El próximo 4 de noviembre los votantes del condado de Santa Clara decidirán si aprueban un aumento de cinco octavos de centavo en el impuesto a las ventas, destinado a evitar el colapso del sistema hospitalario público más grande del norte de California ante recortes federales millonarios.

La Junta de Supervisores aprobó por unanimidad incluir la medida en la boleta electoral especial, en la que también se elegirá al reemplazo del ex tasador del condado, Larry Stone. La propuesta busca recaudar unos 330 millones de dólares anuales hasta 2031, aunque la cifra no cubriría por completo las pérdidas proyectadas de 1,400 millones de dólares hacia 2030, derivadas de recortes a Medicaid (Medi-Cal en California) y otros programas de asistencia social tras la aprobación de la ley fiscal del presidente Donald Trump.

“Es una magnitud extraordinaria que nos obliga a hacer cosas extraordinarias, pero no podemos hacerlo solos”, advirtió el administrador del condado, James Williams, quien recalcó que también se aplicarán recortes internos para preservar los servicios más esenciales.

El sistema hospitalario del condado incluye cuatro hospitales y 15 clínicas, entre ellos dos de los tres centros de trauma de la región y el único centro de atención de quemaduras de la Bahía. Atiende a una población donde uno de cada cuatro residentes depende de Medi-Cal y el 50% de sus pacientes se cubren por este programa.

La supervisora Susan Ellenberg urgió a no posponer la decisión: “No podemos sentarnos a decirnos que no será tan grave, porque créanme: lo será”.

Profesionales médicos y defensores comunitarios advirtieron que los recortes federales podrían saturar aún más los servicios de emergencia y aumentar los tiempos de espera, incluso para quienes cuentan con seguro privado. Dan Nelson, jefe de Medicina de Emergencias del Valley Medical Center, alertó que su departamento ya opera al 207% de capacidad y a veces supera el 500%. “Estamos al límite de lo que el sistema puede sostener”, afirmó.

No todos están a favor. Grupos de contribuyentes han prometido oponerse, argumentando que el impuesto es regresivo y afectará más a las familias trabajadoras. También cuestionan la poca antelación y el horario de la reunión donde se aprobó llevar la medida a votación.

La propuesta necesita una mayoría simple —más del 50%— para ser aprobada. De conseguir el apoyo ciudadano, el incremento entraría en vigor el 1 de abril de 2026.

Mientras tanto, el condado explora la creación de un comité de supervisión para garantizar que los fondos se utilicen de manera transparente, en un momento en que la salud pública y el acceso a la atención médica se han convertido en uno de los temas más urgentes para la región.

VTA SE UNE A INICIATIVA DE IMPUESTOS A LA VENTA

Después de meses de debate, la Junta de la Agencia de Transporte del Valle de Santa Clara (VTA) votó por unanimidad unirse a una propuesta que podría llegar a las urnas en 2026: un impuesto regional de medio centavo para salvar y mejorar el transporte público en el Área de la Bahía.

Con esta medida, VTA podría recibir $264 millones al año durante 14 años, dinero vital para mantener buses y trenes en circulación, proteger empleos y financiar mejoras que faciliten la vida diaria de miles de personas que dependen del transporte para trabajar, estudiar o recibir atención médica. Además, casi el 95% de lo recaudado en el condado se reinvertiría en la propia comunidad, garantizando que el beneficio se quede en casa.

“Es la oportunidad de estabilizar el sistema y ganar tiempo para transformarlo”, afirmó Greg Richardson, subgerente general de VTA. La propuesta también ayudaría a otras agencias como BART y Caltrain, en un momento crítico en que los ingresos caen y el futuro del transporte regional está en juego.