Los pequeños robots que llevan comida a domicilio por las calles de San José tendrán que cumplir nuevas reglas. El Ayuntamiento aprobó un paquete de normas que establece permisos anuales, límites de velocidad, sanciones económicas y un programa piloto para permitir que dispositivos más grandes circulen por los carriles para bicicletas.

La decisión marca una nueva etapa en la expansión de esta tecnología, que promete entregas más eficientes y menos emisiones contaminantes, pero también despierta preocupación por la seguridad en las aceras y el posible impacto sobre los trabajadores del reparto.

Hasta ahora, la ciudad no contaba con una normativa municipal codificada específica para estos dispositivos, pese a que los robots comenzaron a operar en el centro de San José en abril de 2026.

Según los datos presentados por las autoridades, las empresas Coco Robotics y Serve Robotics tienen en conjunto unos 35 robots en funcionamiento. La ciudad contempla la posibilidad de ampliar el programa hasta unos 70 dispositivos pequeños y 30 robots de mayor tamaño.

Permisos, límites y multas

La nueva regulación establece un sistema de permisos para controlar las operaciones y responsabilizar a las empresas por el comportamiento de sus dispositivos.

Los robots pequeños que circulan por aceras, senderos peatonales y cruces deberán respetar un límite de velocidad de 8 kilómetros por hora, equivalente a 5 millas por hora. También tendrán que llevar banderas para mejorar su visibilidad.

Las empresas deberán retirar en un plazo máximo de 30 minutos los dispositivos que se averíen o queden atascados y bloqueen espacios públicos.

Los operadores pagarán una tarifa anual de 200 dólares por cada robot pequeño. Para los dispositivos más grandes incluidos en el programa piloto, el permiso costará 250 dólares por unidad.

Las sanciones económicas aumentarán según la reincidencia: 100 dólares por la primera infracción, 200 por la segunda y 500 por la tercera. Las empresas también podrían perder sus permisos si incumplen las reglas.

El sistema busca evitar que los robots se conviertan en obstáculos permanentes para quienes caminan por la ciudad. Sin embargo, el monto de las multas ya genera interrogantes sobre si será suficiente para disuadir las infracciones más graves.

Preocupación por las personas con discapacidad

Uno de los principales desafíos es garantizar que las aceras sigan siendo espacios accesibles para todos.

Durante la reunión municipal, la vicealcaldesa Pam Foley advirtió que la acumulación de robots podría dificultar el paso de personas que utilizan sillas de ruedas, bastones o andadores.

Su preocupación apunta a un problema concreto: para una persona con movilidad reducida, encontrar una acera bloqueada no representa una simple molestia. Puede impedirle continuar su recorrido con seguridad o incluso obligarla a desplazarse hacia la calle.

Foley también cuestionó si una multa inicial de 100 dólares sería suficiente cuando una infracción afecta directamente la movilidad de una persona con discapacidad.

La discusión llegó hasta el centro de San José, donde coinciden peatones, ciclistas, usuarios del transporte público, clientes de restaurantes y trabajadores.

La normativa deberá demostrar que la innovación puede convivir con las necesidades de quienes dependen de aceras despejadas para desplazarse de manera segura.

Robots más grandes en los carriles bici

La ciudad también aprobó un programa piloto para estudiar el funcionamiento de robots de reparto de mayor tamaño y velocidad.

Entre las empresas interesadas figura DoorDash, uno de los principales servicios de entrega de comida a domicilio en Estados Unidos. La compañía ha mostrado interés en desplegar su dispositivo autónomo Dot, que mide cerca de 1,5 metros y está diseñado para alcanzar velocidades de hasta 32 kilómetros por hora.

El programa piloto contempla reglas para estos aparatos, incluidos permisos anuales de 250 dólares y obligaciones relacionadas con la circulación en los carriles para bicicletas.

Los robots deberán mantener una velocidad compatible con la de los ciclistas que circulen delante y cederles el paso cuando corresponda, de acuerdo con las disposiciones descritas por la ciudad.

La convivencia entre ambos tipos de usuarios será uno de los aspectos que las autoridades tendrán que vigilar. Un robot que se detenga inesperadamente, avance demasiado despacio o no permita un adelantamiento seguro podría crear situaciones de riesgo.

El programa será evaluado durante nueve meses. Después, el personal municipal presentará recomendaciones al Ayuntamiento sobre si debe continuar, modificarse o ampliarse.

¿Beneficio ambiental o amenaza para los empleos?

Los defensores de esta tecnología sostienen que los robots eléctricos pueden ayudar a reducir las emisiones y el tráfico si sustituyen algunos viajes de vehículos utilizados para repartir pedidos.

También consideran que podrían ofrecer una alternativa para los comercios y restaurantes locales, facilitando entregas sin que cada pedido requiera un automóvil o una motocicleta.

Los representantes de la industria respaldaron la decisión municipal. Vignesh Ram, vicepresidente de políticas públicas de Serve Robotics, afirmó que la confianza de la comunidad debe ganarse mediante operaciones seguras, capacidad de respuesta y respeto por los vecindarios.

Pero los beneficios no están garantizados. El impacto ambiental real dependerá, entre otros factores, de cuántos viajes en automóvil se sustituyan, del consumo energético de los dispositivos y de los desplazamientos necesarios para cargarlos y mantenerlos.

También existe preocupación por el futuro de los trabajadores de reparto. La automatización podría modificar la demanda de repartidores humanos, aunque el alcance de ese efecto dependerá de la rapidez con que se extienda la tecnología, los costos operativos y las tareas que continúen requiriendo intervención humana.

Sin límite de robots ni zonas de operación

Uno de los puntos que siguen abiertos es la cantidad de robots que podrán operar y los lugares donde podrán hacerlo.

La normativa aprobada no establece un límite específico al número de dispositivos ni restringe sus operaciones a determinadas zonas geográficas. Aunque hasta ahora el servicio se ha concentrado en el centro de San José, las empresas podrían aspirar a ampliar su cobertura dentro de los márgenes de las autorizaciones correspondientes.

Para eso se otorga al Departamento de Transporte de San José autoridad para revisar las reglas, introducir nuevas restricciones o recomendar la cancelación del programa si aparecen problemas importantes.

Jordan Moldow, presidente del Comité Asesor de Bicicletas y Peatones de San José, destacó que la ciudad incorporó varias recomendaciones planteadas por residentes durante las reuniones públicas. También insistió en la importancia de mantener una vigilancia constante y actuar rápidamente si se detectan consecuencias negativas.

La prueba será en las calles

San José se suma a un grupo todavía reducido de ciudades del Área de la Bahía que han autorizado operaciones de reparto robótico, junto con Fremont, San Ramón y Dublín, según el informe municipal citado en el debate.

El reto ahora será comprobar si las reglas funcionan en condiciones reales: si las empresas retiran rápidamente los dispositivos averiados, si las aceras permanecen accesibles y si los robots pueden convivir con peatones y ciclistas sin generar nuevos riesgos.

La ciudad ha abierto la puerta a una nueva forma de reparto, pero su éxito dependerá de que la innovación no se imponga sobre las necesidades de la comunidad. Las tarifas y las multas son el primer paso; la vigilancia y la capacidad de corregir los problemas serán decisivas.