A partir del 23 de diciembre de 2022 entrará en vigencia la nueva reglamentación que relaja la norma de “carga pública” a los inmigrantes que solicitan residencia permanente con probabilidad de depender de ayuda pública para su subsistencia.

Según la regla final sobre la nueva norma, publicada en el Registro Federal hace unos días por el Gobierno del presidente Joe Biden, determina que un inmigrante se considera “carga pública”, solo cuando se vuelva principalmente dependiente de la asistencia económica del gobierno para subsistir.

Es decir, las ayudas sociales que se puedan recibir como cupones de comida y beneficios suplementarios de salud pública como Medicaid no serán tenidas en cuenta cuando los inmigrantes buscan alcanzar la Tarjeta Verde (green card). Sin embargo, factores como la educación, los ingresos y las habilidades del beneficiario si se aplicarán a las solicitudes.

La nueva norma de carga pública, emitida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) elimina los cambios realizados por el presidente anterior Donald Trump. Cambios que negaban residencia permanente a los inmigrantes que recibían ciertas ayudas sociales.

El DHS sostuvo que la medida “restaura la noción histórica de ‘carga pública’ que se aplicó por décadas hasta que el gobierno anterior empezó a considerar beneficios tales como Medicaid y la ayuda alimentaria en la evaluación de si alguien era admisible para la residencia legal”.

TRATAMIENTO JUSTO Y HUMANO 

El cambio en la norma de “carga pública” fue parte de las promesas de Biden para deshacer políticas de la administración de Donald Trump (2017-2021), que en el 2019 impuso restricciones para los inmigrantes que usaran o pudieran usar en el futuro servicios de asistencia pública -como cupones de alimentos o subsidio para vivienda-, y que crearon temor en la comunidad inmigrante.

A partir de ahora se entierra definitivamente la política agresiva que impulsó el gobierno anterior. Para el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, las nuevas reglas “aseguran un tratamiento justo y humano a los inmigrantes legales y los miembros de sus familias que son ciudadanos estadounidenses”.

“De acuerdo con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas para acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”, indicó.

En las reglas anunciadas se establece que no se le puede negar la admisión o la residencia permanente a un extranjero porque se estima que por su situación económica podría depender del gobierno para su subsistencia.

Las nuevas reglas “brindan claridad y coherencia a los no ciudadanos sobre cómo el DHS administra el motivo de inadmisibilidad por carga pública”, resaltó el Departamento.

También aclaró que no considerará en las determinaciones de carga pública los beneficios recibidos por otros miembros de la familia.

Tampoco considerará la recepción de ciertos beneficios no monetarios como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), el programa de salud pública Medicaid, beneficios de vivienda y cualquier beneficio relacionado con vacunas o pruebas de enfermedades transmisibles.

NUEVAS REGLAS 

En este punto queremos informar a todos nuestros lectores, que ya no deben sentir ningún tipo de temor cuando soliciten residencia permanente pese a estar recibiendo ayuda pública para su subsistencia.

Claramente tengamos en cuenta cuales son los puntos importantes en estas nuevas regulaciones. En primer lugar, todas las familias inmigrantes elegibles pueden usar los programas de atención médica, nutrición y vivienda sin preocupaciones de carga pública.

En segundo lugar, el uso de los programas de beneficios federales por parte de un niño u otro miembro de la familia ciudadano estadounidense, no afecta la solicitud de estatus migratorio (Tarjeta Verde) de otra persona en su hogar.

Por otro lado, el uso del Medicaid, que es un seguro para que las familias inmigrantes elegibles lo usen para cualquier otra necesidad de atención médica, nunca afectarán las solicitudes de inmigración excepto para el uso a largo plazo de la atención institucional.

Finalmente tomen en cuenta que SNAP, WIC, el Crédito Tributario por Hijos, la Sección 8, programas de efectivo o “cash” y otros programas federales «no monetarios» nunca afectan las solicitudes de inmigración. Tampoco lo afectarán los programas de desempleo, LIHEAP, alivio pandémico, beneficios para veteranos, créditos fiscales y más.

CONFUSIÓN Y MIEDO  

Para aplicar todas estas nuevas reglas el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha actualizado su página web de recursos sobre carga pública con información adicional para ayudar a reducir la confusión y el miedo que podrían impedir que los inmigrantes y sus familias, incluidos los ciudadanos estadounidenses y sus hijos, tengan acceso a servicios importantes del gobierno que están disponibles para ellos.

La directora de USCIS, Ur M. Jaddou, advirtió que “todavía queda mucho por hacer para superar la confusión y el miedo”; sin embargo se continuará trabajando para “eliminar las cargas excesivas en el proceso de solicitud” de residencia.

USCIS continúa la aplicación de la causal de inadmisibilidad por motivos de carga pública (sección 212(a)(4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad) según lo establecido en la Guía Provisional de Campo de 1999 para determinar si un no ciudadano es inadmisible por motivos de carga pública.

En el contenido actualizado que proporciona USCIS aclara que son relativamente pocos los no ciudadanos en Estados Unidos que están sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública y son elegibles para los beneficios públicos considerados bajo la Guía Provisional de Campo de 1999, incluidos la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y programas (incluido Medicaid) que apoyan a no ciudadanos que están en instituciones de cuidado a largo plazo a expensas del gobierno.

EXENTOS DE “CARGA PÚBLICA” 

La regla confirma que las personas que solicitan la ciudadanía estadounidense no están sujetas a carga pública, al igual que las personas que solicitan o reciben asilo, los inmigrantes con estatus de refugiado o TPS, los jóvenes inmigrantes especiales y los titulares de visas de inmigrantes especiales afganos o iraquíes. 

Los auto peticionarios de VAWA y los sobrevivientes que solicitaron o recibieron el estatus T o U generalmente están exentos de una evaluación de carga pública.