Una decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito frena nuevas condiciones impuestas por la administración Trump a fondos destinados a vivienda, transporte y servicios para personas sin hogar. El fallo protege recursos que impactan directamente a las comunidades del condado de Santa Clara.
Millones de dólares destinados a vivienda, transporte, infraestructura y programas para personas sin hogar seguirán disponibles para Santa Clara County después de que una corte federal de apelaciones respaldara, en gran parte, una decisión que bloquea nuevas condiciones impuestas por la administración del presidente Donald Trump a determinados fondos federales.
El fallo, emitido por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, representa una importante victoria legal para Santa Clara County y decenas de gobiernos locales que cuestionaron las condiciones agregadas por los departamentos federales de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y Transporte (DOT).
La disputa tiene una consecuencia concreta para los residentes: evitar que recursos destinados a servicios públicos queden condicionados a aceptar políticas federales que, según los gobiernos locales demandantes, fueron incorporadas después de que los fondos ya habían sido otorgados.
En el año fiscal 2024-25, el Condado de Santa Clara recibió aproximadamente $140 millones del Departamento de Transporte y $45 millones de HUD, recursos que ayudan a financiar proyectos de transporte, desarrollo comunitario, vivienda y programas relacionados con la falta de vivienda.
EL DINERO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
El caso comenzó en mayo de 2025, cuando el Condado de Santa Clara, San Francisco y otros gobiernos locales acudieron a los tribunales para cuestionar las nuevas exigencias federales.
La administración Trump había incorporado condiciones a determinados programas que exigían certificaciones relacionadas con leyes contra la discriminación y restricciones sobre el uso de fondos para actividades vinculadas con inmigración, aborto y políticas de diversidad, equidad e inclusión.
El Noveno Circuito concluyó que varias de esas condiciones excedían la autoridad que el Congreso había otorgado a las agencias federales. Sin embargo, el tribunal hizo una distinción importante: algunas obligaciones antidiscriminatorias sí pueden aplicarse a los programas que reciben directamente asistencia federal.
Es decir, el fallo no elimina todas las condiciones, pero sí limita de manera significativa la capacidad de las agencias federales para imponer requisitos adicionales y amplios sobre programas que ya habían recibido financiamiento.
La decisión también rechazó que las agencias pudieran exigir determinadas certificaciones como condición para evitar posibles responsabilidades bajo la Ley de Reclamaciones Falsas y bloqueó otras exigencias relacionadas con la verificación migratoria y el uso de fondos federales.
“NO PUEDEN USAR LOS FONDOS COMO UN ARMA”
Tony LoPresti, abogado del condado de Santa Clara, consideró que el fallo permite que los gobiernos locales continúen utilizando los recursos federales sin la amenaza permanente de perderlos por no aceptar condiciones que consideran ilegales. La decisión permite al condado seguir utilizando los fondos federales de Vivienda y Desarrollo Urbano, prevención de la falta de vivienda e infraestructura, sin enfrentar la posibilidad de que el gobierno federal cancele los recursos o tome medidas de cumplimiento por las nuevas exigencias. Para una familia que necesita una vivienda asequible, una persona que depende de un programa para evitar quedarse en la calle o un residente que utiliza infraestructura financiada con recursos federales, la batalla legal en Washington o San Francisco puede parecer distante.
Jill Habig, fundadora de Public Rights Project, organización que representa a la coalición de gobiernos locales, calificó el fallo como una victoria para los ciudadanos.
MILES DE PERSONAS DEPENDEN DE ESTOS RECURSOS
El condado de Santa Clara ha advertido que las acciones de la administración Trump podrían poner en riesgo aproximadamente $3.6 mil millones en fondos federales anuales que llegan al condado, según estimaciones citadas previamente por funcionarios locales.
En uno de los litigios relacionados, los tribunales también protegieron $48 millones destinados a programas para personas sin hogar, recursos que permitieron mantener alojadas a más de 1,800 personas.
La preocupación es particularmente importante en Silicon Valley, donde el alto costo de la vivienda y la falta de unidades asequibles han convertido el acceso a vivienda en uno de los principales desafíos sociales.
Una reducción repentina de fondos federales podría afectar programas que muchas familias no conocen directamente, pero que funcionan detrás de escena: subsidios, asistencia para vivienda, prevención de desalojos, servicios para personas sin hogar, infraestructura y transporte.
Por su parte, la supervisora del condado de Santa Clara, Betty Duong, sostuvo que el fallo confirma que los fondos destinados a vivienda y transporte no pueden convertirse en una herramienta para imponer una agenda política.
Dijo que la administración federal no puede poner en riesgo los servicios de vivienda y transporte reteniendo fondos que no coinciden con su agenda.
Los residentes de Santa Clara, por ahora, tienen claro que los millones de dólares federales siguen protegidos.
La batalla, sin embargo, no ha terminado. El fallo del Noveno Circuito es una decisión importante, pero el litigio continúa en un futuro cercano,
