El alcalde de San José, Matt Mahan, ha presentado una controvertida propuesta que podría llevar al arresto de personas sin hogar que rechacen repetidamente las opciones de refugio ofrecidas por la ciudad. La iniciativa, denominada «Responsabilidad de Refugio», busca penalizar a quienes se nieguen a aceptar alojamiento tras tres intentos en un período de 18 meses, acusándolos de allanamiento de morada.

El objetivo de la propuesta es canalizar a estas personas hacia el sistema de tribunales de salud conductual del condado de Santa Clara y obligarlas a recibir tratamiento. Sin embargo, la medida solo se aplicaría a personas sin hogar que vivan cerca de nuevos refugios. San José planea añadir 1,000 camas en refugios durante el próximo año, con sitios como Cherry Avenue, Vía Del Oro y la ampliación de Rue Ferrari próximos a inaugurarse. A pesar de estas nuevas instalaciones, la ciudad sigue enfrentando un grave problema de indigencia, con aproximadamente 6,340 personas sin hogar, de las cuales unas 5,550 viven en la calle.

Mahan enfatizó que la colaboración con el condado es clave para el éxito de su plan. Sin embargo, la escasez de camas en centros de tratamiento de salud mental y adicciones representa un obstáculo significativo. «La ciudad no puede hacerlo sola», afirmó Mahan. «El condado tiene un sistema robusto de tribunales de drogas y salud conductual con expertos que pueden ayudar a encontrar el mejor camino para estas personas».

El director ejecutivo del condado, James Williams, respondió a la propuesta recordando que «ser una persona sin hogar no es un crimen, es una tragedia», y enfatizó que arrestarlas no es la solución. Un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado también señaló que la propuesta probablemente no aumentaría la población carcelaria, ya que los arrestos por allanamiento generalmente resultan en citaciones y liberaciones inmediatas.

Sin embargo, la viabilidad de la medida ha sido puesta en duda por algunos funcionarios. El concejal del Distrito 5, Peter Ortiz, cuestionó cómo se financiaría la implementación de la iniciativa en medio de un panorama presupuestario complicado. «El Departamento de Policía de San José ya está sobrecargado y hay leyes en vigor que no se están aplicando. Agregar más responsabilidades a una fuerza laboral agotada no es la solución», afirmó.

A pesar de las críticas, el presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de San José, Steve Slack, respaldó la propuesta, argumentando que muchas personas sin hogar terminan en San José después de ser liberadas de la cárcel o de servicios psiquiátricos en el condado. «San José está cargando con la mayor parte del problema de indigencia de la región», dijo Slack.

El Departamento de Bomberos también se ha visto afectado, recibiendo 10,000 llamadas relacionadas con personas sin hogar el año pasado, 2,000 de ellas por incendios. Greg Tuyor, jefe de batallón, expresó su preocupación: «No estamos preparados para manejar esto. Aliviar esta carga mejoraría nuestros servicios y reduciría el estrés y la fatiga de nuestros bomberos».

No obstante, defensores de los derechos de las personas sin hogar advierten que criminalizar la indigencia solo agravará el problema. Ray Bramson, director de operaciones de Destination: Home, subrayó la importancia del enfoque basado en relaciones y apoyo continuo. «Muchas personas sin hogar han sufrido traumas severos. La mejor manera de ayudarlas es a través del compromiso sostenido, no del castigo», afirmó.

Jodi Botkin, una residente que recientemente encontró alojamiento en el nuevo refugio de Branham Lane, también criticó la propuesta. «Hacerlo ilegal no es justo. Solo empeorará la situación de estas personas», comentó Botkin.

Mientras el Concejo Municipal de San José se prepara para debatir la medida en el próximo proceso presupuestario, la comunidad sigue dividida entre quienes ven en la propuesta una solución práctica y quienes la consideran una criminalización de la pobreza.