Proposición 38: ¿Cura para California o cheque para un solo instituto?

La medida podria endeudar al estado con $8.4 mil millones para impulsar investigaciones contra el cáncer, el Alzheimer y las enfermedades cardíacas. Sus defensores hablan de una apuesta por la ciencia; sus críticos cuestionan que la mitad del dinero termine, en la práctica, concentrada en una sola institución.

Por Dulcina Solar, Alianza News

California llevará a las urnas en noviembre una Propuesta que podría convertirse en una de las mayores inversiones públicas en investigación médica de la historia reciente del estado.

La Proposición 38 autorizaría la emisión de $8.4 mil millones en bonos estatales para financiar investigaciones en inmunología e inmunoterapia, áreas de la medicina que buscan utilizar el sistema inmunológico del propio organismo para prevenir o combatir enfermedades.

La Propuesta fue calificada para la elección general del 3 de noviembre de 2026 y fue impulsada por el empresario y filántropo Gary K. Michelson. La descripción oficial establece que los recursos se dividirían en partes iguales entre un instituto médico sin fines de lucro afiliado a la Universidad de California y un programa competitivo de subvenciones para universidades e instituciones públicas o sin fines de lucro.

Sobre el papel, la iniciativa parece tener un objetivo difícil de rechazar: conseguir más dinero para investigar enfermedades que afectan a millones de personas. Pero detrás de esa promesa existe una controversia mucho más profunda.

Una apuesta por la investigación médica

La inmunología estudia cómo funciona el sistema inmunológico y cómo responde frente a enfermedades. La inmunoterapia, por su parte, busca aprovechar o modificar esa respuesta para combatir diferentes padecimientos.

La Propuesta exige que la mitad de los recursos destinados a investigación se concentre en cáncer, enfermedades cardíacas y Alzheimer. El resto podría utilizarse para otras investigaciones relacionadas con inmunología e inmunoterapia.

Los defensores consideran que California no puede depender exclusivamente de Washington para financiar investigaciones de largo plazo.

El argumento es importante cuando se conoce que las universidades y centros científicos han enfrentado incertidumbre y recortes en fondos federales. En una reciente publicación CalMatters señala que la investigación científica en California sufrió cancelaciones de subvenciones federales, aunque posteriormente algunas fueron restauradas. Los promotores de la Proposición 38 sostienen que esa inestabilidad demuestra la necesidad de que el estado tenga una fuente propia de financiamiento.

La lógica es entendible: si California posee algunas de las universidades y centros médicos más importantes del país, invertir directamente en investigación podría ayudar a acelerar nuevos tratamientos, generar empleos altamente especializados y mantener al estado a la vanguardia científica.

¿Cuánto costará?

Aquí aparece la primera gran pregunta para los contribuyentes. Los $8.4 mil millones no son dinero disponible en la caja estatal. California tendría que pedirlo prestado mediante bonos y devolverlo durante décadas.

La estimación oficial del impacto fiscal calcula que el estado tendría que asumir alrededor de $500 millones anuales durante 25 años para pagar los bonos. Eso significa que el costo total podría superar los $12 mil millones.

No obstante, existe la posibilidad de que una parte del dinero regrese al estado.

La iniciativa establece mecanismos relacionados con los ingresos que puedan producir las investigaciones financiadas. Si una tecnología o tratamiento desarrollado con estos recursos genera ganancias, una parte de esos ingresos tendría que regresar al Fondo General de California.

El problema es que nadie puede garantizar que esas investigaciones producirán medicamentos exitosos ni cuánto dinero generarían.

La propia Oficina del Analista Legislativo advierte que el estado podría recuperar parte o incluso todo el costo en las décadas posteriores, pero deja claro que esto es incierto.

En otras palabras: California tendría que pagar primero y esperar después los posibles resultados.

La promesa de medicamentos más baratos

La Proposición 38 incorpora una condición que podría resultar especialmente atractiva para los pacientes. Los beneficiarios de los fondos deberán vender en California las tecnologías y medicamentos desarrollados con el apoyo de la iniciativa a un precio al menos 20% inferior al promedio nacional.

La intención es que los contribuyentes no solamente financien la investigación, sino que también reciban un beneficio directo cuando esa investigación termine convertida en tratamientos.

La campaña que promueve la Medida sostiene además que 10% de los ingresos provenientes de medicamentos desarrollados con fondos de los bonos regresaría al Fondo General. Si esos ingresos alcanzaran para cubrir el costo estatal de los bonos y quedara dinero adicional, este volvería a una cuenta destinada a los objetivos de la iniciativa.

Es una especie de apuesta de largo plazo: el estado se endeuda para investigar y espera que los descubrimientos científicos terminen generando beneficios económicos y sociales. Pero ese resultado depende de que las investigaciones tengan éxito.

¿Quién recibirá el dinero?

Esta es probablemente la parte más controvertida de la Proposición 38.

La iniciativa establece que aproximadamente $4.2 mil millones, la mitad del programa, irán a un instituto de investigación médica sin fines de lucro que cumpla una serie de requisitos muy específicos.

El nombre de la institución no aparece directamente en la propuesta. Sin embargo, una investigación de CalMatters concluyó que los requisitos son tan particulares que actualmente parecen apuntar prácticamente a una sola institución: el California Institute for Immunology and Immunotherapy, afiliado a UCLA.

Entre las condiciones se exige que el instituto:

  • Sea una organización sin fines de lucro creada antes de 2025.
  • Tenga como actividad principal la investigación en inmunología e inmunoterapia.
  • Esté vinculado con un campus de la Universidad de California que tenga un centro médico con determinados niveles de atención.
  • Cuente con una instalación de al menos 200.000 pies cuadrados.
  • Haya recibido por lo menos $250 millones en apoyo filantrópico.
  • Tenga determinadas investigaciones y programas previamente financiados.

El requisito relacionado con el volumen de pacientes de los centros médicos de la Universidad de California es particularmente importante. Según la investigación de CalMatters, UCLA era el único campus que cumplía los parámetros establecidos en 2025.

El resultado es que, aunque el nombre de la institución no aparece en la Propuesta, las condiciones parecen diseñadas para que muy pocas organizaciones puedan competir. Y allí nace la principal crítica. “Demasiado dinero para una institución”.

Robert Kaplan, exadministrador de investigación de los Institutos Nacionales de Salud, ha cuestionado que la iniciativa concentre la mitad del financiamiento en un solo instituto. Su argumento es que California tiene numerosos científicos y universidades con experiencia en inmunología e inmunoterapia y que repartir los recursos entre más instituciones permitiría aprovechar una mayor diversidad de ideas.

Al ser consultada, Sarah Hill, profesora de ciencias políticas de Cal State Fullerton, quien consideró que el lenguaje de la iniciativa resulta inusualmente específico y plantea dudas sobre por qué la mitad del financiamiento queda prácticamente reservada para una institución.

Ese cuestionamiento adquiere mayor relevancia por la relación entre el principal impulsor de la iniciativa y el instituto que aparece como probable beneficiario.

Más dudas

Gary K. Michelson, impulsor de la Proposición 38, es multimillonario, cofundador y presidente de la junta del California Institute for Immunology and Immunotherapy.

Michelson ha donado al menos $120 millones al instituto desde que se convirtió en una organización sin fines de lucro en 2022. Además, Michelson y el Michelson Center for Public Policy aportaron al menos $8.2 millones a la campaña a favor de la Proposición 38. Otro cofundador del instituto, Meyer Luskin, aportó al menos $5 millones

Para los críticos, esa relación genera dudas y pregunta inevitables: ¿Se está utilizando una iniciativa estatal para financiar una necesidad pública o para garantizar una enorme cantidad de dinero público a una institución previamente vinculada con sus principales promotores?

Mientras los defensores rechazan esa interpretación. Claudia Briggs, portavoz de la campaña Yes on 38, aseguró a CalMatters que los requisitos no fueron escritos para beneficiar específicamente al instituto de Michelson.

Según su explicación, las condiciones buscan garantizar que la organización que reciba el dinero tenga experiencia, infraestructura, recursos previos y una relación sólida con la Universidad de California para poder comenzar rápidamente los proyectos.

La decisión final, de acuerdo con la iniciativa, correspondería al Departamento de Salud Pública de California.

¿Y el resto del dinero?

Los otros $4.2 mil millones se entregarían mediante un programa de subvenciones para investigadores de universidades e instituciones públicas o sin fines de lucro.

Pero tampoco se trataría de una competencia completamente abierta, según parece, los investigadores que aspiren a estos fondos tendrían que pertenecer a instituciones representadas en un consejo encargado de seleccionar los proyectos. Además, las investigaciones deberían estar relacionadas con inmunología e inmunoterapia.

Incluso los proyectos financiados tendrían que mantener una relación cercana con el instituto que recibiría la otra mitad del dinero.

Eso significa que la institución beneficiaria de los $4.2 mil millones no solamente recibiría una enorme cantidad de recursos, sino que tendría participación en decisiones relacionadas con investigaciones financiadas con la otra mitad del programa.

Los argumentos a favor

Quienes respaldan la Proposición 38 creen que California está frente a una oportunidad excepcional, porque $8.4 mil millones significan nuevos laboratorios, investigadores, empleos científicos, medicamentos, vacunas, diagnósticos y posibles tratamientos contra enfermedades que todavía no tienen cura.

La iniciativa también busca que los descubrimientos tengan un beneficio económico para el estado y que los medicamentos desarrollados con ayuda pública sean más baratos para los residentes.

Los promotores sostienen que el objetivo no es financiar una institución por razones políticas, sino crear una infraestructura científica capaz de acelerar descubrimientos que puedan salvar vidas.

Además, argumentan que el momento es adecuado porque la incertidumbre sobre los fondos federales hace necesario que California tenga mayor control sobre su propia inversión científica.

Los argumentos en contra

Los críticos no necesariamente cuestionan la necesidad de investigar enfermedades, sino el costo, la concentración de recursos y la forma en que fue redactada la iniciativa.

Primero, los contribuyentes asumirían una obligación de aproximadamente $500 millones anuales durante 25 años.

Segundo, no existe garantía de que la investigación produzca medicamentos exitosos ni de que esos productos generen suficientes ingresos para recuperar el dinero invertido.

Tercero, más de $4 mil millones podrían quedar concentrados en una sola institución que, aunque no aparece mencionada por nombre, parece cumplir con prácticamente todos los requisitos establecidos.

Y cuarto, algunos científicos consideran que la iniciativa privilegia demasiado la inmunoterapia frente a otras áreas de investigación biomédica que también necesitan financiamiento.