En 1967, los trabajadores agrícolas mexicanos que laboraban en los campos y empacadoras de San José casi no tenían acceso a atención médica que se ajustara a su presupuesto: no contaban con seguro médico laboral, ni suficiente dinero para consultas privadas y tenían barreras con el idioma. Con ayuda de la Escuela de Medicina de Stanford y una iglesia local, la comunidad abrió dos clínicas locales, una en Alviso y otra en el vecindario Gardner, que con el tiempo se convirtieron en Gardner Health Services, hoy atendiendo a decenas de miles de pacientes al año en los condados de Santa Clara y San Mateo.

Esa necesidad persiste hoy, de otra forma. En Silicon Valley, una de las regiones más ricas del país, más de una cuarta parte de las familias no gana lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas sin ayuda pública o privada. Las clínicas comunitarias sin fines de lucro como Gardner existen para hacer la atención accesible a pacientes de bajos ingresos y sin seguro. La Proposición 44, en la boleta estatal de noviembre, pone en riesgo ese modelo.

La Proposición 44 exige que las clínicas comunitarias destinen al menos el 90 por ciento de sus ingresos a la «atención directa al paciente”, teniendo que pagar una penalización al no alcanzar esa meta. El problema: no existe una definición clara de ese término, y la medida delega esa decisión al Fiscal General del estado, quien determinaría qué servicios pueden ofrecer las clínicas. Para el SEIU-UHW, sindicato que impulsa la medida, el mensaje es simple: más dinero a la atención directa, menos a gastos administrativos.

Decenas de clínicas y organizaciones de salud se oponen, encabezadas por la California Primary Care Association, que representa a más de 2,300 clínicas comunitarias en todo el estado, junto con la Asociación Médica de California, Planned Parenthood Affiliates of California y la Asociación de Maestros de California. Estas organizaciones advierten que la regla del 90 por ciento podría quitarles más de $1.7 mil millones de dólares en fondos que hoy en día pagan los servicios de intérpretes, transporte, gestión de casos y personal de enfermería y liderazgo médico, sin una garantía de que esos servicios sean tomados en cuenta para la meta. El resultado, advierten, podría ser recortes, despidos e incluso el cierre de clínicas, sobre todo en zonas rurales que no cuentan con alternativas cercanas.

Dejar en manos del Fiscal General, después de que ya pasaron las cosas, la decisión de qué cuenta como parte de la misión de una clínica, sin garantizar el financiamiento para los servicios que amplían el acceso a la atención médica, no es una forma responsable de legislar. El análisis no partidista de la Oficina del Analista Legislativo de California (LAO) confirma esta incertidumbre, al señalar que los costos dependerán de cómo el Fiscal General defina esos gastos. Según la misma LAO, las clínicas ya reportan gastar en promedio el 80 por ciento de sus ingresos en atención médica.

Las clínicas comunitarias también cuentan con otros mecanismos de rendición de cuentas. La ley federal exige que la mayoría de sus juntas directivas esté conformada por sus propios pacientes, dándoles una voz directa en cómo se administra la clínica. La Proposición 44 no fortalece ese modelo. Simplemente añade supervisión regulatoria por parte de una oficina estatal sin experiencia en salud.

Entre las clínicas del Área de la Bahía y organizaciones de la salud que se oponen a la medida están North East Medical Services, La Clínica de La Raza, Alameda Health Consortium y San Francisco Community Clinic Consortium, junto con decenas de socios comunitarios en todo el estado. Ese mismo modelo, creado para servir a trabajadores agrícolas hace casi 60 años, es hoy parte esencial de la infraestructura de salud de nuestra comunidad que no podemos arriesgarnos a perder. Vote No en la Proposición 44.