinculadas a vivienda. También la California State PTA adoptó una posición favorable.

En contra: principalmente legisladores republicanos, quienes cuestionan el endeudamiento y la forma en que se presenta la medida. Algunos han criticado que el nombre del bono destaque a los veteranos, aunque la mayor parte del dinero esté destinada a vivienda asequible.

¿Quién pone el dinero?

El comité de campaña a favor había recibido, entre sus principales aportantes, $1 millón de Building a Better California, además de $350,000 de MidPen Housing Corporation, $200,000 de The San Francisco Foundation y $200,000 de Self-Help Enterprises. Building a Better California está vinculado financieramente a grandes donantes tecnológicos como Sergey Brin y John Doerr. El total de los principales aportantes reportado por la FPPC alcanzaba $2.18 millones.

PROPOSICIÓN 2: GUARDAR MÁS DINERO

La segunda proposición tiene un objetivo menos visible, pero importante: cambiar las reglas del fondo estatal para días difíciles, conocido como “Rainy Day Fund”.

Actualmente, las reglas limitan la cantidad que California puede depositar en sus reservas. La Proposición 2 permitiría elevar el límite para que el estado pueda ahorrar hasta el 20% de los ingresos tributarios del Fondo General, frente al límite actual de 10%. También modifica las reglas relacionadas con el pago de determinadas deudas estatales.

La lógica de los defensores es que California depende demasiado de ingresos volátiles, especialmente de los impuestos pagados por personas de altos ingresos y de las ganancias de capital. Cuando la economía está fuerte entra mucho dinero; cuando cae el mercado, los ingresos pueden desplomarse.

A favor: el gobernador Newsom y los principales dirigentes demócratas de la Legislatura. Argumentan que ahorrar más durante los años buenos permitiría evitar recortes dolorosos cuando llegue una crisis económica.

En contra: legisladores republicanos. Su preocupación es que Sacramento pueda acumular más dinero mientras existen necesidades inmediatas en vivienda, seguridad, infraestructura y otros servicios.

¿Quién la financia? A diferencia de otras proposiciones, esta es una medida legislativa y no una iniciativa privada impulsada mediante una gran campaña de recolección de firmas. La disputa financiera es, por tanto, mucho menor y no aparece entre las campañas que la FPPC identifica con más de $1 millón en aportes de comités principales.

PROPOSICIÓN 3: EL IMPUESTO A LOS ALTOS INGRESOS

La tercera propuesta afecta directamente a los contribuyentes de mayores ingresos. Busca hacer permanente un impuesto aprobado por los votantes en 2012, que actualmente está previsto que expire en 2031. El impuesto se aplica a ingresos personales superiores a aproximadamente $360,000 para contribuyentes individuales, $721,000 para parejas y $490,000 para jefes de familia, cifras sujetas a ajustes.

La medida podría mantener entre $5 mil millones y $15 mil millones anuales en ingresos estatales, dependiendo principalmente del comportamiento de la economía y del mercado bursátil.

El dinero se distribuiría principalmente entre las escuelas K-12 y los colegios comunitarios: 89% para K-12 y 11% para community colleges. Los recursos aumentarían también el dinero disponible para salud, reservas presupuestarias y otros programas.

A favor: la California Teachers Association, California Federation of Teachers, California School Employees Association y organizaciones educativas. Su argumento es que eliminar el impuesto en 2031 abriría un agujero importante en el financiamiento de las escuelas.

En contra: la California Taxpayers Association y grupos que consideran que California ya tiene una de las estructuras tributarias más altas del país. La principal crítica es que convertir un impuesto temporal en permanente puede desincentivar la inversión y hacer que los ingresos estatales dependan todavía más de un pequeño grupo de contribuyentes.

¿Quién financia la campaña? Según la FPPC, el comité de apoyo había recibido en conjunto $23.625 millones: $18.275 millones de la California Teachers Association/Issues PAC, $4 millones de la National Education Association, $750,000 de la California Federation of Teachers y $500,000 de PACE, de la California School Employees Association.

Los electores deben preguntarse si: ¿debe California mantener un impuesto que genera miles de millones para educación y salud o permitir que expire en 2031?

PROPOSICIÓN 4: DINERO PÚBLICO PARA CAMPAÑAS

California prohibió durante décadas que el dinero público se utilizara para financiar campañas electorales. La Proposición 4 busca eliminar esa prohibición y permitir que gobiernos estatales y locales creen programas de financiamiento público de campañas. La idea es reducir la dependencia de los candidatos de grandes donantes privados.

Pero no sería un cheque en blanco. Los candidatos tendrían que cumplir requisitos para demostrar respaldo ciudadano, aceptar límites de gasto y respetar reglas sobre el uso del dinero. Los fondos no podrían salir de recursos destinados a educación, transporte o seguridad pública. Tampoco podrían utilizarse para pagar multas, gastos legales o préstamos personales de los candidatos.

A favor: California Common Cause, California Clean Money Campaign, League of Women Voters y ACLU California Action. Su argumento es que un sistema de financiamiento público puede abrir la puerta a candidatos que no tienen acceso a grandes donantes.

En contra: grupos como la California Taxpayers Association, que cuestionan que los contribuyentes terminen financiando campañas políticas con las que no necesariamente están de acuerdo.

¿Quién pone el dinero? En este caso la situación es diferente. Al ser una reforma impulsada desde la Legislatura, no existe un gran bono o impuesto que deba ser financiado mediante una campaña multimillonaria. Las organizaciones de reforma electoral son las principales defensoras, pero la medida no aparece entre las campañas de proposiciones con más de $1 millón de aportes de comités principales en el listado de la FPPC.

PROPOSICIÓN 5: CAMBIAR LAS REGLAS DEL RECALL

Esta propuesta busca modificar una de las herramientas políticas más controvertidas de California: la revocación de funcionarios electos.

Actualmente, una elección de recall tiene dos preguntas: primero, si el funcionario debe ser removido; segundo, quién debe reemplazarlo si pierde. La Proposición 5 eliminaría esa segunda pregunta.

Si un funcionario fuera removido, el puesto quedaría vacante y se utilizaría el mecanismo establecido para llenar una vacante. En el caso de legisladores estatales, normalmente habría una elección especial. Para otros cargos podrían existir procesos de nombramiento.

En el caso del gobernador hay una regla particular: el vicegobernador asumiría el cargo bajo determinadas circunstancias. Si el recall ocurre durante los primeros dos años y antes del cierre del periodo de nominaciones para la siguiente elección estatal, podría celebrarse una elección especial. En otros casos, el vicegobernador podría completar el mandato.

A favor: la secretaria de Estado Shirley Weber, California Common Cause, League of Women Voters y otros grupos de reforma electoral. Sostienen que el sistema actual puede permitir que un funcionario sea reemplazado por alguien que obtiene una fracción pequeña del voto debido a la cantidad de candidatos.

En contra: Election Integrity Project California y otros críticos, que consideran que eliminar la elección inmediata del reemplazante puede reducir la capacidad de los votantes para decidir directamente quién ocupa el cargo.

¿Quién la financia? La medida es legislativa y no presenta una estructura financiera comparable con las grandes campañas de impuestos o bonos. La disputa es fundamentalmente política y constitucional.

La pregunta clave: si los votantes destituyen a un funcionario, ¿deben decidir ese mismo día quién lo reemplaza o debe abrirse un proceso electoral separado?

PROPOSICIÓN 37: AYUDA PARA COMPRAR CASA

La Proposición 37 permitiría a la Agencia de Financiamiento de Vivienda de California emitir hasta $25 mil millones en bonos para ofrecer préstamos de tasa fija a compradores que ganen hasta el 200% del ingreso medio de su área.

El programa podría cubrir hasta el 17% del precio de una vivienda nueva, permitiendo que una familia que compre una propiedad de $800,000 pueda aportar alrededor de $24,000 como pago inicial, en lugar de necesitar el 20% tradicional.

A favor: California Democratic Party, Xavier Becerra, California Association of Realtors y California Conference of Carpenters. También respaldan la propuesta grupos inmobiliarios y de construcción.

En contra: Reform California y críticos que sostienen que subsidiar la compra no resuelve el problema principal: la escasez y el elevado costo de construir viviendas. Su argumento es que aumentar la capacidad de compra podría incluso sostener precios elevados.

¿Quién financia? Aquí aparece una de las campañas más fuertes de esta primera parte. Según la FPPC, los principales aportantes sumaban $19.7 millones. Building a Better California aportó $6 millones; Homeownership for Families, respaldado por la California Association of Realtors, $4 millones; la California Association of Realtors Issues Mobilization PAC, $1 millón; United Brotherhood of Carpenters, $800,000, y varios comités de carpinteros aportaron otros $900,000.

La medida tiene, por tanto, un fuerte respaldo del sector inmobiliario y de la construcción.

PROPOSICIÓN 38: $8.4 MIL MILLONES PARA INVESTIGACIÓN MÉDICA

Propone $8.4 mil millones en bonos estatales para investigación en inmunología e inmunoterapia, con énfasis en enfermedades como cáncer, enfermedades cardíacas y Alzheimer. La mitad del dinero iría a un instituto de investigación afiliado a la Universidad de California que cumpla determinados requisitos; la otra mitad se distribuiría mediante subvenciones competitivas.

La propuesta busca aprovechar la investigación del sistema inmunológico para desarrollar nuevos medicamentos, vacunas y tratamientos.

Sin embargo, la controversia se muestra porque un solo instituto podría reunir las condiciones para recibir aproximadamente $4.2 mil millones, el California Institute for Immunology and Immunotherapy, asociado con UCLA. Entre los requisitos figuran características muy específicas de tamaño, afiliación universitaria, actividad investigadora y antecedentes de donaciones.

Los promotores rechazan que la medida haya sido escrita para beneficiar exclusivamente a una institución. Sostienen que los requisitos buscan garantizar que el dinero llegue a un centro preparado para desarrollar rápidamente investigaciones de alto nivel.

A favor: científicos, defensores de la investigación biomédica y los promotores de la iniciativa, quienes argumentan que California necesita invertir en ciencia ante la incertidumbre del financiamiento federal.

En contra: algunos investigadores y expertos como Robert Kaplan, exadministrador de investigación de los National Institutes of Health, ha cuestionado que se destine una proporción tan grande a un solo centro y a una sola disciplina.

¿Quién financia? La campaña principal a favor está patrocinada por el Michelson Center for Public Policy. Según la FPPC, Gary K. Michelson y entidades afiliadas aportaron $19.2 millones, mientras Meyer Luskin aportó $5 millones. Otro comité vinculado al Michelson Center recibió otros $10 millones de Michelson.

Si se aprueba el bono, el costo para el estado sería de aproximadamente $500 millones anuales durante 25 años, aunque el estado podría recuperar parte del dinero si las investigaciones financiadas generan ingresos.

SIETE MEDIDAS: ¿BUENAS O MALAS?

Las primeras siete proposiciones oficiales muestran que la elección de noviembre no será solamente una disputa entre demócratas y republicanos. Los electores deben saber quién está pagando para convencerlo.

Esta es apenas la primera parte. Eso no significa que una proposición sea buena o mala. Pero sí ayuda a entender qué intereses consideran que está en juego.