La Agencia de Transporte del Valle de Santa Clara (VTA, por sus siglas en inglés) está considerando si unirse a una propuesta de impuesto sobre las ventas de alcance regional para apoyar al transporte público en el Área de la Bahía. Esta decisión clave forma parte de una discusión más amplia sobre cómo equilibrar las necesidades locales con las oportunidades de financiamiento regional.

El debate gira en torno al Proyecto de Ley del Senado 63 (SB 63), presentado por los senadores Scott Wiener y Jesse Arreguin, que permitiría a ciertas agencias de transporte —excluyendo actualmente a la VTA— incluir un nuevo impuesto sobre las ventas en la boleta electoral de noviembre de 2026. Este impuesto beneficiaría directamente a las agencias de tránsito seleccionadas y podría generar recursos vitales para mantener y expandir servicios.

Durante un taller celebrado el pasado 25 de abril, el personal de la VTA presentó a la junta directiva un análisis del SB 63 y otras posibles fuentes de ingresos, incluida la renovación de la Medida A, un impuesto local de medio centavo aprobado en 2000 que expira en 2036. La Medida A representa cerca del 9.6% del presupuesto anual de VTA, aportando alrededor de 60 millones de dólares en el año fiscal 2025.

La junta tiene previsto evaluar más a fondo estas opciones —incluyendo resultados de encuestas de opinión pública— durante su próxima reunión de directivos.

Tensiones entre lo regional y lo local

Una de las principales interrogantes es si los votantes del condado de Santa Clara verán beneficios equitativos en una medida regional. Glenn Hendricks, exalcalde de Sunnyvale y exmiembro de la junta de VTA, expresó su preocupación de que los fondos recaudados se distribuyan en otras zonas del Área de la Bahía, en detrimento del propio Silicon Valley.

“Esos otros condados pueden hacer lo que quieran, pero no creo que a los votantes del condado de Santa Clara les convenga participar en eso”, dijo Hendricks. “Mi problema es, muy egoístamente, que yo, como votante y contribuyente, solo quiero que mi dinero se quede aquí”.

Este enfoque pragmático contrasta con el ideal de colaboración regional, una visión impulsada desde Sacramento, pero que no termina de convencer a todas las jurisdicciones locales.

En busca de equilibrios

Por su parte, la activista Mónica Mallon, instó a la junta de VTA a no perder de vista las necesidades de los pasajeros locales. “La VTA ha demostrado claramente su capacidad para recuperarse y aumentar el número de pasajeros, y eso demuestra que los usuarios se beneficiarían de un mayor servicio”, comentó.

Mallon también expresó reservas sobre la constitucionalidad de una iniciativa de votantes impulsada por una ley estatal, y advirtió sobre las dificultades de lograr el 66.7% de aprobación requerido para medidas fiscales, especialmente en un contexto económico incierto.

A pesar de estas tensiones, la VTA no descarta un enfoque dual: sumarse a una medida regional y, simultáneamente, impulsar una propuesta específica para el condado. Esta opción podría diversificar las fuentes de financiamiento, aunque conlleva un mayor desafío político y logístico.

Obligaciones con Caltrain y el futuro del transporte

Aunque la VTA no está actualmente incluida entre las agencias beneficiarias del SB 63, sus funcionarios subrayaron que los ingresos adicionales serían cruciales para cumplir con compromisos financieros existentes, como su contribución a Caltrain.

El debate sobre cómo financiar el transporte público no es nuevo, pero cobra renovada urgencia en un momento en que los sistemas de tránsito buscan recuperarse tras los impactos de la pandemia y frente a un crecimiento poblacional que exige soluciones sostenibles de movilidad.

La decisión que tome la VTA podría marcar el rumbo del transporte público en el sur del Área de la Bahía para la próxima década.