Las empresas tecnológicas buscan frenar una ley que limita funciones consideradas adictivas para usuarios menores de 16 años. La disputa abre un debate sobre la salud mental de niños y adolescentes y la responsabilidad de las plataformas digitales.
La protección de niños y adolescentes frente a los riesgos de las redes sociales se ha convertido en un nuevo escenario de confrontación entre el Gobierno de California y las grandes empresas tecnológicas. Google, Meta y TikTok presentaron demandas judiciales contra el estado para impedir la aplicación de una ley que busca limitar las funciones digitales consideradas adictivas entre los menores de 16 años.
La medida, identificada como Ley 1709 de la Asamblea (AB 1709), fue firmada por el gobernador Gavin Newsom el 10 de septiembre de 2026 y tiene previsto entrar en vigor el 1 de enero de 2027. Su objetivo es reducir el uso compulsivo de las redes sociales mediante restricciones a herramientas diseñadas para mantener a los usuarios conectados durante largos periodos.
Entre las funciones que contempla regular se encuentran el desplazamiento infinito de publicaciones (infinite scroll), la reproducción automática de videos (autoplay) y los sistemas de recomendaciones personalizadas que seleccionan contenidos de acuerdo con los hábitos y preferencias de cada usuario.
La legislación también establece mecanismos de verificación de edad y crea una Comisión Estatal de Seguridad Electrónica para asesorar y supervisar las políticas de protección en el entorno digital.
Las empresas alegan violación de sus derechos
Las compañías tecnológicas presentaron demandas por separado ante tribunales federales. Su principal argumento es que la legislación vulnera la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión.
También invocan la Ley de Decencia en las Comunicaciones, particularmente su Sección 230, que establece determinadas protecciones legales para las plataformas respecto al contenido publicado por terceros.
Las empresas sostienen que el gobierno estaría interviniendo en la manera en que organizan y presentan la información a sus usuarios. Google, por su parte, considera que las restricciones podrían afectar sus sistemas para ofrecer contenidos apropiados para las distintas edades.
Las compañías también cuestionan que el Estado tenga la facultad de determinar cómo deben presentarse los contenidos digitales a los menores.
Sin embargo, las autoridades californianas han anunciado que defenderán la legislación. El gobernador Newsom ha sostenido que la seguridad de los niños debe ocupar un lugar central en cualquier decisión relacionada con la tecnología y que las medidas de protección deben avanzar al mismo ritmo que la innovación.
La salud mental de los jóvenes, en el centro del debate
Las plataformas digitales enfrentan numerosas demandas en Estados Unidos por presuntos daños relacionados con el diseño de sus aplicaciones y su impacto en la salud mental de los menores.
En marzo de 2026, un jurado de Los Ángeles declaró responsables a Meta y Google por características de diseño de Instagram y YouTube que, según el caso presentado, favorecían el uso compulsivo entre jóvenes. La demanda fue promovida por una joven que atribuyó parte de sus problemas de salud mental al uso prolongado de estas plataformas.
Asimismo, en marzo, un jurado de Nuevo México ordenó a Meta pagar 375 millones de dólares tras encontrarla responsable de engañar a los consumidores sobre la seguridad de sus plataformas y los riesgos para los menores. En agosto, un juez añadió otros 567 millones de dólares en medidas destinadas a atender los daños relacionados con la salud mental juvenil, elevando la responsabilidad económica de la empresa en ese estado a 942 millones.
Estos procesos reflejan una creciente preocupación de las autoridades y las familias por las consecuencias que puede tener el diseño de las redes sociales sobre el desarrollo emocional de niños y adolescentes.
Las familias también tienen un papel fundamental
Para la comunidad, especialmente para los padres y educadores, esta disputa representa una oportunidad para reflexionar sobre el uso de la tecnología en el hogar y las escuelas.
Las redes sociales pueden facilitar el aprendizaje, la comunicación y el acceso a información; sin embargo, su utilización sin límites también puede desplazar horas de sueño, afectar el rendimiento escolar, reducir la convivencia familiar y exponer a los menores a contenidos perjudiciales.
La responsabilidad no debe recaer únicamente en los padres. Las empresas que desarrollan estas plataformas también deben considerar las consecuencias de sus diseños, los mecanismos de recomendación y las herramientas que prolongan el tiempo de permanencia de los usuarios.
Mientras los tribunales evalúan los argumentos de las compañías y del estado, la discusión plantea una pregunta que involucra a toda la sociedad: ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad de las empresas tecnológicas cuando sus productos están dirigidos a niños y adolescentes?
La protección de la infancia en el mundo digital requiere la participación de las autoridades, las familias, las escuelas y las propias compañías. El desafío es lograr que la tecnología sea una herramienta de desarrollo y comunicación, y no un factor que comprometa el bienestar y la salud mental de las nuevas generaciones. Con información de EFE
