Desde la elección del próximo gobernador hasta las decisiones sobre vivienda, seguridad, salud y presupuesto municipal, la participación latina será fundamental el 3 de noviembre. En San José, los distritos 5, 7 y 9 definirán prioridades que afectan directamente a las familias trabajadoras y a los vecindarios de la comunidad.

Mediante un análisis publicado por el Pew Research Center el 10 de septiembre de 2026, alrededor de 39 millones de hispanos son elegibles para votar en las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026.

La comunidad latina tiene una oportunidad decisiva para influir en el rumbo político y social de California en las próximas elecciones. Según reportes, en California, hay alrededor de  7.9 millones de votantes latinos elegibles.

La elección del Gobernador y las contiendas por los Concejo Municipales en nuestra ciudad de San José capital de Silicon Valley no solo determinarán quién ocupará cargos públicos, sino también qué políticas se impulsarán frente a la crisis de vivienda, el elevado costo de vida, el acceso a la atención médica, la seguridad pública y la protección de las familias inmigrantes.

El voto latino no debe entenderse como una fuerza política uniforme ni como un respaldo automático a un partido. Es una comunidad diversa, con distintas experiencias, prioridades y opiniones. Sin embargo, comparte preocupaciones fundamentales sobre la posibilidad de vivir dignamente, acceder a servicios esenciales y construir un futuro económico estable.

La contienda por la gobernación de California enfrenta al demócrata Xavier Becerra y al republicano Steve Hilton, quienes presentan propuestas diferentes para responder a las dificultades económicas que afectan a millones de residentes.

Becerra propone una mayor intervención del Estado para ampliar las oportunidades y reducir gastos esenciales. Entre sus iniciativas figuran financiar 40.000 viviendas asequibles que ya cuentan con aprobación, impulsar la construcción residencial, intentar contener las tarifas de servicios públicos y seguros, ampliar el acceso a la salud y reducir costos administrativos de las aseguradoras.

En materia migratoria, plantea defender las leyes de California que limitan la cooperación de las autoridades locales con los organismos federales de inmigración.

Hilton, por su parte, propone reducir impuestos y regulaciones. Entre sus principales iniciativas están eliminar el impuesto estatal sobre los primeros 150.000 dólares de ingresos, reducir a la mitad el impuesto estatal a la gasolina, facilitar la construcción de viviendas y promover préstamos para compradores primerizos.

Su propuesta también contempla modificar las políticas de seguridad y eliminar la cobertura de Medi-Cal financiada por el estado para inmigrantes indocumentados, además de revocar la legislación que limita la cooperación policial con ICE.

Para los votantes latinos, estas diferencias tienen consecuencias directas. Las familias deben evaluar cómo cada programa podría afectar sus ingresos, el acceso a la atención médica, las posibilidades de adquirir una vivienda y la protección de sus seres queridos.

Aunque Becerra parte con ventaja en la encuesta citada, el resultado político no debe darse por decidido. Las promesas electorales requieren planes viables, recursos suficientes y capacidad para convertirse en resultados concretos.

San José: decisiones que afectan directamente a los vecindarios

Mientras la elección estatal definirá el rumbo del gobierno de California, las contiendas por el Concejo Municipal tendrán consecuencias inmediatas para los residentes de San José. Los concejales participan en decisiones sobre presupuestos, infraestructura, desarrollo urbano, seguridad pública y programas sociales.

En el Distrito 5, que incluye East San José, la contienda enfrenta al concejal Peter Ortiz y a Nora Campos, exconcejala de la ciudad y exasambleísta estatal.

Ortiz centra sus propuestas en preservar la vivienda asequible, proteger a los inquilinos, mejorar la infraestructura local y ampliar las oportunidades económicas para la clase trabajadora. Campos, por su parte, plantea reducir los tiempos de respuesta policial, invertir en parques y programas juveniles y apoyar a los pequeños negocios.

La decisión de los electores tendrá especial relevancia para una zona donde la vivienda, el acceso a servicios y las oportunidades para los jóvenes son preocupaciones centrales.

En el Distrito 7, la contienda enfrenta a Bien Doan, quien prioriza la seguridad pública, las mejoras viales y los servicios básicos, y Van Le, que destaca la participación comunitaria, el desarrollo económico y el respaldo al comercio local.

En el Distrito 9, Genny Altwer promueve la construcción de viviendas asequibles para trabajadores de seguridad y educación, así como la aceleración de soluciones habitacionales. Gordon Chester se enfoca en la planificación urbana, la infraestructura municipal y el apoyo a pequeñas iniciativas comerciales en zonas residenciales.

Estas propuestas muestran que las elecciones locales no son asuntos secundarios. Las decisiones del Concejo pueden determinar qué vecindarios reciben inversiones, cómo se distribuyen los recursos públicos y qué programas se mantienen o se amplían.

Vivienda, transporte y pequeños negocios: prioridades latinas

La crisis de vivienda es uno de los problemas más urgentes para las familias latinas de Silicon Valley. Los alquileres elevados y la escasez de opciones asequibles aumentan el riesgo de que residentes de larga trayectoria deban abandonar sus vecindarios y trasladarse a zonas más alejadas de sus empleos.

El transporte público también es fundamental, especialmente para los residentes del este y sur de San José que dependen de autobuses y otros servicios para llegar al trabajo, la escuela y los centros de salud. La distribución del presupuesto municipal y la inversión en infraestructura influyen directamente en la calidad de estos servicios.

Los pequeños negocios latinos, por su parte, necesitan condiciones que les permitan competir, afrontar los costos operativos y superar las dificultades regulatorias. Las políticas de desarrollo económico pueden contribuir a su crecimiento o aumentar las barreras para mantenerlos abiertos.

También están en juego los programas para jóvenes, la atención a las personas sin hogar, la seguridad de los vecindarios y los derechos civiles. En todos estos ámbitos, la participación electoral puede ayudar a que las necesidades de las comunidades históricamente subrepresentadas permanezcan en la agenda pública.

Votar es también exigir resultados

La importancia del voto latino no termina cuando se deposita la papeleta. Elegir representantes implica también exigir transparencia, fiscalizar el uso del dinero público y evaluar si las promesas se convierten en mejoras concretas.

Los electores deben comparar las propuestas, revisar la trayectoria de los candidatos y preguntarse qué soluciones ofrecen para los problemas cotidianos. También es importante analizar cómo financiarán sus iniciativas y si sus decisiones beneficiarán de manera equitativa a los distintos vecindarios.

El 3 de noviembre representa una oportunidad para que la comunidad latina haga escuchar su voz en todo Silicon Valley. La participación debe basarse en información, reflexión y libertad de decisión, no únicamente en la identificación partidista.

El futuro de California también se decide en los hogares, las escuelas, los negocios y los vecindarios latinos. Una participación electoral activa puede contribuir a que las autoridades respondan a las necesidades reales de la comunidad y rindan cuentas por sus decisiones. No votar deja esas decisiones en manos de otros; participar permite reclamar representación y exigir un gobierno que trabaje para todos.

Proposiciones para el futuro

En la boleta electoral también tenemos la oportunidad de decidir acerca de las proposiciones para un mejor gobierno en Silicon Valley.

Las catorce proposiciones nos ayudan a entender qué intereses consideran que está en juego. Es muy importante que los electores esten muy bien informados cuando vayan a emitir su voto.

PROPOSICIÓN 1: VIVIENDA Y BONOS

La primera medida propone que California emita $11.25 mil millones en bonos para programas de vivienda asequible y asistencia habitacional para veteranos.

De ese monto, $10 mil millones se destinarían a construir, comprar, rehabilitar y preservar viviendas asequibles. Otros $1.25 mil millones irían al programa de préstamos hipotecarios para veteranos de CalVet. La propuesta contempla recursos para vivienda de personas sin hogar, trabajadores agrícolas, estudiantes universitarios y comunidades indígenas.

El argumento principal es que California tiene una enorme necesidad de vivienda y muchos proyectos ya están listos para comenzar, pero carecen de financiamiento. Sus defensores calculan que el bono podría ayudar a poner en marcha más de 40,000 viviendas asequibles.

PROPOSICIÓN 2: GUARDAR MÁS DINERO

La Proposición 2 permitiría elevar el límite para que el estado pueda ahorrar hasta el 20% de los ingresos tributarios del Fondo General, frente al límite actual de 10%. También modifica las reglas relacionadas con el pago de determinadas deudas estatales.

La lógica de los defensores es que California depende demasiado de ingresos volátiles, especialmente de los impuestos pagados por personas de altos ingresos y de las ganancias de capital. Cuando la economía está fuerte entra mucho dinero; cuando cae el mercado, los ingresos pueden desplomarse.

PROPOSICIÓN 3: EL IMPUESTO A LOS ALTOS INGRESOS

La tercera propuesta afecta directamente a los contribuyentes de mayores ingresos. Busca hacer permanente un impuesto aprobado por los votantes en 2012, que actualmente está previsto que expire en 2031. El impuesto se aplica a ingresos personales superiores a aproximadamente $360,000 para contribuyentes individuales, $721,000 para parejas y $490,000 para jefes de familia, cifras sujetas a ajustes.

La medida podría mantener entre $5 mil millones y $15 mil millones anuales en ingresos estatales, dependiendo principalmente del comportamiento de la economía y del mercado bursátil.

El dinero se distribuiría principalmente entre las escuelas K-12 y los colegios comunitarios: 89% para K-12 y 11% para community colleges. Los recursos aumentarían también el dinero disponible para salud, reservas presupuestarias y otros programas.

PROPOSICIÓN 4: DINERO PÚBLICO PARA CAMPAÑAS

California prohibió durante décadas que el dinero público se utilizara para financiar campañas electorales. La Proposición 4 busca eliminar esa prohibición y permitir que gobiernos estatales y locales creen programas de financiamiento público de campañas. La idea es reducir la dependencia de los candidatos de grandes donantes privados.

Pero no sería un cheque en blanco. Los candidatos tendrían que cumplir requisitos para demostrar respaldo ciudadano, aceptar límites de gasto y respetar reglas sobre el uso del dinero. Los fondos no podrían salir de recursos destinados a educación, transporte o seguridad pública. Tampoco podrían utilizarse para pagar multas, gastos legales o préstamos personales de los candidatos.

PROPOSICIÓN 5: CAMBIAR LAS REGLAS DEL RECALL

Esta propuesta busca modificar una de las herramientas políticas más controvertidas de California: la revocación de funcionarios electos.

Actualmente, una elección de recall tiene dos preguntas: primero, si el funcionario debe ser removido; segundo, quién debe reemplazarlo si pierde. La Proposición 5 eliminaría esa segunda pregunta.

Si un funcionario fuera removido, el puesto quedaría vacante y se utilizaría el mecanismo establecido para llenar una vacante. En el caso de legisladores estatales, normalmente habría una elección especial. Para otros cargos podrían existir procesos de nombramiento.

En el caso del gobernador hay una regla particular: el vicegobernador asumiría el cargo bajo determinadas circunstancias. Si el recall ocurre durante los primeros dos años y antes del cierre del periodo de nominaciones para la siguiente elección estatal, podría celebrarse una elección especial. En otros casos, el vicegobernador podría completar el mandato.

PROPOSICIÓN 37: AYUDA PARA COMPRAR CASA

La Proposición 37 permitiría a la Agencia de Financiamiento de Vivienda de California emitir hasta $25 mil millones en bonos para ofrecer préstamos de tasa fija a compradores que ganen hasta el 200% del ingreso medio de su área.

El programa podría cubrir hasta el 17% del precio de una vivienda nueva, permitiendo que una familia que compre una propiedad de $800,000 pueda aportar alrededor de $24,000 como pago inicial, en lugar de necesitar el 20% tradicional.

PROPOSICIÓN 38: $8.4 MIL MILLONES PARA INVESTIGACIÓN MÉDICA

Propone $8.4 mil millones en bonos estatales para investigación en inmunología e inmunoterapia, con énfasis en enfermedades como cáncer, enfermedades cardíacas y Alzheimer. La mitad del dinero iría a un instituto de investigación afiliado a la Universidad de California que cumpla determinados requisitos; la otra mitad se distribuiría mediante subvenciones competitivas.

La propuesta busca aprovechar la investigación del sistema inmunológico para desarrollar nuevos medicamentos, vacunas y tratamientos.

Sin embargo, la controversia se muestra porque un solo instituto podría reunir las condiciones para recibir aproximadamente $4.2 mil millones, el California Institute for Immunology and Immunotherapy, asociado con UCLA. Entre los requisitos figuran características muy específicas de tamaño, afiliación universitaria, actividad investigadora y antecedentes de donaciones.

Los promotores rechazan que la medida haya sido escrita para beneficiar exclusivamente a una institución. Sostienen que los requisitos buscan garantizar que el dinero llegue a un centro preparado para desarrollar rápidamente investigaciones de alto nivel.

PROPOSICIÓN 39: IDENTIFICACIÓN PARA VOTAR

Esta Proposición propone modificar la Constitución de California para exigir identificación emitida por el gobierno al votar personalmente. Quien vote por correo tendría que proporcionar los últimos cuatro dígitos de un número de identificación gubernamental.

Además, el Estado tendría que entregar tarjetas de identificación electoral a quienes las soliciten y los funcionarios electorales deberían informar anualmente qué porcentaje de votantes de cada condado tiene su ciudadanía verificada.

Actualmente, California no exige presentar una identificación con fotografía para votar en persona. Los votantes deben estar registrados y declarar bajo pena de perjurio que son ciudadanos estadounidenses.

PROPOSICIÓN 40: EL IMPUESTO A LOS MULTIMILLONARIOS 

La Proposición 40 propone un impuesto único de hasta 5% sobre los activos de personas y fideicomisos con más de $1,000 millones.

No se trata solamente de dinero en efectivo. La medida incluye negocios, acciones, valores, obras de arte, colecciones y propiedad intelectual. Excluye los bienes raíces y determinadas cuentas de jubilación.

El dinero recaudado se distribuiría principalmente entre salud, asistencia alimentaria y educación: 90% para atención médica y 10% para alimentación o educación. La estimación oficial señala que podría generar decenas de miles de millones de dólares durante varios años.

PROPOSICIÓN 41: EL FRENO AL IMPUESTO

Con esta Proposición se busca imponer nuevas reglas sobre los impuestos estatales especiales. Exigiría auditorías de los programas que serían financiados mediante nuevos impuestos especiales y establecería límites para que nuevos impuestos no puedan quedar fuera del límite constitucional de gasto estatal.

La medida tiene una consecuencia política muy importante: si la Proposición 40 y la 41 son aprobadas, la que obtenga más votos determinaría cuál prevalece, según las reglas aplicables a las medidas.

PROPOSICIÓN 42: PROTEGER LAS FORTUNAS Y LOS AHORROS

Se prohibiría nuevos impuestos estatales sobre determinados bienes personales y activos, incluyendo cuentas de jubilación, inversiones, intereses comerciales y propiedad intelectual.

También impediría determinados impuestos estatales retroactivos. La prohibición aplicaría a impuestos aprobados o que entren en vigor desde el 1 de enero de 2026, incluyendo los que aparezcan en la misma boleta.

PROPOSICIÓN 43: QUIÉN PUEDE SUBIR LOS IMPUESTOS LOCALES

La Proposición 43 busca modificar las reglas para aprobar determinados impuestos locales. El punto central es recuperar el requisito de dos tercios de los votos para los llamados impuestos especiales, aquellos cuyos ingresos están destinados a un propósito específico.

La medida intenta revertir decisiones judiciales que permitieron que algunos impuestos promovidos mediante iniciativas ciudadanas fueran aprobados con una mayoría simple.

Afectando directamente la capacidad de ciudades y condados para financiar programas de vivienda, transporte, seguridad, educación y personas sin hogar.

PROPOSICIÓN 44: LA PELEA POR LAS CLÍNICAS

Exige que los centros de salud comunitarios calificados federalmente gasten al menos 90% de sus ingresos en servicios relacionados directamente con su misión, incluyendo atención a pacientes.

Las clínicas que no cumplan podrían recibir sanciones económicas. El Estado podría utilizar parte de esos recursos para programas de capacitación y personal. El problema es que sindicatos y clínicas presentan dos versiones completamente distintas de la medida.

PROPOSICIÓN 45: ACELERAR LA CONSTRUCCIÓN

La Proposición 45 propone modificar la California Environmental Quality Act (CEQA) para acelerar la revisión ambiental de determinados proyectos. Entre ellos están numerosos proyectos de vivienda, transporte, agua, salud y energía limpia.

La medida establecería plazos más estrictos para que las agencias concluyan sus revisiones y limitaría ciertos aspectos de las demandas judiciales que actualmente pueden retrasar proyectos.