Vivir en un apartamento con moho, cucarachas, filtraciones y condiciones que ponen en riesgo la salud es una realidad que enfrentan numerosos inquilinos en San José. Ante la persistencia de estos problemas, organizaciones comunitarias y defensores de los derechos de los arrendatarios impulsan la campaña Hogares Saludables (Healthy Homes), que exige al Ayuntamiento fortalecer las inspecciones, sancionar a propietarios incumplidos y garantizar que las viviendas de alquiler sean seguras y habitables.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Law Foundation of Silicon Valley, Latinos United for a New America (LUNA) y Regional Tenant Organizing Network. Su objetivo es reformar los mecanismos municipales de supervisión para evitar que las infracciones se repitan durante años sin soluciones definitivas.

La urgencia de esta demanda queda reflejada en las cifras presentadas por la Law Foundation: durante los últimos tres años se registraron aproximadamente 23.000 infracciones al código de vivienda, detectadas por residentes o documentadas por los inspectores municipales. Según la organización, solamente un caso terminó en multas impuestas por la Junta de Audiencias de Apelación encargada de revisar asuntos de cumplimiento normativo.

La cifra no significa que todas las infracciones continúen sin resolverse. La ciudad sostiene que muchas fueron corregidas voluntariamente por los propietarios. Sin embargo, las organizaciones denuncian que el sistema permite que algunos problemas reaparezcan o permanezcan pendientes pese a las reiteradas quejas de los residentes.

¿QUÉ EXIGE LA CAMPAÑA?

La coalición pide al Ayuntamiento de San José que apruebe medidas más estrictas para garantizar que los propietarios cumplan sus obligaciones y que las viviendas no representen un peligro para quienes las habitan.

Entre las principales propuestas figuran:

– Inspecciones independientes: que terceros realicen las revisiones de los edificios, en lugar de depender de informes elaborados por los propios propietarios.

– Revisiones de todo el edificio: cuando se confirme una infracción en un apartamento, inspeccionar otras unidades para detectar problemas similares.

– Registro de propietarios reincidentes: identificar a quienes acumulan incumplimientos y facilitar un seguimiento más riguroso.

– Multas efectivas: aplicar consecuencias económicas cuando los propietarios no solucionen las infracciones dentro de los plazos establecidos.

– Mayor supervisión municipal: reforzar el seguimiento de las denuncias y evitar que las reparaciones temporales oculten problemas estructurales.

La campaña busca que la reparación de una vivienda no dependa exclusivamente de la insistencia del inquilino o de la voluntad del propietario. También pretende que los residentes conozcan sus derechos y puedan denunciar condiciones peligrosas sin temor a represalias.

La coalición ha ayudado a entre 300 y 400 residentes a organizar grupos de inquilinos en el sur y el este de San José, así como en el centro de la ciudad.

¿POR QUÉ NO SE HA APLICADO COMPLETAMENTE?

Uno de los principales obstáculos es la capacidad limitada de la ciudad para inspeccionar y supervisar miles de propiedades.

San José cuenta con 16 inspectores para más de 110.000 apartamentos distribuidos en aproximadamente 6.750 edificios. Esta proporción representa una enorme carga de trabajo, especialmente cuando las denuncias requieren visitas, documentación, seguimiento y nuevas inspecciones para comprobar que las reparaciones se hayan realizado correctamente.

Actualmente, la ciudad utiliza un sistema de inspecciones en tres niveles, con revisiones cada tres, cinco o seis años, según el historial de infracciones del edificio. Las propiedades con mayores problemas se inspeccionan con más frecuencia, mientras que algunos propietarios de edificios clasificados en el nivel de menor riesgo presentan sus propias inspecciones anuales.

Los defensores de los inquilinos consideran que este mecanismo presenta debilidades. Gabriel Manrique, organizador de LUNA, sostiene que la falta de personal y la dependencia de informes elaborados por los propios propietarios dificultan una supervisión eficaz.

También existe una barrera que afecta especialmente a las familias vulnerables: algunos inquilinos desconocen cómo presentar una denuncia formal o temen que el propietario tome represalias, incluido el riesgo de perder su vivienda.

Por su parte, la ciudad afirma que ya está trabajando en algunos de los cambios solicitados. Marika Krause, portavoz del Departamento de Planificación, Construcción y Cumplimiento del Código, informó que durante la primavera se puso en marcha un programa piloto para imponer consecuencias más severas a los propietarios que dejan infracciones sin resolver.

El alcalde Matt Mahan también pidió a los responsables municipales que se reúnan con la coalición para revisar los casos pendientes y comprobar que las denuncias estén siendo atendidas.

Aunque estas acciones representan avances, todavía no equivalen a la aprobación integral de todas las reformas exigidas por la campaña. La coalición busca compromisos más amplios y mecanismos permanentes de cumplimiento.

MULTAS Y ÓRDENES MUNICIPALES

Durante el último año fiscal, San José emitió 32 citaciones y más de 500 órdenes de cumplimiento, según información municipal.

Las citaciones se utilizan para infracciones que pueden corregirse con relativa facilidad, como problemas de deterioro exterior o grafitis. Las multas pueden oscilar entre 25 y 1.000 dólares o más por infracción, según las circunstancias.

En los casos relacionados con la salud y la seguridad, la ciudad puede emitir órdenes de cumplimiento. Si el propietario no las atiende, pueden imponerse multas mayores mediante la junta de apelaciones.

La controversia radica en que, según los defensores de los inquilinos, el sistema actual no siempre consigue que los propietarios resuelvan las causas originales de los problemas.

Tristia Bauman, directora jurídica de vivienda de la Law Foundation, explicó que algunas reparaciones son solamente superficiales. Por ejemplo, limpiar las paredes con moho sin reparar una filtración puede hacer que el problema reaparezca.

EL DESAFÍO PARA SAN JOSÉ

La campaña Hogares Saludables plantea una pregunta fundamental para una ciudad con un alto costo de vivienda: ¿cómo garantizar que las familias reciban condiciones habitables a cambio del alquiler que pagan?

Para los promotores de la iniciativa, la respuesta requiere más capacidad de inspección, mayor transparencia y consecuencias reales para quienes incumplan reiteradamente las normas.

La ciudad, por su parte, sostiene que comparte el objetivo de evitar condiciones inseguras e insalubres y afirma estar dispuesta a colaborar con las organizaciones.

El resultado dependerá de si las conversaciones se traducen en reformas concretas, recursos suficientes y mecanismos que permitan verificar las reparaciones.