El paso de funcionarios públicos a cabilderos en San José no es un fenómeno nuevo, pero el campo se está volviendo más concurrido. Sergio Jiménez, concejal de San José, ha iniciado una firma de consultoría antes de dejar su cargo a finales de año. Se unirá al ex concejal Raúl Peralez en su empresa conjunta, Brownstone Strategies, para hacer lobby ante funcionarios locales y agencias públicas en temas como uso de suelo, desarrollo y gestión de crisis.
Esta situación, conocida como «puerta giratoria», genera preocupación por posibles ventajas injustas para influir en antiguos colegas. Para mitigar estos riesgos, San José implementó un período de «reflexión» de dos años, reduciéndolo recientemente a uno, durante el cual los exfuncionarios no pueden hacer lobby en la ciudad.
Jiménez afirma cumplir con estas reglas y, aunque ya tiene dos clientes, no reveló sus nombres. Peralez, quien también tiene su propia consultora, asegura que su prioridad sigue siendo su trabajo en el Departamento de Policía de San José.
El fenómeno no es exclusivo de estos dos exfuncionarios. Actualmente, San José cuenta con 56 firmas de lobby registradas. Incluso la ex concejal Magdalena Carrasco y el ex alcalde Sam Liccardo han iniciado sus propias firmas de consultoría, compitiendo en un mercado saturado.
Aunque el cabildeo es una parte esencial de la democracia, se plantea la preocupación de que el lobby pagado favorezca a los ricos. Expertos en ética abogan por regulaciones que garanticen la justicia y equidad en el proceso democrático, asegurando que todos los intereses sean representados de manera justa.
