Los legisladores estatales y federales del Área de la Bahía están pasando de las palabras a la acción. En medio de operativos migratorios que han sembrado miedo en comunidades inmigrantes de todo el país, representantes de Silicon Valley han presentado una batería de proyectos de ley para limitar el poder de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), aumentar la supervisión y golpear financieramente a las empresas que se benefician de la detención de inmigrantes. Aunque en el condado de Santa Clara no se han registrado redadas masivas como las reportadas en otras ciudades, líderes comunitarios aseguran que el impacto ya se siente en escuelas, negocios y hogares latinos.

Golpear donde más duele: el bolsillo

El asambleísta Alex Lee presentó la AB 1675, que busca eliminar exenciones fiscales a contratistas de ICE, incluidas prisiones privadas en California. Según Lee, la medida pretende ejercer presión financiera sobre las empresas para que dejen de colaborar con la agencia en medio de denuncias por operativos y acciones controversiales.

Según datos proporcionados por su oficina, las corporaciones en California —incluidas aquellas que tienen contratos con ICE— reciben aproximadamente 40 mil millones de dólares en beneficios fiscales subsidiados por los contribuyentes. Entre las industrias que se benefician figuran compañías de software, servicios de seguridad armada y transporte, además de operadores de prisiones privadas.

La intención del legislador es clara: si se elimina el incentivo económico, se debilita la maquinaria de detención.

Miedo en las aulas y en los negocios

Para organizaciones comunitarias, las propuestas legislativas son una respuesta directa al clima de temor que se vive en barrios latinos.

Huy Tran, director ejecutivo de Services, Immigrant Rights and Education Network (SIREN), señaló anteriormente que la línea directa de la Red de Respuesta Rápida —que documenta actividad de ICE y ofrece apoyo legal de emergencia— recibe más de 120 llamadas en algunos días.

El miedo ha provocado que estudiantes en San José falten a clases y que negocios latinos registren menos clientes. Algunos residentes indocumentados incluso han optado por la autodeportación ante el temor de ser detenidos.

Miriam Arif, portavoz de SIREN, afirmó que, si un modelo de detención lucra con el encarcelamiento, no debería recibir incentivos fiscales, y señaló que estas iniciativas buscan alinear la política pública con valores de justicia y respeto hacia las comunidades inmigrantes.

Un plan federal más ambicioso

A nivel nacional, el congresista Ro Khanna ha ido aún más lejos. Su proyecto H.R. 1030, conocido como “End ICE Abuse”, propone un plan de diez puntos que incluye retirar fondos a ICE, iniciar procesos de juicio político contra la fiscal general Pam Bondi y la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, además de exigir inspecciones independientes y estándares humanitarios estrictos en centros de detención.

“No autorizaré un dólar adicional para ICE”, declaró Khanna en un comunicado.

Su distrito incluye el norte de San José, Cupertino, Santa Clara, Sunnyvale, Milpitas y partes del condado de Alameda, zonas con alta presencia de trabajadores inmigrantes en el sector tecnológico y de servicios.

Pomaikai Neil, enfermero en Kaiser Permanente Santa Clara y miembro de la Asociación de Enfermeras de California, respaldó la propuesta. “Los 75 mil millones de dólares que se están usando para militarizar nuestras comunidades deberían invertirse en Medicaid, Medicare, combatir la inseguridad alimentaria y fortalecer la educación”, sostuvo.

Distanciarse de empresas vinculadas a ICE

En un gesto político significativo, Khanna anunció que rechazará futuras donaciones individuales de la empresa tecnológica Palantir Technologies, que ha desarrollado plataformas para rastrear y localizar inmigrantes para ICE.

Desde 2011, el congresista había recibido cerca de 50 mil dólares en contribuciones de campaña vinculadas a la compañía, incluidos casi 7 mil el año pasado. Ahora, asegura que donará esos fondos a organizaciones que defienden a inmigrantes.

“Ro es el primer miembro del Área de la Bahía en comprometerse a rechazar futuras contribuciones individuales de Palantir”, señaló su portavoz.

Demandas contra ICE y agentes identificados

En Sacramento, el senador estatal Scott Wiener impulsa la SB 747, conocido como “No Kings Act”, que permitiría a personas demandar a ICE por daños monetarios, incluso por violaciones a la Primera Enmienda.

Además, promovió el “No Secret Police Act”, que obligaría a agentes federales a identificarse, y coescribió el “No Vigilantes Act”, que exige a las fuerzas del orden portar insignias visibles. Aunque el gobernador Gavin Newsom firmó estas leyes en septiembre, actualmente enfrentan impugnaciones en tribunales federales.

Para Wiener y sus aliados, la transparencia es fundamental. Argumentan que ningún agente debería operar encapuchado o sin identificación en comunidades civiles.

Impuesto del 50% a centros de detención

El Concejo Municipal de San José votó recientemente a favor de la AB 1633, presentada por el asambleísta de San Francisco Matt Haney. La medida busca imponer un impuesto del 50% sobre las ganancias de empresas privadas que operan centros de detención migratoria.

El debate cobra relevancia tras la apertura de una nueva instalación en el condado de Kern, administrada por CoreCivic, con capacidad para 2,560 camas, el mayor centro de detención de ICE en California.

Simples debates

Para la comunidad latina del Área de la Bahía, estas propuestas no son simples debates políticos. Son intentos concretos de reducir el miedo, fortalecer derechos y enviar una señal de respaldo.

Sin embargo, el camino no será sencillo. Muchas de estas iniciativas enfrentan obstáculos en el Congreso, en la Legislatura estatal y en los tribunales federales.

Lo que sí está claro es que los representantes de Silicon Valley están dispuestos a confrontar directamente la política migratoria federal.